- Propuesta se generó a partir del manifiesto firmado por los Presidentes de los Supremos Poderes a finales de mayo
Como resultado del manifiesto firmado por los Presidentes de los Supremos Poderes de la República, hoy se consolidó una primera propuesta para el abordaje del fenómeno del crimen organizado y todas sus manifestaciones.
La fuerza de trabajo técnica interinstitucional, la cual se estableció el pasado 27 de mayo, abordó cinco puntos estratégicos y generó iniciativas y acciones articuladas para lograr sanciones efectivas contra el lavado de dinero y narcotráfico, abordando temas estratégicos de financiamiento al terrorismo, corrupción y cumplimiento de estándares internacionales.
Este planteamiento fue entregado al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez, a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, y del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González; quienes la analizarán.
Para la hoja de ruta se evaluaron los marcos legales existentes y se recomiendan modificaciones a la Ley 8204 “Sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, para contar con más y mejores herramientas para reforzar la lucha contra la legitimación de capitales. Con el mismo objetivo, se considera el análisis de reformas a la Ley 7592 “Código Procesal Penal”, a la Ley 4573 “Código Penal” y a la Ley 8422 “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Asimismo, se sugieren reformas a la Ley 7425 «Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones», a la Ley 8754 “Ley contra la Delincuencia Organizada” y al ordinal 10 de la Ley 9481 “Ley de Creación de la Jurisdicción de Delincuencia Organizada”.
También, se propuso la generación de un espacio de trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial para el análisis de los requerimientos para la ejecución de la jurisdicción especializada en crimen organizado. Del mismo modo, se establece un espacio con la Dirección de Inteligencia y Seguridad para el análisis de los requerimientos del recurso humano y material de esas instancias.
Se planteó gestionar autorizaciones de capital humano para la operación del incinerador del Poder Judicial para la destrucción de droga de una manera segura, ágil y sostenible. Asimismo, se instó el análisis de un proyecto de ley que, permita dentro de los alcances de la ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, exclusivamente el uso y distribución de los dineros decomisados y comisados que tienen como destino específico el cumplimiento de los programas preventivos, programas represivos y sobre el mantenimiento y aseguramiento de bienes comisados y decomisados.
En materia de cooperación y asistencia de organismos internacionales y socios estratégicos, se recomendó intensificar los esfuerzos de trabajo conjuntos con organismos internacionales que permitan fortalecer las respuestas institucionales ya establecidas, tales como el “Programa Control de Contenedores (PCC)” y el “Proyecto de Comunicación Aeroportuaria (AIRCOP)”.
También, promover la cooperación técnica con instancias internacionales que favorezcan a las instituciones en el combate del crimen organizado, entre ellos la actualización de la herramienta tecnológica que utiliza el Centro de Intervención de las Comunicaciones del Poder Judicial.
La fuerza de trabajo recomendó definir la ruta para que la información sobre el financiamiento de partidos políticos sea más visible y fácilmente ubicable por la ciudadanía en la página web del TSE, así como para que se brinde en esta plataforma un formulario de denuncias en esta materia. En ese mismo sentido, se sugirió promover el conocimiento y discusión de iniciativas legislativas que promuevan equidad en la contienda y disminuyan la dependencia económica de los partidos políticos a capitales privados durante la campaña.
Por último, propuso establecer un Comité Operativo de Alto Nivel que brinde seguimiento operacional, político y económico a todas las acciones anteriores, cuyos miembros serán designados por cada una de las presidencias de los Supremos Poderes.
Este trabajo se enmarcó dentro de lo planteado por el Presidente Alvarado en su discurso del 4 de mayo ante la Asamblea Legislativa, al explicar que se requieren acciones articuladas entre los Supremos Poderes para lograr una sanción efectiva del lavado de dinero.
