- Ley N.° 10.137 subsana una antinomia jurídica existente y previene la reducción de los salarios de educadores.
- Aplica solo para el Incentivo para el Desarrollo de la Docencia, con el fin de evitar que al nominalizarlo se disminuya el salario de docentes.
- Firma se realizó en Casa Presidencial con participación de ministros de Educación Pública y Presidencia, diputados y representantes de sindicato del sector educación.
Este jueves, el Presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la Ley para Prevenir la Reducción de los Salarios de los Educadores Costarricenses (N.° 10.137), que subsana una antinomia jurídica –es decir, dos leyes que ordenan cosas opuestas– entre la Ley de Salarios de la Administración Pública N.° 2.166 y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N.° 9.635.
Dicha antinomia jurídica afectaba negativamente los ingresos de las personas docentes porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N.° 9.635 ordena nominalizar todos los incentivos salariales con referencia al salario base de cada puesto, incluyendo el Incentivo para el Desarrollo de la Docencia, que se calcula sobre el salario total de la persona docente.
Lo anterior causaba una disminución salarial a cada docente del MEP que va desde un monto de cincuenta y dos mil trecientos noventa y cuatro colones mensuales (₡52.394) en los salarios más bajos, hasta superior a los doscientos mil colones (₡200.000) mensuales en los salarios más altos. Pero la propia ley N.° 9.635 detalla que, al convertir los pluses a montos nominales, no se podrá reducir el salario total de las personas servidoras públicas.
Acompañaron al mandatario en esta firma, Marvin Rodríguez, vicepresidente de la República; Steven González, ministro de Educación Pública; Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia; el diputado Wagner Jiménez y la diputada Catalina Montero, así como representantes del Sindicato de la Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
Resolver “una insuficiencia”. Wagner Jiménez, proponente de esta iniciativa, subrayó que esta ley no viene a otorgar ninguna concesión adicional a los educadores, sino que corrige “una insuficiencia”. “La reforma fiscal se redactó para que a ningún funcionario público se le rebajara el salario y, posteriormente, con la nominalización de uno de los componentes salariales del MEP denominado incentivo para el desarrollo de la docencia, los maestros sí iban a experimentar reducciones salariales”, dijo el diputado.
“Hoy firmamos la Ley para Prevenir la Reducción de los Salarios de los Educadores costarricenses con la intención de evitar un perjuicio a quienes se hubieran visto afectados en sus ingresos salariales en forma significativa. Esta firma es muestra de que siempre velamos por los intereses de todas las personas de la comunidad educativa quienes han sido fundamentales para dar respuesta oportuna a las demandas del entorno. Aprovecho para agradecer a todos los señores y señoras diputadas que la aprobaron”, explicó el ministro de Educación Pública, Steven González.
El Incentivo para el Desarrollo de la Docencia, explicó el diputado Jiménez, es usado por los maestros y profesores para comprar sus materiales didácticos, equipo de cómputo y garantizarse conectividad, entre otros. “Ojalá que esta aprobación y la firma de la ley por parte del señor Presidente sea un insumo para que los maestros y profesores nos ayuden a recuperar los aprendizajes perdidos de nuestros niños y de nuestros jóvenes en virtud de la entrada a la pandemia, las huelgas prolongadas y otros problemas de la educación costarricense”, agregó.
Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), dijo sentirse satisfecho porque se logra apoyar a los docentes sin que aumente el presupuesto. Él resaltó el simbolismo de firmar esta ley el primer día del curso lectivo 2022.
