- CONAPAM transfirió cerca de ¢85 mil millones en hogares, centros diurnos y redes de cuido y la JPS más de ¢66 mil millones a organizaciones que atienden personas mayores.
- 30 centros inteligentes fueron instalados en organizaciones que atienden personas adultas mayores y entró en operación la Línea Dorada 24/7.
- También se publicó II Informe del Estado de la Situación de la Población Adulta Mayor y se construyó la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2021-2031, entre otras acciones.
- 96% de esta población ya cuenta con esquema de vacunación completo por el COVID 19 y se entregaron a domicilio 9.4 millones de medicamentos, según datos de la CCSS.
Ante el acelerado envejecimiento de la población en el país, autoridades de gobierno hicieron un llamado este lunes a seguir fortaleciendo las políticas públicas y la institucionalidad para garantizar y expandir los derechos humanos de las personas adultas mayores, que representan actualmente más de 660 mil personas en Costa Rica.
La exhortativa se hizo durante una actividad de rendición de cuentas realizada en Casa Presidencial, en la que se dieron a conocer las principales acciones ejecutadas de 2018 a la fecha, en las que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y la Junta de Protección Social (JPS) han invertido más de ₡151.000 millones para atender a la población adulta mayor del país.
El acto contó con la participación del presidente de la República, Carlos Alvarado, el segundo vicepresidente, Marvin Rodríguez, la diputada Catalina Montero, la presidenta de la JPS, Esmeralda Britton, y el presidente de la junta rectora del CONAPAM, Dennis Angulo.
El vicepresidente Marvin Rodríguez, coordinador político de la atención a la población adulta mayor, manifestó que el país ha realizado importantes esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores, al tiempo que instó a continuar trabajando para asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores.
En tanto, el presidente Carlos Alvarado recalcó que se debe seguir en la ruta de garantizar, fortalecer y expandir los derechos humanos de la población adulta mayor, una necesidad, dado el acelerado envejecimiento de la población del país.
“Es un deber que tenemos con la población adulta mayor, cuyas contribuciones a la sociedad deben ser reconocidas por todas y todos. Es urgente y una tarea ineludible el fortalecer la institucionalidad costarricense, para que nunca haya una persona adulta mayor desprotegida. Garantizar los derechos humanos de este segmento de la población nos hará ser un mejor país”, acotó.
La población adulta mayor, cada día más numerosa, urge de políticas públicas que brinden respuestas y acciones relevantes para su protección. En la actualidad, en Costa Rica existen 663 mil personas adultas mayores y se espera que en una década sean más de un millón de personas: un importante reto para toda la institucionalidad del país.
Principales proyectos ejecutados
El presidente de la junta rectora del CONAPAM, Dennis Angulo, informó que del 2018 a la fecha, la entidad ha ejecutado más de ₡85.000 millones en hogares, centros diurnos y redes de cuido de la población adulta mayor.
Entre los principales proyectos impulsados en este periodo destacó los siguientes:
Informe de situación. Publicación del II Informe del Estado de la Situación de la Población Adulta Mayor con la colaboración de la Universidad de Costa Rica.
Política nacional. Construcción de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2021-2031, que está en proceso de validación y ha contado con el apoyo de diversas instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, personas adultas mayores y el Fondo de Población de Naciones Unidas.
Línea dorada. Entrada en operación de la Línea Dorada, una línea telefónica gratuita que atenderá 24/7 a las personas adultas mayores.
Centros Inteligentes. Habilitación de 30 Centros Inteligentes (CECI) en organizaciones que atienden personas adultas mayores, con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).
Atención bucodental. Inicio de un proyecto de atención bucodental a las personas adultas mayores que viven en hogares y centros diurnos, con la colaboración de organizaciones sociales y la Universidad de Costa Rica.
En tanto, la presidenta de la Junta de Protección Social, Esmeralda Britton, informó que la Junta de Protección Social logró transferir en este periodo recursos a programas de personas adultas mayores por más de ₡66.337 millones.
Agregó que la Junta de Protección Social realiza transferencias de recursos a organizaciones sociales, como las que atienden personas adultas mayores en todo el país, poniendo como ejemplo el proyecto “Viviendas Comunitarias”, de la Asociación Josefina Ugalde de Quebrada Ganado, en Garabito de Puntarenas. Este consiste en una modalidad de solución de vivienda, donde a personas mayores independientes se les asigna una vivienda tipo apartamento, con todos los servicios.
“Para este novedoso proyecto la Junta destinó más de ₡1.400 millones, entendiendo la importancia de que las personas adultas mayores se les reconozcan y puedan ejercer sus derechos humanos, en este caso el derecho a vivienda digna”, expresó Esmeralda Britton, jerarca de la JPS.
El reto de la pandemia
Durante la actividad, el jerarca de CONAPAM, Dennis Angulo, también comentó que la institucionalidad ha sido puesta a prueba los dos últimos años, por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.
Sin embargo, dijo, solo durante el año anterior 18 mil personas adultas mayores en pobreza o pobreza extrema han sido parte de los programas que facilitan la atención en modalidad de Centro Diurno, Hogar o Red de Cuido. Esta inversión social realizada en 2021 por el CONAPAM (entidad rectora en vejez y envejecimiento) fue de ₡21.038.537.725.
En tanto, mediante un video, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, comentó que la pandemia retó la creatividad del personal de la institución para garantizar la continuidad de los servicios hacia las personas adultas mayores.
Resaltó que el 96% de esta población ya cuenta con su esquema de vacunación completo; se entregaron a domicilio 9,4 millones de medicamentos, y que el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología mantuvo informados a los familiares de los pacientes internados mediante llamadas telefónicas -semana a semana o día a día- para mantener la cercanía con sus seres queridos.
Añadió que la Unidad de Atención Comunitaria, mediante el Programa de Visita Domiciliar, atendió presencialmente los casos prioritarios y ha sido un apoyo en el seguimiento a domicilio de los pacientes egresados que dieron positivo por Covid-19.
“Cada uno de estos esfuerzos son parte de una cadena de trabajo de toda la Caja, en procura de proteger a los adultos mayores, a quienes cuidamos con calidez y dignidad”, enfatizó.
Acciones legislativas
La diputada Catalina Montero, integrante de la Comisión de Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad, de la Asamblea Legislativa, aseveró que concluirá sus tareas con el orgullo de ser adulta mayor y con la satisfacción de haber aportado un granito de arena en promover el bienestar de esta población.
Señaló que desde esa Comisión se promovió la aprobación de normativas como la ley 9857, que penaliza el abandono de las personas adultas mayores; la 9886 para que el CONAPAM haga frente a la emergencia nacional por el COVID-19; la ley 10036 para el benemeritazgo del Hogar de Ancianos Santiago Crespo; la ley 10046 que creó la Oficina del Adulto Mayor y de personas en situación de discapacidad en las municipalidades, entre otras.
Por mayor inversión estatal
Finalmente, el presidente de CONAPAM, Dennis Angulo, manifestó que “la población adulta mayor conforma un grupo que va en aumento día con día. Es urgente reforzar la inversión estatal, pues hay muchas personas mayores que no están cubriendo sus necesidades básicas”.
“En general es una población que requiere de más servicios y atención especializada, ante lo cual la institucionalidad debe de dar una respuesta oportuna y acertada que garantice sus derechos humanos, para que nadie se quede atrás”, concluyó el presidente de la entidad rectora en vejez y envejecimiento en Costa Rica.
