El Sistema Integrado de Compras públicas (SICOP) del Ministerio de Hacienda, se encuentra operando, lo que permite a las instituciones y proveedores realizar sus gestiones de manera regular.
Como medida de protección, se deshabilitaron temporalmente la interfaz de consulta del contenido presupuestario con el Sistema Integrado de Administración financiera (SIGAF) y la consulta de certificaciones literales de personas jurídicas del Registro Nacional.
Categorizada esta situación como imprevisible, caso fortuito o fuerza mayor, si en el marco de los procedimientos de contratación se determina un impedimento para que las instituciones verifiquen alguna condición del oferente, derivada de interfaces que actualmente se encuentran suspendidas, esta deberá analizar el caso particular y la etapa en que se encuentra el procedimiento de contratación, para determinar si se debe continuar con la gestión correspondiente, en cuyo caso, la institución tiene la obligación de justificar y documentar sus actuaciones en el expediente respectivo, o valorar si es posible detener el procedimiento hasta la reanudación de los servicios de consulta.
Además, en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se establece la obligatoriedad que tiene el oferente de aportar documentos, entre ellos la declaración jurada donde se haga constar que se encuentra al día en el pago de los impuestos, información que será confirmada posteriormente por la Administración, una vez reestablecidos los sistemas.
