- Los cambios a la ley 8220 permitirán avanzar hacia una regulación moderna, ágil y simple.
- Reforma faculta la declaración jurada como herramienta de simplificación y otorga rango de ley al Catálogo Nacional de Trámites.
- “Hoy damos un salto cualitativo con esta reforma, que coloca a las personas y a las empresas en el centro de los trámites, agilizando su relación con el Estado y ayudándoles a hacer negocios o a emprender de forma simple y ágil”, comentó ministra del MEIC.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández, firmaron este jueves la “Reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Nº 8220), la cual brinda nuevas y mejores herramientas para la simplificación de trámites y mejora regulatoria del país.
La firma de la ley Nº10072 tuvo lugar en Casa Presidencial en una actividad a la que asistieron la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, el vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio, Sergio Capón, así como así como el viceministro del MEIC, Carlos Roberto Mora y la directora de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites de la institución, Wendy Flores.
La reforma –que busca contribuir a la reactivación económica, la generación de empleo y la modernización institucional- es el resultado del trabajo conjunto del MEIC y la legisladora Hernández y su equipo, con el apoyo de distintas cámaras empresariales.
Esta iniciativa faculta la declaración jurada como herramienta de simplificación y otorga rango de ley al Catálogo Nacional de Trámites, en el marco de la ley 8220, la cual ordena simplificar los trámites y requisitos establecidos por la Administración Pública frente a los ciudadanos, evitando duplicidades y garantizando en forma expedita el libre acceso a los servicios.
Con estas modificaciones, la obtención de un permiso, licencia o autorización en aplicación del silencio positivo será más fácil: el interesado únicamente debe acreditar mediante declaración jurada el cumplimiento de requisitos y la no respuesta de la administración en el plazo establecido.
“Esta ley da soluciones concretas en materia de declaración jurada, de silencio positivo, de participación ciudadana. Esta es una de esas leyes importantes, muy importantes, pero que tal vez no se dimensiona su impacto, pero que va a facilitar la vida de los ciudadanos y de nuestra economía y mejorará nuestra competitividad. Esta ley de la República tenemos que ponerla en ejercicio y que todos y todas exijamos que las cosas se hagan como se dice acá, porque esta ley va en la dirección de liberar al ciudadano, va a cambiar la experiencia ante la institucionalidad”, aseveró el presidente Alvarado, a la vez que felicitó a quienes estuvieron involucrados en hacerla una realidad.
Reformas a la Ley 8220
A 19 años de vigencia, se vio la necesidad de realizar ajustes ante la realidad de una economía en constante evolución y un Estado que debe modernizarse, atendiendo las mejores prácticas internacionales y la experiencia acumulada en esta materia.
“Hoy damos un salto cualitativo con la reforma a la ley 8220, que busca colocar a las personas y a las empresas en el centro de los trámites, facilitándoles su relación con el Estado y ayudándolas a hacer negocios o a emprender de forma simple y ágil”, dijo la ministra del MEIC, Victoria Hernández.
Detalló que “para ello, se fortalecen herramientas como el Catálogo Nacional de Trámites, dándole rango de ley, donde los usuarios podrán encontrar todos los trámites que les son exigidos. Además, se faculta el uso de la declaración jurada como herramienta de simplificación, apostando por el reforzamiento de mecanismos de verificación posterior, con lo cual el país avanza hacia un cambio del modelo de regulación más sencillo en la Administración Pública”.
La jerarca hizo un reconocimiento especial a la diputada Silvia Hernández, así como el acompañamiento del Poder Ejecutivo, de los ministerios de Salud, de la Presidencia, Comercio Exterior (COMEX), Ambiente y Energía (MINAE), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como también el apoyo del sector privado desde la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de Empresas Privadas (UCCAEP), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), diputados, municipalidades, expertos en la materia y por supuesto, el equipo del MEIC involucrado y comprometido en todo el proceso.
En tanto, la diputada Silvia Hernández comentó que “hoy más que nunca urge impulsar una nueva cultura del servicio público. Las mejoras regulatorias se han convertido en una necesidad apremiante para los Estados y sus aparatos institucionales, por los costos de los trámites tortuosos, engorrosos, que, a la larga estimulan prácticas odiosas al margen de la ley y que atentan contra la estabilidad institucional del país y sobre todo, de la calidad de vida de los ciudadanos”.
Aspectos claves de la reforma
- Fortalece la rectoría política y técnica del MEIC, en simplificación y mejora regulatoria.
- Amplía el alcance del criterio vinculante del MIEC sobre las propuestas de regulación que propongan las entidades públicas, más allá del Gobierno Central (como ocurre actualmente).
- Facilita la aplicación efectiva de la ley y el ejercicio de los derechos que tienen los usuarios con la aplicación del silencio positivo. Este es un elemento novedoso y que de cara al administrado, representa un avance en cuanto a la respuesta del estado y su interacción con sus usuarios para garantizar la competitividad y agilidad.
- Ajusta el marco sancionatorio por incumplimiento de la ley, el cual pretende aclarar quién comete la falta, al clasificar las faltas para la aplicación de las sanciones correspondientes.
- Logra que la mejora regulatoria y la simplificación de trámites se convierta en una tarea permanente y una práctica de mejora continua en la gestión pública.
- Facilita la participación de los usuarios en el proceso de formulación de nuevos trámites y en la evaluación de los existentes.
- Facilita la apertura de negocios mediante el otorgamiento de autorizaciones temporales.
