Este 12 de julio, la alegría de retomar las clases embargará a estudiantes y sus familias, y es que su centro educativo es un espacio para estudiar y aprender, pero también para convivir, socializar, encontrar apoyo, protección y acompañamiento socioemocional.
“Los centros educativos son espacios seguros para los niños, niñas y jóvenes, acogen a estudiantes garantizándoles la continuidad del aprendizaje, la inclusión de las personas más vulnerables y la protección de la infancia”, expresó Rocío Solís, directora de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Tras la pausa del curso lectivo, se retomarán las clases en la modalidad de educación combinada, en un entorno seguro y con el cumplimiento de los lineamientos establecidos por las autoridades nacionales de salud vinculantes con educación.
Este viernes 9 de julio, a las 2 p. m., mediante un Facebook Live, la Ministra de Educación, Guiselle Cruz Maduro; la Ministra de Niñez y Adolescencia, Gladys Jiménez, y la Directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas, conversarán sobre cómo el centro educativo es un lugar seguro y protector para las personas estudiantes.
El centro educativo es el lugar donde se gestan acciones para el acompañamiento socioemocional y pedagógico a la comunidad educativa; además, se prioriza el resguardo de la salud de la comunidad educativa, considerando aspectos como el distanciamiento físico, el protocolo de lavado de manos, protocolo de tos y estornudo, así como el uso adecuado de mascarillas, que aseguren la protección de todas las personas de la comunidad educativa. También, es donde se vela por la reducción de las brechas sociales y educativas, identificando situaciones que pueden considerarse factores de riesgo para la permanencia y continuidad del proceso educativo.
Luis Rosero Bixby, demógrafo, comparte los datos de la pandemia en Costa Rica que le han quitado el temor de que sus nietos vuelvan a las clases presenciales.
“Si la educación presencial elevara el riesgo de contagio, la reapertura el 8 de febrero debió reflejar una erupción de casos de Covid-19 en menores de edad, pero los datos muestran que eso no ocurrió, más bien, se redujo el número de contagios de menores, por cada 100 adultos contagiados pasamos de 34 en la semana de reapertura a solo 24 tres meses después. Análogamente, si las escuelas fueran lugares peligrosos de contagio su reciente cierre debió producir una caída en la pandemia, pero los datos otra vez muestran que eso no ocurrió, pasamos de 28 casos de Covid-19 en menores de edad, a 36. Con las escuelas cerradas se están contagiando más chicos que cuando estaban abiertas”, aseveró Rosero.
3.000 denuncias por violación de derechos. De acuerdo con los datos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, desde febrero, que iniciaron las clases en modalidad combinada, hasta la pausa al curso lectivo, se recibieron 3.000 denuncias por violación de los derechos y se dio apoyo y seguimiento a cada uno de los casos, que iban desde situaciones administrativas y mediación pedagógica, hasta entrega de alimentos, negligencia parental, abusos de autoridad, agresiones psicológicas, abuso sexual, violaciones , tentativas de suicidio, situaciones socioeconómicas de los padres, agresiones psicológicas, entre otras.
“Los centros educativos son entes protectores para los niños, niñas y adolescentes, donde encuentran espacios para la expresión y comunican y alertan de situaciones de agresión, negligencias, consumo de drogas, abusos sexuales. Cuando los niños, niñas y adolescentes están en el sistema educativo hay una gran ventaja para poder atender prevenir, apoyar, gestionar y dar acompañamiento”, añadió Rocío Solís.
Servicio de Orientación reforzado. Desde la Dirección de Vida Estudiantil existen otros mecanismos de información que recolectan las personas profesionales en Orientación y permite identificar estudiantes y dar seguimiento a aquellos que han sido referidos por las personas docentes. Para esto se toman en cuenta las siguientes condiciones: falta de apoyo familiar, falta de recursos económicos, violencia, personas menores de edad embarazadas, maternidad y paternidad en personas menores de edad, discriminación, xenofobia, trabajo infantil, aislamiento, ausentismo, baja autoestima, discrepancia entre estudiante docente, repitencia, situación de la persona migrante, situación de salud, situación emocional, situación laboral, consumo de sustancias psicoactivas, riesgo suicida, explotación sexual comercial y trata de personas menores de edad, entre otros.
“El Ministerio de Educación Pública cuenta con 1.740 profesionales en Orientación que brindan este servicio en 727 colegios y 450 escuelas. La intervención individual se desarrolla para atender a la persona estudiante según la necesidad que presenta, conlleva la identificación de factores de riesgo y factores protectores ante la situación presente, así como el planteamiento de una ruta de intervención por parte de la persona profesional, además de las referencias correspondientes según el apoyo que requiere la persona estudiante por parte PANI, IAFA, IMAS, CCSS, Ministerio de Salud, entre otros”, dijo Gabriela Valverde, directora de Vida Estudiantil del MEP.
En el año 2020 y durante estos meses del 2021, se han reportado 74.371 consultas e intervenciones realizadas por profesionales en Orientación ante necesidades de las personas estudiantes que requirieron una atención individual.
“Durante el periodo de pandemia, el Servicio de Orientación en centros educativos se ha reforzado con todo tipo de estrategias para comunicarse y mantener el vínculo con la población estudiantil.”, detalló Valverde.
Trabajo arduo por la exclusión estudiantil. En el ámbito nacional, el MEP genera acciones para disminuir la exclusión estudiantil. Como parte del modelo de implementación se encuentra la Estrategia de Alerta Temprana, que permite de forma preventiva la identificación, atención, seguimiento y monitoreo de la persona estudiante en riesgo de exclusión educativa, con el fin de dar respuesta inmediata, integral y articulada a las situaciones de riesgo de exclusión.
Además de la identificación de las situaciones antes mencionadas se realiza un seguimiento por medio de atenciones individuales a personas estudiantes, familia y docentes que ameriten este acompañamiento por parte de las personas profesionales de Orientación. Para el año 2020 se reportaron 56.462 motivos de consulta e intervención.
Otra acción ejecutada desde la Dirección de Vida Estudiantil es la atención de la línea AQUI ESTOY donde se ha brindado a la población estudiantil y a las familias una alternativa de apoyo emocional y primeros auxilios psicológicos, activando un apoyo adicional de identificación de riesgo de conductas suicidas y coordinando con diversas instancias intra y extra institucionales, para seguimientos y atenciones. Desde su habilitación en julio 2020, a mayo 2021 se han atendido a 1500 personas entre estudiantes y familias.
Asimismo, en 150 centros educativos de primaria se cuenta con personal profesional de equipos interdisciplinarios, que acompaña a otros actores educativos en este proceso, tanto en la parte de prevención como atención y referencia de situaciones de riesgo social.
“Los centros educativos son lugares donde el niño, niña y adolescente se encuentran seguros, establecen lazos con sus iguales y tienen alimentación segura y equilibrada”, enfatizó Solís.
La Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP está a disposición de la comunidad educativa nacional para atender denuncias y brindar contención emocional a los estudiantes y sus familias, mediante las líneas telefónicas 2221-4102 o 2221-4104 y el correo electrónico derechosestudiantiles@mep.go.cr se pueden poner denuncias y recibir acompañamiento oportuno y guía por parte de expertos.
Además, en la línea ¡Aquí estoy!, el Ministerio de Educación Pública da orientación y guía de primeros auxilios psicológicos a estudiantes que ameriten por medio de los números telefónicos: 2459-1598 o 2459-1599.
