- El informe fue elaborado por el Ministerio de Salud, con base en una metodología con estándares internacionales
- Ente colegiado denegó 18 solicitudes de indulto, siguiendo la recomendación técnica del Instituto Nacional de Criminología
En su sesión ordinaria, correspondiente al martes 21 de diciembre, el Consejo de Gobierno conoció el estudio “COVID-19 Gasto Público en Salud en Costa Rica 2020”, por parte del ministro de Salud, Daniel Salas, el director de Servicios de Salud, César Gamboa, y el jefe de Economía de la Salud, Allan Rímola.
De acuerdo con lo expuesto, este es el primer estudio que se lleva a cabo en la región con la metodología SHA 2011, que se basa en estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea (Eurostat) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El estudio revela que el esquema público en salud destinó un poco más ₡170.000 millones para la atención de la pandemia durante el 2020. La mayor proporción corrió a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que destinó cerca de ₡112,8 mil millones. La atención curativa fue el rubro con la mayor parte del gasto: casi ₡109.000 millones.
El instrumento permite medir el gasto realizado con fines sanitarios con transparencia en la rendición de cuentas. Las autoridades podrán tomar decisiones informadas, fijar políticas públicas y utilizar los fondos públicos de forma eficiente, todo con base en evidencia.
El próximo estudio de este tipo corresponderá al 2021 y se publicará a finales del año próximo.
Nombramiento e ICE
En otro punto de la agenda, el cuerpo de ministras y ministros escogió a Vertianne Fernández López como nueva integrante de la Junta de Protección Social (JPS). Ya integró la directiva de la JPS entre el 2018 y el 2020, de la que fue su secretaria entre el 2019 y 2020. El nombramiento vence el 31 de mayo del 2022.
Asimismo, el Consejo aprobó el “Avance del Informe del ICE y sus empresas 2021”, con la directriz de que la institución estatal debe acatar las recomendaciones de los ministerios de Ambiente y Energía (Minae), Ciencia, Tecnología y Tecnología (Micitt), Hacienda, y Planificación (Mideplan), en sus funciones de Consejo Consultivo.
También aprobó la apertura de dos procesos de lesividad contra los intereses públicos y del Estado, en materia de pensiones, en atención a sendos oficios enviados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Finalmente, acogió la recomendación técnica del Instituto Nacional de Criminología y rechazó la solicitud de indulto de 12 personas privadas de libertad, ya que ninguno de sus delitos se enmarca dentro de las políticas establecidas para conceder esa gracia.
