- Autoridades del Poder Judicial y Poder Ejecutivo reafirmaron este miércoles compromiso de trabajar conjuntamente para proteger a la niñez y a la adolescencia frente a la criminalidad.
- Como parte de los esfuerzos, se incorporarán actividades educativas y de sensibilización en el calendario escolar a partir del 2022.
- “La alfabetización preventiva en materia penal juvenil es, sin duda, el aporte más importante que, desde el corazón del Poder Judicial, se ha hecho para la prevención del delito en relación con las presentes y futuras generaciones”, afirmó magistrado Álvaro Burgos.
La articulación de acciones preventivas para la protección de la niñez y la adolescencia costarricense frente a la criminalidad, une en un frente de trabajo al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, a partir de la ejecución del decreto ejecutivo que declara el 25 de mayo como Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil.
Este miércoles 23 de junio, las autoridades de ambos Poderes reiteraron el apoyo a esta iniciativa en favor de la niñez y juventud del país, la cual contempla el desarrollo de actividades educativas y de sensibilización que se incorporarán al calendario escolar, con el fin de prevenir el delito.
Según el decreto, publicado en el diario oficial La Gaceta el lunes 21 de junio, la Alfabetización Preventiva en este campo es la estrategia criminológica y educativa de carácter preventivo, dirigida a las personas menores de edad como herramienta de sensibilización y entendimiento de los derechos, obligaciones y eventuales repercusiones sancionatorias, contenidas en la legislación penal juvenil de Costa Rica.
“Hemos trabajado en diferentes ámbitos para que Costa Rica les pueda ofrecer oportunidades a los niños, niñas y adolescentes de crecer sanamente, en ambientes libres de violencia que les permita forjar un futuro mejor. La prevención resulta un concepto fundamental; por eso, por medio de la alfabetización en materia penal juvenil, se podrá ofrecer más y mejor información a nuestra niñez y población adolescente sobre sus derechos y también sobre sus obligaciones en este tema”, afirmó Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República.
“Cuanta más información tengan estas nuevas generaciones desde temprana edad, tendrán más conocimiento, más conciencia sobre la violencia y más posibilidades de prevenir ser víctimas de la criminalidad”, acotó.
Será a partir del curso lectivo del 2022 que el Ministerio de Educación Pública incluirá en el calendario escolar el Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil y se instará a los centros educativos de todo el país a realizar actividades con el fin de abordar esta temática.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, destacó que la educación es una prioridad indiscutida y un pilar del Estado Social.
“Resalto la importancia del establecimiento del Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil, como una forma para rescatar nuestra juventud, impulsarla y guiarla hacia la Costa Rica que queremos en un futuro. Las acciones preventivas son las que parecen onerosas en un Estado Social, pero son una inversión para el alma de los ciudadanos del futuro”, afirmó Cruz Castro.
El jerarca judicial puntualizó que “… la mejor política criminal, es una buena acción de solidaridad social. No hay posibilidad de tener una sociedad justa si a lo único que se apela es la represión”.
La iniciativa para la promoción de la alfabetización preventiva en materia penal juvenil la lideró el magistrado Álvaro Burgos Mata, coordinador de la Comisión Penal Juvenil del Poder Judicial y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; de hecho, el pasado 25 de mayo del 2021, él firmó como Testigo de Honor en la promulgación del decreto ejecutivo.
“La Alfabetización Preventiva en materia Penal Juvenil es un sueño al que así denominé, desde hace más de 25 años atrás; ahora se convierte en una esperanzadora realidad y una contribución significativa y concreta para las presentes y futuras generaciones de niños y niñas del país. Sin duda alguna, constituye el aporte más importante que, desde el corazón del Poder Judicial, se ha hecho para la prevención del delito en relación con las presentes y futuras generaciones», afirmó Burgos Mata.
La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez Arias, comentó que “esta es una estrategia para evitar que los niños, niñas y personas adolescentes sean víctimas del delito y puedan ejercer su derecho a desarrollarse de manera integral”.
En la actividad también participación el magistrado de la Sala de Casación Penal, Gerardo Rubén Alfaro Vargas; la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas; la Viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública, Melania Brenes Monge; la directora del Colegio Isaac Martín, Ana Isabel Blanco; el representante de la Dirección del Liberty Christian Academy, Erlyn Obando Araya, y funcionarios de la Judicatura, el Ministerio Público y la Defensa Pública.
Cambio positivo. Las acciones preventivas en materia penal juvenil que se emprendan desde las escuelas y colegios de todo el país, permitirán generar un cambio a favor de la protección de la niñez y adolescencia del país.
Así lo destacó el representante de la Dirección del Liberty Christian Academy, Erlyn Obando Araya. “Nosotros necesitamos enseñarles a nuestras generaciones el tema de las obligaciones. Un proyecto como este es la llave para educar a nuestros jóvenes, niños y niñas, sobre la responsabilidad que tienen de darle un mañana a nuestro país”, aseguró.
Por su parte, la directora del Colegio Isaac Martín, Ana Isabel Blanco, señaló que “…nuestro mayor reto es que, quienes lideran los procesos educativos tendrán una excelente oportunidad para trascender e ir más allá de la trasmisión de la información, al desarrollar la capacidad de juicio y carácter de niños y jóvenes, para que puedan estar mejores preparados y responder ante las situaciones a las que se expongan”.
El acto oficial también hizo un reconocimiento al equipo técnico que trabajó con la construcción del proyecto que materializó el decreto ejecutivo, el cual estuvo integrado por Alejandro Montero Acuña, de la Defensa Pública Penal Juvenil; Édgar Barquero Ramírez, de la Fiscalía Penal Juvenil; Ermida Agüero Ugalde, Lilliana Rojas Molina y Victoria Eugenia Sánchez Cubero del Ministerio de Educación Pública; Greylin Castillo Gutiérrez, del Patronato Nacional de la Infancia y Laura Cubillo Madrigal, letrada de la Sala de Casación Penal del Poder Judicial.
