- “La firma de esta ley es una muestra inequívoca de la voluntad del gobierno de la República de reformar las instituciones del Estado para que sirvan mejor a la ciudadanía, pero además para reducir costos y ser más eficientes”, dijo el presidente en ejercicio, Marvin Rodríguez.
- Decreto legislativo suscrito traslada funciones de PANARE al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, así como los dineros, fondos, cuentas, inversiones, activos tangibles e intangibles, entre otros, del PANARE.
- Norma promueve la armonización de la legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
San José. Como preámbulo a la conmemoración de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Presidente en ejercicio de la República, Marvin Rodríguez Cordero, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara Povedano, y el Ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, firmaron este viernes la ley N°10077 “Ley para fusionar el Patronato Nacional de Rehabilitación con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad”.
Esta nueva norma ordena el cierre técnico del Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE) y se establece que todos los dineros, los fondos, las cuentas, las inversiones, los activos tangibles e intangibles, así como los muebles, pertenecientes o administrados por el PANARE, serán transferidos al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis). Puntualiza la ley que dichos recursos deberán ser utilizados únicamente en la atención de personas con discapacidad.
También dispone que los bienes inmuebles del PANARE serían distribuidos en diferentes proporciones al Conapdis, al Consejo Nacional de Producción, a la Fundación Andrea Jiménez y al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
El presidente en ejercicio de la República, Marvin Rodríguez Cordero, declaró que la nueva legislación promueve la mejora continua del ordenamiento jurídico nacional y la armonización de la legislación nacional con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), dando solidez a los compromisos internacionales que ha asumido el Estado costarricense para promover el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
“La firma de esta ley es una muestra inequívoca de la voluntad del gobierno de la República de reformar las instituciones del Estado para que sirvan mejor a la ciudadanía, pero además para reducir costos y ser más eficientes”, agregó Rodríguez.
Por su parte, el director ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Francisco Azofeifa, explicó que una vez que la ley sea publicada, el Conapdis iniciará un proceso ordenado para concretar el traslado de dichos recursos a su patrimonio y a su capital humano, asumiendo así los servicios brindados por PANARE.
“El enfoque de la institución será inclusivo y en línea con los Derechos Humanos, que procuran la atención de la población con discapacidad de manera integral, tomando en cuenta todos los aspectos de su vida, así como sus derechos fundamentales, especialmente, su autonomía personal, el ejercicio de su capacidad jurídica, la participación, la inclusión y el respeto de su dignidad inherente, agregó Azofeifa.
Recursos para Conapdis
La ley también dará un fortalecimiento financiero a Conapdis, ya que se reforma el inciso n) del artículo 9 de la Ley N°7088, Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA, para establecer que, en adición al impuesto a la propiedad de vehículos, se dispone un aporte anual por vehículo de ¢1 700,00, del cual el 15% será asignado al Conapdis para el fortalecimiento de sus programas de atención a la población con discapacidad.
Azofeifa dijo que se aprestan a consumar el proceso de transición en el que participarán las personas con discapacidad y sus organizaciones, así como las demás entidades beneficiadas con la normativa, a fin de consolidar todas las disposiciones legales y que la institución evolucione hacia una mayor presencia y reconocimiento frente a la sociedad y la institucionalidad costarricense. Y agregó: “el fortalecimiento de la rectoría del sector nos hace visualizar mayores posibilidades de crecimiento en pro de la atención integral de más del 18% de personas que en condición de discapacidad habitan en el país”.
