Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la de Empleo Público, nueva Ley General de Contratación Pública, transformación del INA y de JAPDEVA, cierre de FONABE y otras normativas heredan un sistema público más eficiente, ágil y estable a largo plazo.
· Muchas de estas reformas, como el Plan Fiscal y la Reestructuración de JAPDEVA, pudieron finalmente concretarse, tras décadas de estar paralizadas pese a ser urgentes para el país.
· Administración Alvarado Quesada logró un paso trascendental cuando Costa Rica se convirtió en miembro 38 de la OCDE, un socio estratégico fundamental para apoyar en la concepción y ejecución de políticas públicas eficientes, que encaminen al país hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.
· La promulgación de leyes, políticas, decretos y directrices permitieron que el país evitara una severa crisis económica y alcanzara los escenarios fiscales y económicos más positivos de los últimos años.
La Administración Alvarado Quesada inició su gobierno en el 2018 con grandes retos en el tema de finanzas públicas y en el funcionamiento del aparato estatal. Cuatro años después, el país cuenta con un escenario alentador gracias a una serie de reformas y políticas públicas, así como de medidas de contención del gasto, que detuvieron el crecimiento desmedido de la deuda, ordenaron los presupuestos de las instituciones públicas y atendieron las necesidades sociales más importantes del país.
“Recibimos un país con serios retos, algunos que se arrastraban desde décadas atrás. Hoy podemos ver con orgullo que dejamos la casa ordenada e iniciamos un proceso de transformación responsable hacia el país que queremos y podemos ser. La siguiente administración tendrá la oportunidad de continuar con el camino de la eficiencia del sector público y otra serie de políticas en las que se prioriza las personas y su bienestar”, destacó el presidente Carlos Alvarado Quesada.
En declaraciones a El País de España el 1 de abril pasado, el gobernante costarricense explicó que la reforma fiscal se llevó adelante para proteger el Estado Social de Derecho, para hacerlo más sostenible en materia de educación y de salud. “El país estuvo cerca del default y lo sacamos de ahí”, dijo.
En efecto, las reformas aplicadas durante la administración -que en el caso del Plan Fiscal tenía dos décadas de discutirse como un tema urgente- permitieron que Costa Rica alcanzara los escenarios económicos y fiscales más positivos de los últimos años, a pesar de la pandemia que exigió atención a demandas urgentes y cuantiosas, y sin necesidad de llegar a medidas como venta de activos del Estado y despido masivo de funcionarios.
El crecimiento económico del 2021 fue de 7,6%, casi el triple de lo proyectado a inicios de ese año (2,6%), y el interanual (de enero 2021 a enero 2022) fue de 9%, el más alto desde 1993. La mejoría de la economía también se ve en la reducción en 2021 del déficit primario al 0,28% del PIB -el más bajo desde el 2008- y un déficit financiero de 5,18% del PIB, el más bajo en 3 años.
De acuerdo con el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Costa Rica tuvo un desempeño fiscal más sólido de lo previsto en 2021 y presentó considerables avances en cuanto al fortalecimiento de la eficiencia y la equidad de la administración pública. El organismo explicó que la consolidación fiscal sostenida conforme a la regla fiscal continúa siendo una prioridad, al mismo tiempo que se sigue destinando una cantidad adecuada de recursos para proteger a los más vulnerables.
De esta manera, el camino iniciado desde la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas hasta la reciente reforma de Empleo Público hereda a la próxima administración y a una nueva e histórica generación post pandemia, un país más ordenado y una ruta financiera estable, que apuesta a una economía verde enmarcada en el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 y una sociedad más inclusiva y justa. Todo este proceso se ha llevado a cabo en un marco de diálogo con diferentes sectores, en particular con la Asamblea Legislativa. Entre las reformas más importantes de los últimos cuatro años destacan:
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (2018). Tras un crecimiento desmedido de los niveles de la deuda y del gasto a lo largo de una década, el gobierno propuso una reforma fiscal, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se aprobó como Ley 9635 en diciembre de 2018.
La reducción del gasto con medidas sobre salarios y transferencias, la aplicación de la regla fiscal y la consolidación del impuesto del valor agregado como una recaudación progresiva son algunos de los componentes de esta gran reforma, luego dos décadas de estarse discutiendo. Su entrada en vigencia ha permitido una mejor recaudación, de una manera más eficiente y justa, al mismo tiempo que el sector público empezó a hacer un uso más mesurado de los recursos, es decir, la ley permitió tener más ingresos y contener gastos, evitando que el país sufriera una crisis económica sin precedentes.
La Ley 9635 tiene, además, un impacto importante en la sostenibilidad del Seguro de Salud de la CCSS, tanto en ingresos como en ahorros, que se estimó en un mínimo de ¢23 mil millones anuales, de acuerdo con un estudio actuarial contratado por la institución.
Ley Marco de Empleo Público (2022). La Ley N.° 10159, firmada en marzo de 2022, establece una modernización de la gestión pública para hacerla más eficiente y transparente; además permitirá consolidar la ruta hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica en el país. “Esta es una reforma estructural necesaria para el desarrollo de Costa Rica”, dijo el presidente Alvarado.
Esta ley representa un cambio de paradigma, en el cual lo central es el servicio que los funcionarios públicos prestan a la sociedad, al tiempo que será una herramienta muy importante para controlar el gasto público y la consolidación fiscal. Al pasar de un esquema salarial compuesto a un salario global, reducirá las inequidades existentes entre quienes realizan las mismas funciones en el sector público. Además, se estima que generaría un ahorro al Estado de entre 0,81% y 1,04% del PIB al año.
Además, posibilitará una gestión pública más eficiente y transparente, a través de una moderna planificación del talento humano, el reclutamiento y la selección de las personas servidoras públicas y la evaluación de su desempeño, con el fin de brindar servicios de excelencia a la ciudadanía.
Contención del gasto. Con el fin de atender la potencial crisis económica y para hacer un uso más responsable de los fondos públicos, el Gobierno tomó medidas para reducir los gastos institucionales, recortar las pensiones de lujo y renegociar las convenciones colectivas.
En enero del 2021, el presidente Alvarado y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, emitieron un decreto proyectado a cinco años, en que se redujeron partidas de bienes y servicios, servicios especiales, suplencias y remuneraciones eventuales, se limitó el crecimiento de transferencias corrientes, eliminaron plazas vacantes y congelaron las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
Por otro lado, la Ley No. 9796 (2019), Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria, permitió obtener un ahorro anual de ¢17.538 millones al quitar privilegios de las pensiones de lujo y ampliar de 920 a 4.118 la cantidad de pensionados de lujo que deben pagar la contribución solidaria, avanzando hacia regímenes equitativos, sostenibles y solidarios.
Además, en mayo de 2018, se emitió la directriz Nº 009-H sobre La Renegociación De Convenciones Colectivas, en la que se establece la obligatoriedad de las instituciones de denunciar las convenciones, con el fin de impedir su prórroga automática, renegociarlas a la baja y denunciar condiciones abusivas. Esta disposición, respaldada además por la aplicación de la Ley 9635 y resoluciones de la Sala Constitucional, ha generado multimillonarios ahorros al erario público, con el freno a excesos en 10 convenciones colectivas, al tiempo que se han denunciado otras 30, las cuales se encuentran en proceso de negociación.
Histórico ingreso a la OCDE (2021). El 25 de mayo de 2022 Costa Rica cumplirá su primer año como el miembro 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El interés y el proceso para el ingreso data del 2013, y fue en los últimos años en los que se intensificó con la aprobación de las 14 leyes.
La incorporación de Costa Rica a la OCDE abre la puerta a la participación en más de 300 comités y grupos de trabajo técnicos que componen la organización en sus distintas áreas de trabajo, en los cuales el país participará en igualdad de condiciones con los otros países miembros.
“La OCDE es un socio estratégico y valioso para acompañarnos en el camino hacia un desarrollo inclusivo y sostenible”, aseguró el presidente Carlos Alvarado durante la visita a la sede en París de la organización el 1 de abril. “Ser miembro activo de la organización nos permite tener una participación en la articulación de respuestas eficaces para abordar los efectos adversos de la crisis, proteger nuestra sostenibilidad y el desarrollo de políticas públicas que respondan a los retos actuales”, acotó.
Educación dual (2019). Con la firma de la Ley de Educación y Formación Dual (Nº9728), se oficializa esta modalidad de enseñanza que forma a estudiantes en dos ambientes de aprendizaje: una institución educativa y una empresa formadora. La nueva legislación otorga amplios beneficios y oportunidades así como un marco jurídico moderno que da seguridad a las partes involucradas en esta modalidad, mediante la cual se generan procesos de aprendizaje de calidad que facilitan una formación integral y una mejor transición al mercado laboral.
Tras el proceso de reglamentación y preparación, la ley ya entró en operación efectiva este año, 20 estudiantes de las especialidades de Electrónica Industrial, impartida en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Atenas, y de Desarrollo web, del CTP de San Pedro de Barva, inauguraron el programa de educación dual del Ministerio de Educación Pública. Ellos participarán con SMC Ltda., CooperVision, Abbott, Dos Pinos, Accenture y Kaizen, donde aprenderán con el método de “aprender haciendo”, que les permite formarse en dos ambientes: una institución educativa teórica práctica y, además, formación técnica profesional en una empresa, en tiempos de alternancia.
Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) lanzó su propio modelo de formación dual en alianza con la empresa Intel, donde realizarán su proceso de aprendizaje en mantenimiento industrial. Experiencias similares se han dado a través de convenios entre el INA y diferentes empresas como hoteles Westin y W, Matra, Florida Ice and Farm Company (Fifco) y Reserva Conchal para la formación en ámbitos como técnico de maquinaria pesada, automotriz, electrónica industrial, desarrollo web, turismo y cocina.
“Esta legislación, integrada a la Estrategia de Crecimiento, Empleo y Bienestar, crea un marco legal novedoso y moderno, que mejorará el aprendizaje de miles de estudiantes y permitirá una inserción más exitosa al cambiante mercado laboral”, dijo en esa oportunidad el presidente de la República, Carlos Alvarado.
Cierre de FONABE representó mayor eficiencia en sector social (2020). El cierre del FONABE concluyó en 2021 administrativamente con la unificación de un único sistema de transferencias condicionadas para la permanencia de estudiantes en el sistema educativo bajo el programa Avancemos. Este proceso generó la eliminación de 6.000 beneficios duplicados y se convirtió en un ahorro importante para la operación del sector social.
Reorganización de JAPDEVA. La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) ha llevado adelante un Plan de Reorganización Institucional, aprobado en noviembre 2019 por Planificación del MOPT y MIDEPLAN. Se trata de una reforma de toda la estructura funcional de JAPDEVA, cuyo rediseño era requerido ante el cambio de modelo portuario.
De esta forma, se ha venido implementando mejoras sustanciales en los procedimientos y procesos, se redujeron niveles de decisión, eliminando duplicidades de áreas, se clarificaron las definiciones de todos los servicios de JAPDEVA, se dio una fuerte disminución del déficit institucional y de contención del gasto, con la reducción de la planilla institucional, que pasó de 1.189 personas a 485 y se enrumba a 300 personas en planilla total.
De hecho, este martes se presentó ante el Juzgado de Trabajo de Limón la solicitud de apertura de procedimiento judicial por convención colectiva fracasada. La no aplicación de la convención colectiva representa para JAPDEVA la disminución de ₡1.532 millones (41%) del costo de los incentivos con respecto a lo cancelado en 2021, al reconocerse exclusivamente condiciones y rubros que están regulados en la legislación nacional. Este proceso sumado a otra serie de reformas internas significaría un ahorro de ₡10.507 millones para la institución.
El objetivo que se busca es la sostenibilidad de esta organización de servicio público, mejorar la eficiencia, incursionar en nuevos negocios de carga en la Terminal Gastón Kogan y convertirla en un puerto que promueva el turismo y genere empleo a través de la atracción de buques de cruceros y naves de recreación. Asimismo, fortalecer el rol de gestor de desarrollo en la región y cumplir los nuevos roles de supervisión de la TCM.
Transformación del INA (2021). Esta reforma legal ha ofrecido herramientas al INA para enfrentar con éxito los retos que plantea la evolución del mercado laboral, el desarrollo empresarial y la reactivación e impulso al sector productivo, para generar mejores oportunidades a la ciudadanía.
La normativa ofrece a la institución mayor flexibilidad y capacidad de respuesta a la dinámica del mercado laboral. Entre las reformas se encuentran ajustes de su sistema de becas, el fortalecimiento del aparato administrativo, la inclusión de la inserción laboral y el desarrollo empresarial y mecanismos ágiles para la contratación administrativa.
Ley General de Contratación Pública. Con el fin de actualizar, agilizar y modernizar los procesos de contratación pública para así procurar una mayor rapidez, transparencia y eficiencia en la respuesta estatal, el 27 de mayo de 2021 el presidente Carlos Alvarado, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, firmaron la nueva Ley General de Contratación Pública (N° 9986).
En esa oportunidad, la Contralora General de la República, Marta Acosta, manifestó que “esta visionaria ley será una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos estatales, reduciendo costos, fomentando la competencia en contratación, la transparencia, el uso de la tecnología y simplificando la participación del sector privado, entre otros”. La nueva normativa establece que todas las instituciones del sector público estarán obligadas a utilizar el SICOP como plataforma para realizar sus compras, algo fundamental para la transparencia de los procesos de contratación administrativa.
La promulgación de esta ley -que además ofrece mecanismos para agilizar los proyectos de inversión y obra pública- está enmarcada en las mejores prácticas de la OCDE y es una de las reformas más significativas en los últimos años, destacó el presidente Alvarado.
Políticas públicas pensadas para las personas y su bienestar. Entre el 2018 y el 2021, el país desarrolló 23 políticas públicas que tienen como eje central la atención de las necesidades de las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
En esta administración se presentó la Política Institucional para la Atención Integral de la Población en Pobreza y Pobreza extrema 2020-2030; la Política de Superación de la Pobreza y la Inclusión Social; la Política Nacional para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la formación del Empleo y el Disfrute de los Productos de la Ciencia, la Tecnología y las Telecomunicaciones; la Política de la Persona Joven; la Política Institucional para la Inclusión y Protección Laboral de las personas con Discapacidad; la Iniciativa de Paridad de Género; la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030, entre otras.
Asimismo, otras 18 políticas se mantienen en proceso de formulación, entre las que destacan la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez; la Política Nacional de Niñez y Adolescencia: la Política Nacional de los Cuidados, entre otras.
