- Se trata de la ley de creación del Fondo Nacional de Avales el cual recibirá durante tres años $270 millones provenientes del BCIE.
- Al menos el 50% de los recursos deben ir a micro, medianas y pequeñas empresas.
- Ley podrá beneficiar a miles empresas, las cuales deben gozar de un buen récord crediticio previo al decreto de emergencia por COVID-19, documentar la afectación por la pandemia y mantener a los trabajadores al momento de la solicitud.
- Empresas beneficiarias se comprometerán a mantener sus puestos de trabajo actuales e intentar aumentarlos.
El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, firmó la mañana de este miércoles la “Ley de creación del Fondo Nacional de Avales para el apoyo a las empresas afectadas por el COVID-19 y la reactivación económica”, que permite crear garantías para los créditos a personas y empresas afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19, al mismo tiempo que pretende generar nuevos empleos.
El fondo de avales es un instrumento financiero a través del cual el Estado asigna un monto que será la garantía para todas aquellas empresas que, afectadas por la pandemia, se les dificulta acceder a préstamos en bancos y entidades financieras. Este fondo permitirá mejorar las condiciones, plazos e intereses para las empresas que buscan superar el impacto generado por la pandemia y generar empleos.
Teniendo estos fondos, abrimos una oportunidad para generar empleo, actividad económica, recuperación para las y los costarricenses. El trabajo que se ha hecho, tan esforzado, tan diligente, es para decir hoy: ahí está a disposición esta carta, a través del sector financiero, que ayuda a las empresas a tener opciones reales para tener crédito. Es una oportunidad, y como todas las oportunidades, hay que aprovecharla”, expresó el presidente Carlos Alvarado.
A lo largo de tres años, el Fondo de Avales recibirá $270 millones de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo que servirá para dar respaldo a créditos bancarios que otorguen los bancos a personas y empresas afectadas por la pandemia.
De esta forma, el Estado otorgará garantías bancarias de hasta el 75% sobre el monto principal del crédito que den las distintas entidades bancarias a miles de empresas afectadas por la pandemia. Esas garantías responderían ante el banco en caso de impago por parte del deudor.
La garantía del 75% significa que si una empresa accede a un préstamo de 4 millones de colones, pero no logra responder al crédito, el Fondo de Avales le reconoce 3 millones a la entidad que facilitó el préstamo. Esto significa una importante reducción en el riesgo del crédito, lo cual flexibiliza las condiciones del préstamo para la empresa
La ley No 10.106 pretende atender prioritariamente a micro, pequeñas y medianas empresas, ya que el 50% de los recursos se deben de dirigir a empresas con 100 empleados o menos.
“Con la firma de esta ley se materializa el compromiso del Gobierno de la República, con el apoyo de los señores y señoras diputadas, de facilitar el acceso al financiamiento que el sector productivo nacional requiere para impulsar su recuperación económica y la generación de empleos. Esta es una respuesta para todos esos empresarios y empresarias que necesitados de financiamiento presentan dificultades para respaldar su operación de crédito. Es también una oportunidad para que las entidades financieras la utilicen y promuevan de forma amplia e inclusiva, favoreciendo que cada vez más personas y empresas afectadas en su actividad económica con ocasión de la pandemia en todas las regiones del país, puedan acceder a crédito y revitalizar sus negocios”, señaló Victoria Hernández, Ministra de Economía, Industria y Comercio.
Los eventuales beneficiarios de este fondo de avales deben gozar de un buen récord crediticio previo a la crisis sanitaria, no poseer una morosidad mayor a los 60 días, documentar la afectación por la pandemia y mantener a los trabajadores al momento de la solicitud.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) determinará la distribución de los avales y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ofrecerá la información del saldo de crédito otorgado por cada entidad financiera al sector privado.
Con esos datos, el consejo rector del Fondo de Avales – encabezado por el Ministerio de Hacienda- asignará los recursos de forma proporcional entre los intermediarios, según la participación de cada entidad en el saldo de crédito otorgado al sector privado, en la cartera empresarial o comercial más afectada por la pandemia.
“Mediante esta ley el país realiza un sacrificio fiscal importante para respaldar la sostenibilidad de nuestras empresas, el crecimiento del empleo y la solidez del sistema bancario nacional“, aseguró el ministro Villegas.
Además del mandatario, la nueva legislación fue rubricada por el ministro de Hacienda, Elian Villegas, y la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández. El acto se realizó en el lobby de la Presidencia de la República, y contó con la presencia las diputadas Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión de Hacendarios; Nielsen Pérez y Laura Guido.
De acuerdo con la ley, el Poder Ejecutivo promulgará la reglamentación respectiva en un plazo máximo de treinta días, a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial La Gaceta.
