- País dejó atrás el hacinamiento de 43% que existía en mayo de 2018 y cerró marzo de 2022 con 5,8% de sobrepoblación.
- Fuerte inversión en infraestructura -en particular la construcción de CAI Terrazas- permitió dignificar el espacio penitenciario y dar respuesta a recomendaciones de organismos internacionales.
- En total se construyeron más de 2.200 nuevos sitios en el sistema penitenciario nacional y se invirtieron ¢22.879 millones en infraestructura y en mejoramiento de las instalaciones.
- Están por abrirse dos nuevos centros de Regionalización de la Mujer y quedará prevista la construcción de otros 600 espacios en el Complejo Occidente con superávit del Registro Nacional.
La inversión en infraestructura penitenciaria, que incluyó la construcción del CAI Terrazas, en el Complejo de Occidente, sacó al país por primera vez en dos décadas del hacinamiento (más de 20% de la capacidad instalada de los centros) y lo dejó en niveles históricos de baja sobrepoblación: marzo de 2022 cerró con 5,8%.
Al 31 de marzo de 2022, la capacidad certificada de espacios para albergar población penitenciaria era de 13.791, pero 14.595 personas permanecían privadas de libertad.
El dato es esperanzador, máxime si se toma en cuenta que están por abrirse dos nuevos centros de Regionalización de la Mujer (en Pococí y Puntarenas) y que la actual Administración deja allanado el camino para que ₡5.800 millones de superávit del Registro Nacional se utilicen en la construcción de otros 600 espacios en el Complejo Occidente, San Rafael de Alajuela.
“En estos cuatro años se ha trabajado para resolver los problemas del sistema penitenciario nacional, que conllevan no solo la dotación suficiente y adecuada de los espacios donde la población penal pueda habitar y desarrollarse dignamente, sino también la existencia del talento humano para atenderlos de manera segura y profesional. La notable disminución en la sobrepoblación es reflejo del camino recorrido y es, al mismo tiempo, motivación para seguir mejorando las condiciones que garanticen los derechos humanos en el cumplimiento de las penas”, comentó la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.
De 43% de hacinamiento a 5,8% de sobrepoblación. Desde mayo de 2018, cuando el hacinamiento era de 43%, la cartera ministerial trazó un plan para rehabilitar espacios, construir módulos e incluso un nuevo centro penitenciario (CAI Terrazas, en el Complejo Occidente) con miras a humanizar el espacio penitenciario.
El hacinamiento penitenciario tuvo su primera baja considerable a partir de diciembre de 2019, cuando descendió de 39,1% a 30,9%. Para setiembre de 2021 era de 22,8%, Sin duda, el impacto más significativo se dio a partir de la apertura del CAI Terrazas, en noviembre de ese mismo año: el país dejó de tener hacinamiento para quedar con una sobrepoblación de 8,9%. Entre enero y marzo del presente año la cifra disminuyó todavía más hasta llegar a 5,8%.
Si bien CAI Terrazas fue el proyecto estrella en infraestructura penitenciaria (1.200 lugares nuevos, 17.000 m2 de construcción y una inversión de $24 millones), hubo otros importantes. Tal es el caso de la ampliación del módulo de pensiones (100 nuevos espacios), los arcos modulares del CAI Jorge Arturo Montero (525), tres Unidades Terapéuticas (120 espacios distribuidos en Puntarenas, Pococí y el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en Heredia) y los cuatro nuevos módulos del CAI Luis Paulino Mora (256).
En total sumaron más de 2.200 nuevos espacios al sistema penitenciario nacional y ¢22.879 millones invertidos en infraestructura y en el mejoramiento de las instalaciones existentes. También se restablecieron cocinas, acometidas eléctricas, se construyeron talleres y se edificó la nueva farmacia del CAI Jorge Arturo Montero Castro, en el Complejo Occidente, entre otros.
“Los retos en materia de infraestructura trascienden la sola creación de nuevos espacios habitacionales. Es preciso renovar sistemas eléctricos y mecánicos de las infraestructuras que existen desde hace décadas y que no fueron pensadas para albergar tanta población. Para atender todas las múltiples necesidades, se creó una matriz que prioriza para cada tipo de necesidad y cuáles son los puntos de mayor urgencia de intervención y con ello se focalizan las inversiones.
“Paralelamente, se creó un Libro Blanco de Infraestructura Penitenciaria, que contiene todos los estándares de diseño y construcción para los nuevos penales que se edifiquen en el país, así como para las intervenciones que se realicen en las estructuras ya existentes. Este es un paso en la dirección de minimizar costos y realizar inversiones usando el conocimiento que se desprende no solo de la propia experiencia de la institución, sino también, de lo que dictan los estándares internacionales en materia penitenciaria”, explicó la ministra de Justicia y Paz.
Nuevos conceptos. Las Unidades Terapéuticas se concibieron para el tratamiento de personas privadas de libertad con problemas de adicción, mientras que los centros de Regionalización de la Mujer cumplirán con la recomendación que hicieran organismos internacionales de dotar al país de centros penales que acercaran a las mujeres a sus entornos.
El primer centro de regionalización abrió sus puertas en febrero de este año en el Complejo Pérez Zeledón y tuvo un costo de ¢489 millones. Está prevista la inminente apertura de centros similares en CAI 26 de Julio (Puntarenas, con una inversión de ¢469 millones) y en la UAI Carlos Luis Fallas (Pococí, cuya inversión es de ¢502 millones).
“El trabajo debe continuar, capitalizando los esfuerzos realizados y planteando nuevos retos, buscando nuevas fuentes de financiamiento y explicando a la opinión pública y a los tomadores de decisiones presupuestarias sobre la importancia de ser coherentes con las decisiones que se tomen en materia de prisionalización.
“Si se desea ampliar la base de delitos penados con privación de libertad es preciso, al mismo tiempo, destinar los recursos que permitirán cubrir, dignamente, la llegada de esos nuevos ingresos al sistema penal. De lo contrario, los logros de hoy en materia de sobrepoblación no serán sostenibles y, por ende, no se estará cumpliendo con la vocación de respeto a los derechos humanos que está en el ADN de nuestro país”, concluyó la ministra Salazar Rojas.
