- 113 mil hogares han sido atendidas por la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza: Puente al Desarrollo.
- Se atendieron poblaciones como indígena, afrodescendiente, adulta mayor, mujeres, jóvenes, LGTBIQ+, niñez, migrante y con discapacidad.
- “Costa Rica dichosamente tiene un Estado Social de Derecho que es solidario y eso es lo que nos permitirá con un esfuerzo continuado para desarrollar a este país”, afirmó el presidente Alvarado.
A través de 18 áreas temáticas el Consejo Presidencial Social (CPS) de la Administración Alvarado Quesada alcanzó acuerdos nacionales que fortaleció el sector social en beneficio de las poblaciones más vulnerables.
“Concluimos la última sesión del Consejo Social Presidencial, el órgano máximo que reúne a todas las autoridades jerarcas de las instituciones que atienden la política social del país. Son 18 áreas temáticas las que reúnen a este grupo de jerarcas y a las instituciones trabajando unidos para la atención social de Costa Rica. En ellas se encuentra, por ejemplo, la Estrategia Puente al Desarrollo, la cual en los últimos siete años atendió a 113 mil hogares que literalmente son miles de costarricenses que reciben una atención integral para trabajar junto con las familias y salir adelante y erradicar la pobreza”, afirmó el presidente de la República, Carlos Alvarado.
Gracias a una reorganización del sector social y reactivación del Consejo Presidencia Social se potenció la eficiencia, preparación y renovación del sistema de protección social. Esto se evidencia en el cierre de FONABE que permitió eliminar la duplicidad de funciones y consolidar un sistema único de transferencias monetarias condicionadas para la población estudiantil y la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia.
El presidente Alvarado planteó la ampliación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza “Puente al Desarrollo”, lo cual se logró a través de los componentes de atención de familias “Puente al Bienestar”, la dimensión territorial comunitaria y rural “Puente a la Comunidad”, “Puente al Agro” y “Puente a la Prevención”, así como la dimensión sociolaboral “Puente al Trabajo”.
Esta ampliación reforzó el enfoque de derechos humanos y de atención integral a partir del paradigma de la multidimensionalidad de la pobreza, con una cobertura de más de 113 mil familias que han participado desde el año 2015, con el fin de lograr disminución significativamente de los índices de pobreza y pobreza extrema.
Asimismo, se implementó el modelo de Política Social de Precisión para priorizar su direccionamiento a Puente al Desarrollo; se hizo obligatorio el uso del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) para evitar duplicidades y contar de manera inmediata la información de cada persona beneficiaria. También se implementó el Registro de Información Socioeconómica (RIS), en un esfuerzo por implementar el uso de sistemas de información social.
En la búsqueda activa y la atención integral para el cierre de brechas entre oferta y demanda laboral se firmó la Ley n° 9728 de Educación Dual, se creó el Sistema Nacional de Empleo que facilita el contacto entre personas y empresas, la Alianza para Bilingüismo logró egresar 13.179 personas en un segundo idioma. Además se creó el modelo socio laboral del sistema penitenciario del Ministerio de Justicia y Paz.
Se elaboró y ejecutó la Política Nacional para Hogares de Ingresos Bajos y Medios para eliminar brechas y ampliar las oportunidades de esta población en materia de crédito productivo, cuido, acceso a vivienda, entre otros.
En ese sentido se ejecutó el Plan de salvamiento para familias altamente endeudadas, se firmó la reforma a la Ley 7769 de atención a las mujeres en situación de pobreza que agiliza los mecanismos de apoyo para mujeres emprendedoras. La junta directiva del BANVHI aprobó el Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios”, además se creó la guía de inspección de trabajo con enfoque de género.
El CPS avanzó en la implementación de programas para la prevención del delito que aspiran a enseñar medidas de seguridad a estudiantes de primaria y secundaria y capacitarlos para identificar situaciones de riesgo. En esta materia se ejecutó la Agenda Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 2019-2022, el programa de ligas atléticas policiales que se enfoca en disciplinas deportivas en jóvenes de 12 a 19 años en comunidades de riesgo.
Además se pusieron en marcha el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar; y la Estrategia Territorial para la Prevención de la Violencia en el cantón de Puntarenas.
En acoso callejero se firmó la Ley N°9877, se capacitó a un total de 12.069 personas de las fuerzas policiales y se descentralizaron los servicios del Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hacia las localidades más cercanas de las víctimas.
Se firmó un empréstito por $100 millones con el BID para la construcción de más de 30 delegaciones policiales y al menos 8 Centros Cívicos por la Paz. Se trabajó en 21 proyectos de Bono Colectivo con una inversión de más de ₡20.778 millones.
“Durante estos meses de trabajo, hemos buscado la equidad, la eficiencia y el impacto en la integración de políticas efectivas que formen parte como parte del sistema de protección social costarricense. Hemos atendido la necesidad imperante de para atender temas rezagados en el diseño de políticas públicas adaptadas a la institucionalidad y a las demandas de la población, golpeada por hechos históricos como la pandemia. Reconocemos hoy el trabajo de jerarcas, personal técnico de instituciones, organismos internacionales entre otros muchos actores, en una labor que está dedicada a quienes más lo necesitan”, afirmó Juan Luis Bermúdez Madriz, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del IMAS.
Poblaciones específicas
Niñez y adolescencia. Se amplió la cobertura de la REDCUDI de 52 mil personas menores de edad en 2017 a 62 mil personas en 2021. Se fortaleció el PANI y el subsistema local de protección de la niñez y adolescencia mediante las URAI, además se aprobó la Ley 9941 que prohíbe la exclusión de personas menores de edad beneficiarias por su condición socioeconómica y se implementó el proyecto Bootcamp Emprendimiento Joven en benficio de 284 jóvenes entre 2019 y 2022.
Persona Adulta Mayor. Se presentó el borrador de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y su plan de acción a partir de un amplio proceso de consulta, se puso en marcha la Línea Dorada y 30 establecimientos para personas adultas mayores con CECI’S.
Personas Afrodescendientes. Se avanzó en las acciones de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia 2014-2025, se declaró de interés público a la población afrodescendiente y se firmó la Ley n° 10001.
Personas Migrantes. El convenio firmado entre la CSS-ACNUR que permitió asegurar a 10 mil personas refugiadas durante el 2021, se firmó el Decreto 35144 para la respuesta inmediata para situaciones de trata de personas y el Decreto 43393 para la respuesta a personas refugiadas.
Personas con Discapacidad. Se incluyó la temática de discapacidad en los programas sobre afectividad y sexualidad integral del MEP, se promocionó el turismo accesible y programas de e-learning. Entre 2018 y 2022 se aprobaron un total de 9.297 bonos familiares de vivienda para personas con alguna discapacidad.
Población LGTBIQ+. Se creó un comisionado de la Presidencia para asuntos relacionados con esta población, se realizó el primer traspaso de pensión a una persona conviviente del mismo sexo, se firmaron decretos y directrices que exigen a todas las instituciones modificar los documentos y registros internos de las personas que así lo deseen.
Personas indígenas. Se creó el Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas con una disposición de ₡3.200 millones para las indemnizaciones, se implementó el Mecanismo General de Consulta para a Pueblos Indígenas en la elaboración de la Política Pública para los Pueblos Indígenas. La Ley 9710 permitió que a 3.500 indígenas Ngäbe-Buglés se les reconociera la nacionalidad costarricense, se benefició a 1.600 indígenas beneficiados de los puestos de visita periódica de la CCSS y más de ₡1.400 millones son ejecutados por el AyA para construir cinco nuevos acueductos para territorios indígenas.
El presidente Alvarado agradeció la labor de cada una de las personas cuyo trabajo se vio reflejado en la protección de las familias más vulnerables. “Costa Rica dichosamente tiene un Estado Social de Derecho que es solidario y eso es lo que nos permitirá con un esfuerzo continuado para desarrollar a este país”, finalizó el mandatario.
