- La iniciativa de ley fue elaborada con aportes de la Cámara de Comercio y otros sectores empresariales junto con el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Aduanas y Hacienda
- Se pretende disminuir el impacto de los aumentos en las empresas importadoras y en los consumidores
El Poder Ejecutivo presentará este lunes, a la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley “Valor del flete de mercancías contenerizadas que se transporten por vía marítima”, el cual pretende reducir las afectaciones al sector productivo y a los consumidores, por el elevado incremento del costo de transporte de mercancías debido a la crisis de contenedores, informó el Ministro de Comunicación, Agustín Castro.
Dicho texto se trabajó, desde hace varios días, con base en valiosas propuestas aportadas por la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) y otros sectores privados, en un proceso articulado con el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), y la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda.
La iniciativa es resultado de la colaboración entre el Gobierno Central y sectores productivos. El pasado 12 de octubre, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, informó a dicha Cámara que había encomendado a los ministros de Hacienda y Comercio Exterior, Elian Villegas y Andrés Valenciano, respectivamente, atender el asunto con la mayor diligencia y establecer una mesa de trabajo con el sector privado, “para plantear soluciones a una problemática cuyas causas trascienden nuestro alcance y que está directamente ligada a los efectos sistémicos de la pandemia en todo el mundo”, expresó el mandatario.
“Consideramos que es urgente atender este contexto con las medidas necesarias, con el fin de mitigar el impacto de esta crisis, tan inédita como preocupante. Por esa razón, y atendiendo las necesidades del sector productivo, someteremos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley, para su respectiva aprobación legislativa”, señaló el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
La iniciativa procura establecer valores fijos de referencia para los fletes de mercancías en lo concerniente al cálculo de impuestos, ya que esos fletes alcanzaron costos inéditos en los últimos 18 meses, por la disrupción del transporte marítimo, el cierre temporal de algunos de los principales puertos, el atasco de contenedores vacíos en lugares en los que no se necesitaban y el faltante de contenedores nuevos, que no se construyen con la suficiente rapidez para compensar la escasez.
Los valores de referencia que se proponen en el proyecto se basan en el análisis de los datos de las declaraciones de importación hechas en 2019, antes del impacto de la pandemia y de la actual crisis de contenedores.
Dyalá Jiménez, coordinadora de la comisión de comercio internacional de la CCCR, agregó: “Cuando nos anticipamos, cuando usamos la data, cuando trabajamos de manera colaborativa sector público-sector privado, es cuando mejor atendemos los problemas. Estamos satisfechos de haber podido contribuir a una solución para restarle un poco de angustia al comercio y a las familias en estos momentos”.
Dos rutas
En ese sentido, el país trabaja en paralelo dos rutas para mitigar el problema de los fuertes aumentos del transporte marítimo: soluciones a nivel interno como el proyecto de ley indicado y soluciones en el ámbito centroamericano.
En este segundo punto, el ministro de Comercio Exterior Andrés Valenciano, le informó al Consejo de Gobierno, el 26 de octubre anterior, que Costa Rica llevó ante el Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco) el planteamiento de una norma habilitante, temporal y voluntaria, para que a los fletes, en la parte relativa al cálculo de impuestos de importación, se le cobren tasas calculadas con una base “prepandemia”, lo cual bajaría las tarifas.
Sin embargo, como el mismo jerarca señala: “En paralelo a esa gestión a nivel de Centroamérica empezamos a pensar en una respuesta local: nos preparamos y estamos trabajando en paralelo”.
El proyecto de ley es esa respuesta local para reducir ese impacto del incremento de costos en el transporte marítimo de mercancías, cuyas elevadas tarifas son “un desafío que enfrenta el comercio mundial”, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).
Para ejemplificar el dramático incremento de los precios, el Índice Global de Carga de Contenedores “Freightos Baltic Index (FBX)”, señala que al 15 de noviembre de 2019 el costo por flete de contenedor de 40 pies era de $1.362, mientras que al 29 de octubre de 2021 fue de $10.321 (FBX, disponible en https://fbx.freightos.com/).
Aumentos de ese calibre en el transporte marítimo -vía por la que se mueve el 80% del comercio mundial- impactan los costos de las empresas importadoras y, a la larga, los precios que se le cobran al consumidor final. La entrada de la temporada navideña es un agravante para la situación.
El proyecto
En Costa Rica, los gastos de transporte de las mercancías importadas son parte de su valor en aduana; por ello, los incrementos impactan en una proporción el valor final de los costos de importación. El proyecto pretende que la base imponible de los derechos y tributos a la importación, se determine con base en el valor de referencia del flete declarado de puerto a puerto, de acuerdo con la siguiente tabla, basada -como ya se dijo- en los datos registrados durante 2019, precisamente para eliminar el efecto sobre esos costos de la actual crisis de contenedores:
País o Región de Procedencia | Valor de referencia contenedores 20 pies | Valor de referenciacontenedores 40 pies |
Asia | $1.600 | $2.000 |
Europa | $1.300 | $1.550 |
Estados Unidos Costa Este | $2.000 | $2.500 |
Estados Unidos Costa Oeste | $2.500 | $3.000 |
Canadá | $2.000 | $2.500 |
México | $1.500 | $2.000 |
Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Caribe y Chile | $1.500 | $2.000 |
Resto del Mundo | $2.000 | $2.500 |
Tales valores de referencia tendrán vigencia hasta el 30 de junio del 2022, inclusive, a partir de la publicación de esta ley. Se podrán prorrogar por dos veces y por seis meses cada prórroga, con un debido razonamiento por parte del Ejecutivo y con la correspondiente revisión de montos, regiones y países de procedencia.