Costarricenses,
Que en cada rincón de nuestro país haya oportunidades de calidad para todas las personas, sin ninguna distinción: este es el objetivo fundamental que debemos perseguir hoy y en las próximas décadas.
Somos capaces de soñar en grande y de hacer en grande. Esa debe ser nuestra principal meta común.
El esfuerzo a lo largo de 200 años de generaciones costarricenses tiene que ser recompensado con un presente y futuro de esperanza para este pueblo excepcional. Esa es hoy nuestra mayor responsabilidad, la que abordaré en este mensaje al país sobre el estado de la República y los asuntos de la Administración.
En este Bicentenario, la dirección, claridad y trabajo son la responsabilidad del Gobierno, en conjunto con este Congreso y las fuerzas políticas y nacionales que representamos.
Cada vez que tocamos positivamente la vida de una persona de esta tierra, que abrimos una oportunidad, un camino, una escuela, una beca, que contribuimos a la estabilidad económica, a desatar trabas, a construir infraestructura de calidad o conectividad, o a impulsar la descarbonización y la sostenibilidad ambiental, cumplimos nuestro rol.
La pasión de la nueva persona política, la del bicentenario, debe ser solo una: servir a nuestra gente. No buscando la gloria ni el aplauso, sino repitiéndose día tras día la misma pregunta: ¿qué es lo mejor para Costa Rica? Y ¿qué es lo mejor para los más humildes y vulnerables de Costa Rica?
En este momento, nuestro desafío más apremiante es el planteado por la pandemia y su profundo impacto sobre la economía y el empleo. Experimentamos la ola más fuerte de contagios en el país. Este es un fenómeno mundial, que ha obligado a muchas naciones, desarrolladas o no, a cierres totales por largos períodos.
Nuestro sistema de salud se ha puesto al límite y por eso hemos tomado medidas que procuran desacelerar la velocidad de contagio. Hemos procurado en todo momento el mayor balance posible entre la salud de las personas y el sostén de los hogares.
Al corte de ayer, lunes, más de 950.000 dosis han sido aplicadas, se han vacunado más de 600.000 personas contra la Covid-19 y más de la mitad de ellas, más de 345.000 personas, recibieron ya ambas dosis. Y ya inició la vacunación del grupo 3. Acelerar la vacunación es el objetivo que todos compartimos y por el cual trabajamos intensamente, en medio de circunstancias mundiales de abastecimiento muy desafiantes.
Abril fue el mes en que más vacunas se recibieron y aplicaron, superando el medio millón de dosis en ambos casos. Y proyectamos que mayo supere significativamente a abril en la llegada de vacunas y aplicaciones. Esta noche está previsto el arribo del vuelo con el mayor envío hasta la fecha.
En tanto, el Ministerio de Salud ya emitió la resolución para que el sector privado pueda importar vacunas que hayan sido validadas por una agencia de regulación estricta.
Yo también extraño los abrazos. Extraño los abrazos de los amigos y los de la gente en la calle o en el barrio deseándonos que nos vaya bien. Porque ese es el deseo de las personas de este país, que a todos nos vaya bien. Que tengamos comida, paz en la noche, estudios, oportunidades, amor, alegría, amigos, proyectos, sueños, esperanza.
No sin costos, no sin dolor, les aseguro que vamos a derrotar a esta pandemia y que este capítulo va a pasar.
Aun en la adversidad de la pandemia, hay hechos que nos dan esperanza y demuestran la capacidad costarricense.
Las exportaciones de bienes en 2020, aún con pandemia, registraron un incremento de 1,9% en relación con el año anterior, alcanzando US$ 11.688 millones. Al primer trimestre de este año, tuvieron un crecimiento acumulado de 11%.
El Banco Central de Costa Rica acaba de señalar en su más reciente revisión que el año pasado la economía cayó menos de lo previsto, al reducirse en 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en lugar del 4,5% estimado originalmente. Pero principalmente que este año habría un crecimiento mayor de la economía, ubicándose en 2,9% del PIB.
Asimismo, la Hacienda pública cerró el primer trimestre de este año con superávit primario, por primera vez en 11 años.
También continuamos atrayendo inversión extranjera, pese a la crisis sanitaria. Durante 2020 y 2021, Phillips, AstraZeneca, Microvention, Intel, Amazon Web Services, Viatris y Concentrix, entre muchas otras, anunciaron más empleos y nuevas inversiones, demostrando la confianza que tiene el sector privado internacional en Costa Rica.
Y esta semana, así como en las próximas, se estarán dando a conocer más inversiones adicionales y más empleos de calidad generados por empresas multinacionales.
“Que en cada rincón de nuestro país haya oportunidades de calidad para todas las personas, sin ninguna distinción”. Y que sobre esa base común de oportunidades que cada quien ejercite su libertad para construir su camino según sus anhelos, sueños, esfuerzo y talentos. Ese es el gran proyecto común llamado Costa Rica.
Las precondiciones para potenciar este programa de oportunidades universales son la estabilidad política, social, macroeconómica y la ejecución de un proyecto común continuo en el tiempo. Sin ellas, siempre estaremos trastabillando y postergando ese programa de igualdad, libertad y sueños.
¿Qué contiene ese programa vital para la Costa Rica Bicentenaria?
En lo inmediato, derrotar la pandemia y la crisis fiscal y económica para recuperar y generar empleo. En lo trascendente, y con estabilidad, desplegar el plan de 2050 de universalidad de oportunidades de calidad, de sostenibilidad vía descarbonización, digitalización y descentralización, operado por personas que estén al servicio del país con eficiencia y vocación de servicio más que con ambiciones egoístas.
Es un programa que se debe ejecutar en el ahora, como hemos venido haciendo durante estos 3 años, pero que debe ser sostenido durante las próximas 3 décadas. Se debe actuar hoy, porque eso define el futuro de esta y la otra generación.
- Educación
La educación es piedra angular para la libertad individual y el progreso colectivo. Seremos completamente libres hasta saber que todo niño, niña o joven en cualquier rincón del país tiene educación de calidad y todas las herramientas necesarias.
Que la niña del hogar más humilde tenga las oportunidades y la protección que le den las mismas libertades que goza el niño del hogar más aventajado.
La educación realmente universal, digitalizada y de calidad será el elemento central de reducción de la desigualdad en nuestro país.
En esta línea, cambiamos la prueba final del bachillerato por las pruebas Faro, que se aplicarán por primera vez este año. Así evaluaremos la calidad a lo largo del proceso educativo, y no solo cuando éste ya ha finalizado, para que las personas puedan beneficiarse de mejoras y no se queden atrapadas en un cuello de botella.
Gracias al apoyo de este Congreso, se aprobó la ley 9871 haciendo obligatorio que los próximos educadores, al ser reclutados deban demostrar su idoneidad y destrezas para enseñar. Esto hará que la educación sea de calidad alta y pareja en todas partes del país.
Para facilitar la inserción en el mundo laboral, ya se comienza a implementar la ley de educación dual, y se reformó la ley del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para modernizar las áreas de formación y otorgar más becas de estudio técnico, con un énfasis en las necesidades de cada región.
Recientemente hemos puesto en funcionamiento los modernos centros de formación del INA en Pérez Zeledón, San Ramón y Ciudad Cortés.
Todo niño, niña y joven en todo el país debe tener equipo digital y acceso a conectividad y contenidos de calidad. Es una meta urgente. La pandemia evidenció la dolorosa brecha que existe.
Es la razón por la que estamos desplegando la red del Bicentenario, la interconexión de los más de 4500 centros educativos de todo el país para que las mejores herramientas educativas digitales estén al alcance en todos los rincones.
¿Pero qué le decimos a la estudiante que hoy por la pandemia no tiene computadora o conexión, o a la que tiene que compartir su equipo con su hermano y su madre porque los tres estudian?
Para responder esa pregunta, ruego a este Congreso aprobar el proyecto 22.206 para el Programa Nacional de Alfabetización Digital. Es la vía más rápida para dotar a cada estudiante con equipo y conexión para la educación del mundo moderno.
A hoy, la Ley General de Telecomunicaciones no contempla la alfabetización digital entre sus objetivos y por ello utilizar los recursos de FONATEL es muy burocrático y lento. Pero ahí están los recursos y pueden ejecutarse, ya. Subrayo que estos recursos son de las y los costarricenses, de nadie más.
Desde 2018, lanzamos la Alianza para el Bilingüismo que ha capacitado a poco más de 110 mil jóvenes en los últimos 2 años en el manejo de un nuevo idioma. La gran meta proyectada con el MEP es que en 2040 todo alumno que se gradúe del sistema público costarricense, maneje un segundo idioma. Sea inglés, francés, mandarín o portugués.
Esa meta está hoy a 19 años, pero para lograrla hemos comenzado desde ya. Solo así podremos garantizar que cada personita que nazca en el Bicentenario será realmente bilingüe.
Entre 2019 y 2020 se han construido 256 centros educativos nuevos y 216 han sido reparados. Se reestructuró y agilizó la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativa. Pero debemos seguir la lucha por mejorar la capacidad de ejecución, para dar buenas condiciones a nuestra niñez y juventud, porque su crecimiento no espera.
Por ello, el Gobierno presentará un nuevo crédito para inversión en infraestructura educativa. El tiempo no alcanzará para que nuestro gobierno logre ejecutar ese crédito, pero le dejaremos a la próxima administración la herramienta para seguir adelante con este sueño de igualdad de oportunidades en todos los rincones.
2. Salud
La pandemia ha sido el elemento central que explica nuestras mayores dificultades desde marzo de 2020. Bajo la misma concepción de libertad e igualdad, se ha trabajado incansablemente para proteger la salud de todas las personas en todos los rincones del país, combinando las medidas preventivas, la atención en hospitales y la vacunación.
Ha sido complejo enfrentar este insidioso virus, al mismo tiempo que se procura lo mejor para la salud mental de la población, y balancear las medidas para enfrentar la pandemia con el funcionamiento de nuestra economía.
Mi agradecimiento eterno y absoluto a todas las personas que trabajan en la primera línea de protección de Costa Rica, así como al sector privado que ha afrontado la pandemia con resiliencia y valor, conservando empleos.
El país ya ha adquirido 7 millones de dosis (para 3,5 millones de personas mayores de 18 años) de las vacunas Pfizer/BioNTech, AztraZeneca-Oxford y del mecanismo COVAX. Fuimos el séptimo país del mundo en recibir vacunas.
Nuestras reuniones con fabricantes y con gobiernos han sido constantes, porque sabemos que acelerar la vacunación nos permitirá afrontar mejor la pandemia.
El principal cuello de botella es la disponibilidad de vacunas. En primer lugar, la capacidad mundial de producción está por debajo de las necesidades. Además, los países ricos que tienen el 16% de la población mundial han acaparado el 54% de la producción global de vacunas. Hemos señalado este hecho en los foros internacionales y pedido mayor justicia.
Nuestro sistema de salud pública ha desarrollado acciones extraordinarias en todos sus niveles. Esto con acciones coordinadas del Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Emergencias y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con el apoyo de muchas otras entidades, sector privado y municipalidades.
Se transformó el Centro Nacional de Rehabilitación en un nuevo Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID –el CEACO. Este, además, se vio fortalecido con 48 camas del Hospital del Trauma puestas a su disposición por el Instituto Nacional de Seguros (INS).
También se agilizó la finalización y habilitación de la Torre Este del Hospital Calderón Guardia, con salas de aislamiento especializado. En el Hospital Nacional Psiquiátrico se habilitaron 200 camas para la atención de pacientes con Covid-19.
Para atender la pandemia, durante el 2020 la CCSS amplió las camas UCI de 24 a 359 en todo su sistema. En cuidados moderados dispuso de 986 camas. Y la semana pasada se sumaron 25 camas UCI de la recién construida torre del Hospital México.
Se creó y ejecutó el bono Proteger, dirigido a personas afectadas laboralmente por la emergencia sanitaria. Agradezco a esta Asamblea por aprobar la ley que facultó al INS a trasladar ¢75 mil millones para ello. Con el bono Proteger, se entregaron poco más de 724.000 ayudas a través de una plataforma 100% digital construida en menos de un mes, logrando que en pandemia nadie tuviese que desplazarse a hacer trámites.
Durante la pandemia hemos coordinado el ingreso ordenado de trabajadores agrícolas para recolectar las cosechas de café y otros cultivos sin generar focos de contagio.
En el ámbito internacional hemos liderado junto a la Organización Mundial de la Salud la iniciativa del C-TAP, el repositorio voluntario para tecnologías para atender el COVID-19, y la iniciativa del Fondo para aliviar los efectos económicos del Covid-19 en las economías emergentes y pobres del mundo, conocida como FACE, ahora respaldada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La fortaleza de la Caja nos ha ayudado decididamente a afrontar la pandemia dando atención a las y los costarricenses sin distinción de ningún tipo. Eso muestra la importancia de protegerla y fortalecerla a través del tiempo.
El 31 de julio de 2020 firmamos un acuerdo de gran envergadura mediante el cual el Poder Ejecutivo se compromete en una ruta de pago de la deuda histórica con la Caja. Como parte del acuerdo, el Ejecutivo gestionó y pagará un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica. Con ello le abonará US$ 500 millones a la CCSS destinados a infraestructura, incluyendo la construcción y equipamiento de los hospitales de Cartago, Turrialba y Puntarenas.
La Caja está desplegando un plan sin precedentes en infraestructura y equipos para beneficiar la salud en todos los rincones. Este portafolio supera los 2 billones de colones y es el más ambicioso en sus 80 años de existencia.
Está en ejecución aún en tiempos de pandemia y tiene 331 proyectos activos. Además, de los hospitales regionales ya citados, incluye 74 sedes de Ebais y 37 sedes de áreas de salud en todo el país.
Ya en 2020 se recibieron los nuevos servicios de Emergencias del Hospital de San Carlos y estamos muy cerca de finalizar este año la nueva edificación del Hospital México. Además, durante este año se comprará el terreno para el esperado Hospital de Limón.
3. Infraestructura
“La mayor obra de infraestructura pública que nos corresponderá construir es devolverle la confianza a la ciudadanía en que sí podemos, de que sí podemos construir infraestructura en tiempo, costo y de calidad.” Eso dije el 8 de mayo de 2018.
A hoy, ya se han entregado las obras del paso a desnivel de Garantías Sociales, y el de la Rotonda del Bicentenario, en Guadalupe, el puente sobre el Río General y el puente Binacional en Sixaola; la ruta Garza-Nosara está finalizada y la ruta Paquera-Playa Naranjo se encuentra recién terminada.
Asimismo, se han colocado más de 600 kilómetros de sello asfáltico en rutas nacionales que estaban en lastre. Solo en Guanacaste se han sellado con asfalto 261 kilómetros de rutas que antes eran motivo de polvo en verano y de huecos en invierno.
La Circunvalación Norte tiene un 80% de avance y ya firmamos la ampliación del contrato que permitirá completarla tras 40 años de espera. La ansiada ruta de La Angostura, en Puntarenas, ya inició obras, al igual que avanzan la rotonda de La Bandera, los tramos Barranca-Limonal y Cañas-Limonal, las obras en la ruta uno y los pasos elevados de Taras y La Lima en Cartago.
La ruta 32 en Limón cuenta con un 40% de avance y antes de finalizar el año deberemos tener garantizados los fondos de sus obras complementarias.
La carretera a San Carlos ya tiene financiamiento y una ruta clara para su conclusión en 2025. Está en firme la adjudicación del paso a desnivel de La Galera, así como los contratos de los diseños y construcción de los pasos subterráneos de los Hatillos.
A esto debemos sumar la construcción de 30 delegaciones policiales nuevas y ocho Centros Cívicos por la Paz a través de todo el país, con una inversión de US$ 100 millones, gracias al crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobado por esta Asamblea Legislativa.
De forma similar en materia de agua y saneamiento se avanza con la construcción de 32 obras de agua potable y 6 de saneamiento que generarán cerca de 3.000 empleos directos. Destacan la ampliación del Acueducto Metropolitano, el alcantarillado sanitario de San José y el proyecto de Reducción de Agua no Contabilizada, así como los acueductos nuevos o renovados para la provincia de Guanacaste.
Se agregan a esto los proyectos de acueductos o saneamiento en localidades como Cañas, Bagaces, Nicoya, Ciudad Neily, Ciudad Cortés, Quepos, Manuel Antonio, Limón, Cóbano y Turrubares, así como en 10 territorios indígenas.
Rutas y conexión, agua y seguridad de calidad para todas y todos, en lo urbano y en lo rural. Con satisfacción, podemos decir que hemos reactivado la construcción de infraestructura como no ocurría hacía muchos años. Pero aún falta y estos esfuerzos deben ser sostenidos en el tiempo.
¿Qué le respondemos al niño que aun va a la escuela por camino de lastre y que se ensucia su uniforme por barro o por polvo?
Lo haremos enviando al Congreso un crédito para que la próxima administración pueda seguir con la tarea de tratar con sello asfáltico toda la red nacional que hoy está en lastre. Al ritmo que hemos llevado, a más tardar en 2026 toda la red nacional contará con sello asfáltico y el lastre será cosa del pasado. Este crédito también contempla la mejora de puentes en todo el país y la construcción de la radial de Desamparados.
Durante este año avanzaremos vía concesión de obra pública con el proyecto de Ciudad Gobierno, en las cercanías de plaza González Víquez. Reunirá 16 instituciones en 8 edificios, reduciendo los gastos en alquileres y revitalizando la capital, al tiempo que crea 3 mil empleos de construcción por año. Este jueves la Ministra de Planificación hará públicos los detalles.
La visión de la movilidad de la administración es una moderna y encadenada con la descarbonización, el bienestar y la salud de nuestra gente. Es una visión país, no de una administración. Seguiremos adelante con el pago electrónico, con fortalecer la modalidad de buses y la intermodalidad, con una estrategia de movilidad no motorizada y con la claridad de que el desarrollo urbano tiene que orientarse al transporte público.
En esta línea, en cumplimiento de mi compromiso de campaña, nuestra administración licitará el Tren Eléctrico Metropolitano, un proyecto que traerá salud, agilidad, ahorro y crecimiento económico. La próxima administración podrá de esta forma construir la primera línea del proyecto.
También dejaremos el financiamiento y el proceso de licitación del Tren Eléctrico Limonense de Carga, y el plan nacional ferroviario que cubre 6 de las 7 provincias.
Avanzaremos con el cartel para la ampliación del puerto de Caldera, una obra indispensable para profundizar el comercio con Asia.
Para setiembre de este año iniciaremos con la adjudicación de concesiones de la sectorización con los nuevos criterios de calidad y con las modernizaciones para hacer la transición a movilidad eléctrica y mejor calidad de servicio. En este sentido, necesitaremos el apoyo de este Congreso para aprobar un proyecto de modernización para el transporte público de buses que enviaremos este mes.
4. Sostenibilidad y Descarbonización
El transporte público seguro, eficiente y renovable, así como la transformación de la flota de vehículos livianos y transporte de carga son solo 3 de los 10 pilares de nuestro Plan de Descarbonización hacia el 2050.
La crisis climática puede hacer que el planeta no sea habitable para nuestros niños y niñas, que se pierdan la biodiversidad y los hábitats, que se eleven los niveles de los mares y que sea cada vez más difícil producir alimentos.
El Plan de Descarbonización es una hoja de ruta imprescindible para las próximas décadas. Pero además su materialización le aportaría al país más de US$ 41.000 millones en beneficios netos, según el estudio realizado por el BID, la Corporación RAND y la Universidad de Costa Rica.
En otro pilar de dicho plan, seguimos impulsando la economía circular con el lanzamiento en marzo pasado del Plan de Acción para la Gestión Integral de Residuos, construido junto con la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, cooperación extranjera y las instituciones públicas.
En el sector agropecuario se continúa con los procesos de ejecución de las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas en lo relativo a banano, plátano, arroz, caña de azúcar y ganadería, siguiendo el ejemplo de lo que ya el país logró con el café.
Las acciones de adaptación en la agricultura agregan valor a lo que generan nuestros productores. Esto es apoyado por el Plan de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción, cuyas ventas pasaron de poco más de 44 mil millones de colones en 2017 a 101 mil millones de colones en el año 2020.
El fortalecimiento de este mercado les da pie firme a los productores para innovar y poder elevar su valor agregado o incursionar en la exportación. Ayudarles a dar este salto es el valor más poderoso del PAI.
El futuro de nuestra agricultura está en la digitalización, la agricultura de precisión, la adaptación climática, y en entender que el crédito al agro no es como los demás. Es crédito para producir lo que comemos en tiempos de riesgo climático y para mantener la vida digna en nuestros campos, sin forzar a las personas a dejar la tierra y migrar.
En materia energética, avanzamos con la construcción de la Estrategia Nacional de Hidrógeno. También continuaremos con la instalación de centros de carga rápida para vehículos eléctricos a lo largo y ancho del país, donde a nivel de cobertura Costa Rica tiene liderazgo a nivel regional.
Los avances en el pilar de Soluciones Basadas en Naturaleza, incluyen la creación de una nueva categoría de manejo, los Parques Nacionales Urbanos, con el objetivo de conservar ecosistemas en la ciudad, y el lanzamiento del programa Huella del Futuro, para reforestar con 200 mil árboles la Zona Norte y dar empleo a mujeres.
Junto a Francia y el Reino Unido, Costa Rica lidera la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas. La iniciativa impulsa que al 2030 el 30% del territorio terrestre y marino del planeta esté protegido, siguiendo la recomendación científica de que esta es la ruta para proteger la vida en la Tierra.
¿Pero qué le vamos a responder los jóvenes de hoy que ven con preocupación la destrucción del planeta en que les tocará vivir como adultos?
Con la ambición de proteger el 30% de nuestro océano, hemos iniciado el proceso para ampliar la protección de la Isla del Coco, un ecosistema único y área de reproducción de especies claves. Este será un legado de nuestro Bicentenario. Costa Rica seguirá así con su estilo de liderazgo, basado en el ejemplo, y motivo de orgullo nacional.
El Acuerdo de Escazú lleva ese nombre como reflejo del liderazgo del país en la materia. Un acuerdo que refuerza el acceso público a la información ambiental, a la participación y al acceso de justicia en asuntos ambientales no debe ser sujeto de miedos, cálculos o excusas para nadie. A todas luces lo correcto es ratificarlo.
Igualmente debemos prohibir la exploración y la explotación petrolera. Por falsas ilusiones de riqueza sucia, no podemos darle la espalda a un legado verde construido por generaciones, cuando el mundo entero hoy se aleja del petróleo y ve a la Costa Rica verde como referente mundial.
Desde 1977 arrastramos la situación de la tierra en los territorios indígenas, generando dolor e incertidumbre para cientos de personas en las comunidades. Ya está en la última etapa de conformación el fideicomiso para materializar el plan de Recuperación de Territorios Indígenas, al cual me he comprometido a inyectar recursos adicionales en el presupuesto 2022.
En paralelo, trabajamos con los 24 territorios y 8 pueblos indígenas en la elaboración participativa de la Política Nacional de Pueblos Indígenas.
5. Empleo territorial
Además de la pandemia y de la estabilidad de la economía, el problema de nuestro país más grave y cercano a nuestro pueblo es el desempleo. Y lo empeora su persistencia en el tiempo, pues desde hace ya una década ha registrado tasas superiores al 10 por ciento, que son aún más graves a nivel territorial.
En el momento más difícil de la pandemia, el desempleo llegó al 24,4%. Al momento de hablarles, si bien se ha reducido al 18,5%, sigue siendo demasiado alto.
Hemos impulsado acciones desde el Instituto Costarricense de Turismo para impulsar la mayor atracción posible de turistas nacionales y extranjeros para apoyar a este sector, el más golpeado por la pandemia. Además, como comprometimos, reabrimos al turismo y con instalaciones modernizadas la isla de San Lucas, que estuvo cerrada 20 años.
El Banco Central ha implementado mecanismos para ampliar el crédito, y permitir mayores readecuaciones de los bancos a las empresas.
Desde el pico más alto de desempleo por la pandemia, son ya casi 270 mil las personas que han vuelto a estar ocupadas. Tenemos 7 meses consecutivos de reducir la tendencia del desempleo, pero aún falta un largo trecho por recorrer.
A esto se suman dos grandes retos estructurales de larga data: empatar las ofertas de empleo con las capacidades de la población y lograr un crecimiento de las opciones productivas más allá de la Gran Área Metropolitana.
He comentado ya sobre las acciones en el INA, que se han combinado con un esfuerzo interinstitucional para que las oportunidades lleguen a todas las regiones del país, especialmente al promover el potencial de inversión en 20 cantones fuera de la Gran Área Metropolitana, como Limón, Buenos Aires, Puntarenas, Liberia, Carrillo y la zona Occidente, por mencionar algunos.
El otro reto es que estos esfuerzos lleven a un desarrollo verdaderamente nacional. Que no se queden primordialmente en una sola región, sino que cubran a todas las regiones.
Por esta razón, en marzo presentamos al país la Estrategia Económica Territorial 2020-2050, la cual plantea el impulso de 11 polos de desarrollo y 6 corredores logísticos, para descentralizar y digitalizar el modelo de desarrollo del país a través de 175 intervenciones clave debidamente identificadas y cuantificadas.
Aspiramos al establecimiento de un polo agrícola-logístico en Guápiles, uno turístico-portuario en el Golfo de Nicoya y uno marítimo-logístico en Quepos, Parrita y Uvita, por citar solo tres ejemplos. Esta estrategia llevará desarrollo productivo y empleo a todas las regiones, y además lo generará de acuerdo con los conocimientos, recursos y potencialidades de cada zona.
6. Seguridad y Narcotráfico
Fortalecer la seguridad ciudadana pasa por brindar a nuestros cuerpos policiales condiciones apropiadas para su labor. A la importante mejora en la remuneración salarial a los oficiales de policía, sumamos en el 2020 una importante modernización del equipamiento, con recursos propios y cooperación de gobiernos amigos.
Se adquirieron tres modernas lanchas para operaciones de rescate, combate al narcotráfico y protección de los recursos marinos y se repararon otras cuatro.
Se sumó la primera aeronave policial equipada para traslados médicos, 100 motocicletas de 650 centímetros cúbicos, y se fortaleció el Centro Policial Binacional Costa Rica-Panamá, único a nivel latinoamericano.
En el cantón de Puntarenas hemos desarrollado una estrategia integral para la prevención de la violencia, con la acción conjunta del gobierno local, organizaciones de la comunidad, las instituciones del sector social y los equipos de seguridad ciudadana.
Pronto habrá entre El Roble y Barranca un nuevo centro cívico, y me he comprometido a generar las condiciones para llevar empleos a la zona franca durante este último año.
La respuesta a la pandemia por sí sola demandó la realización de 132 megaoperativos, además de una intensa acción diaria. En este contexto, las autoridades policiales lograron consolidar lo ya avanzado respecto a la tasa de homicidios: con 11,2 por cada 100 mil habitantes se mantuvo en 2020 en el nivel del año precedente. Dolorosamente sufrimos 3 femicidios más que en el año 2019.
En los delitos contra la propiedad, que más afectan a la ciudadanía, las denuncias por asaltos contra las personas bajaron en 5.963 y las de hurtos disminuyeron en 6.992. Las de robos a viviendas se redujeron en 1.976 casos, y las de robos y tachas de vehículos combinadas fueron 2 .428 menos que el año anterior.
El trabajo articulado de todos los cuerpos policiales permitió incautar 71 toneladas de drogas, marcando el tercer año consecutivo con un récord en este campo.
Así de exitosos debemos ser en otro aspecto del combate al crimen organizado: el lavado de dinero. Solo en 2020, hubo 550 reportes de operaciones sospechosas, que se plasmaron en 266 informes presentados al Ministerio Público para que determine si abre una causa penal.
Quiero ser categórico, como país es imperativo que golpeemos las actividades de lavado de dinero. El lavado es un grave riesgo y una ofensa a un país que trabaja con honestidad.
Para ello, requerimos una acción aún más articulada del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo para lograr la sanción del lavado de dinero y que ahí avancemos como lo hemos hecho en incautación de drogas. Juntos podemos lograrlo.
7. Estabilidad macroeconómica y reforma del Estado
La estabilidad económica y política son condiciones indispensables para el crecimiento y el bienestar. Es clave la activación de nuestra economía. Pero la retórica de solo hablar de reactivación evadiendo la estabilidad es irresponsable, porque no es posible crecer a plenitud hasta que sentemos bases firmes para nuestras finanzas nacionales.
Por años, como país le dijimos a nuestros socios extranjeros, a los mercados y a nuestra población que arreglaríamos nuestras finanzas públicas. Y durante años, no lo hicimos.
Se concedieron convenciones colectivas y privilegios abusivos que superaban la justa remuneración laboral en lo público. Por otra parte, a sectores económicos no se les cobraron los impuestos como se debía.
Desde 2014 inició la renegociación para eliminar los privilegios en las convenciones colectivas abusivas, camino que hemos continuado. Tampoco se deben olvidar las reformas a las pensiones de lujo que esta Asamblea aprobó o la limitación a salarios altísimos como la que hizo este gobierno en las gerencias de los bancos públicos y de ahí para abajo. Pero antes de esto, la tendencia era la contraria.
Entre 2007 y 2017 el gasto total sin intereses del Gobierno aumentó en promedio un 14,6% al año, mientras que en el mismo periodo los ingresos solo crecieron un 10,4%. Abrimos una tremenda brecha de gasto. Y el gasto público en remuneraciones creció a un ritmo anual promedio de 12,6%. Hubo años que incluso creció más de un 20%.
Todo esto hizo que la deuda pública, la deuda de todo el pueblo, pasara de 23,97% en 2008 a 46,78% en 2017. El pago de intereses se disparó, como una tarjeta de crédito fuera de control. Mientras en 2008 se destinaron 340 mil millones en pago de intereses, en 2017 se pagó el triple: más de un millón de millones de colones. Hoy el principal disparador del gasto es el pago de intereses de la deuda pública.
Así se fue formando la pesada hipoteca heredada por la presente y futura generación.
En 2018 eso cambió. Con la participación activa y valiente de este Congreso aprobamos una reforma fiscal histórica, para resolver el problema. Además, de 2018 a 2020 el Presupuesto de la República solo ha crecido, sin considerar intereses, un 4%, comparado con más de 14% de la década anterior.
No obstante, era imposible prever que vendría una pandemia, así como sus efectos en la economía y en las finanzas públicas, las cuales teníamos en ruta de saneamiento.
Nuevamente, no nos quedamos de brazos cruzados, y actuamos. Hoy ante este Congreso está un acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es la vacuna para la estabilidad que necesitamos. La necesita el presente, la necesita la futura generación, y todas las personas a través del país.
Quiero ser categórico. No avanzar en esta agenda es el riesgo más inminente y grave que se cierne sobre Costa Rica.
El acuerdo con el Fondo no implica el despido de nadie. No implica reducción salarial para nadie. No privatiza ninguna institución. No toca el IVA ni grava a los más pobres.
Pero sí reduce el gasto público, principalmente, a la vez que genera ingresos solidarios y progresivos como en el caso de los tributos a las casas de lujo, los premios de lotería, las remesas o la renta global. Genera mayor igualdad eliminando exoneraciones que benefician a unos pero a costas de los demás, y pone a las empresas públicas, las de todas y todos, a aportar para ser parte de la solución.
Es crítico para este Gobierno, pero principalmente para el próximo, que este acuerdo se apruebe con los alcances que requiere. De no ser así, el próximo Gobierno entrará en su primer año en un terreno enlodado, teniendo que arreglar problemas que hoy podemos y debemos dejar solucionados.
Además, adelanto que para cumplir las metas, la próxima Administración deberá seguir en la ruta de rigurosidad de la hacienda pública y clara priorización de su agenda. No hay margen para tanteos, indisciplina o despilfarros.
Pude haber evitado el costo político de enfrentar de lleno este tema en el último año de mi Administración, pero ese cálculo no lo hago ni lo haré, porque sería traicionar al país al cual juré servir.
La salud de nuestras finanzas públicas no es un fin en sí misma. Es la forma para que tengamos los recursos sanos para hacer realidad, sin penurias, nuestros anhelos como sociedad.
Pido por lo tanto, respetuosa y enfáticamente a este Parlamento, la aprobación del acuerdo con el FMI y su agenda adjunta.
La agenda de reforma y mejora continua que impulsa la Administración debe seguir. Una agenda que tiene un viento de cola positivo por nuestro ingreso a la OCDE, primer país de Centroamérica en hacerlo y cuarto en Latinoamérica, foro donde nos comparamos con las democracias y economías más desarrolladas. Por ejemplo, usando los exigentes estándares OCDE, simplificamos el registro de moléculas para controlar plagas, y en 40 días hábiles ya se inscribió la primera nueva molécula, algo que por años fue imposible.
Desde mi óptica, la reforma al reglamento legislativo y la reforma al empleo público son dos de las grandes reformas del Estado que hasta ahora se legarán. La primera porque permite hacer las reformas necesarias de forma democrática, más rápida y sin tanto obstruccionismo. La segunda porque moderniza el servicio público y procura su eficiencia y equidad.
Pero la agenda no se agota ahí. En las próximas semanas y meses espero que se apruebe el proyecto de Ley de contratación administrativa, para agilizarla y hacerla más transparente, así como la reforma a la Ley de exceso de trámites y requisitos, para también agilizar la relación entre lo público y lo privado, relación que aspiramos sea de sinergia y no de antagonismo.
Respetuosamente pido a esta Asamblea la aprobación de proyectos tan relevantes como la Ley del fondo de avales, la Ley de moratoria para Pymes ante la CCSS, y la Ley sobre el derecho de uso ambiental. Asimismo, una ley para los precios de los medicamentos, la Ley para la prohibición de la explotación y exploración petrolera, la Ley para la pesca del atún y la nueva Ley para el transporte público en buses.
Las reformas al Estado deben venir, pero el Estado Social de Derecho debe prevalecer. Por eso, a pesar de los recortes y la contención del gasto, hemos sostenido los programas sociales como becas, comedores y ayudas económicas a las personas más vulnerables.
Hemos aprobado una reforma fiscal y negociado un acuerdo con el FMI y hemos demostrado que es posible enfrentar la crisis fiscal sin desmantelar el Estado Social de Derecho. Desde nuestra óptica, la única manera de garantizar la supervivencia de ese Estado Social de Derecho es saneando las finanzas públicas y asegurando que contaremos con recursos para mantenerlo en funcionamiento, renovado y fortalecido.
El éxito de las instituciones está tanto en su diseño y constante mejora, como en el buen liderazgo político, claridad de objetivos y probidad de quienes las dirigen.
El gobierno es resultado tanto de las instituciones como de las personas a cargo y eso aplica para las instituciones de todos los Poderes de la República.
Quiero ilustrar a qué me refiero.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es empresa clave para seguir llevando conectividad en la era digital y para la descarbonización con energías limpias y renovables. Creo en un ICE público y moderno en un ámbito de competencia. Pero más aún, creo en un ICE bien manejado.
El esfuerzo de esta administración con el ICE ha sido devolverle su solvencia y capacidad de desarrollo para el país.
A pesar de la pandemia, en el 2020 el Grupo ICE alcanzó el margen operativo y el margen EBITDA más alto de los últimos 5 años, a raíz de las acciones que se han ejecutado para garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo.
En agosto 2020 culminó la renegociación del Fideicomiso Uno de Reventazón, para mejorar el flujo de caja y reducir el riesgo cambiario. Se ajustó la compra de energía a los generadores privados a la necesidad real del país. El ICE vendió bienes en desuso. Renegoció las comisiones con terceros. Redujo alquileres, digitalizó procesos, mejoró controles a las compras y abrió una movilidad voluntaria.
Se detuvo el proyecto Diquís en un contexto de excesiva capacidad instalada, y que hubiese aumentado la deuda de la institución en US$ 1.700 millones.
Sus estados financieros consolidados del 2020 serán publicados de acuerdo con las Normas NIIF, cumpliendo con un hito clave en materia de transparencia y solidez.
La reducción de las tarifas eléctricas en más de 10% se logró gracias a estas acciones. Se trabajó duro por tres años para llegar a esto.
Pero tenemos que aprender del pasado, en el cual se adoptaron decisiones que afectaron el interés público y a esta empresa estatal de todas y todos.
Se compró la empresa privada Cable Visión de Costa Rica en 2013, la cual en los últimos años acumulaba una pérdida neta de más de 6 mil millones de colones. Está en curso una investigación sobre las circunstancias de esta compra.
Antes, en 2011, la directriz 15-MINAE llevó a su máxima capacidad la participación del sector privado en la generación eléctrica, al mismo tiempo que aumentó la participación de las cooperativas de electrificación rural. Esto, sumado a la entrada de operación de nuevas plantas del ICE, ocasionó un crecimiento de la capacidad instalada muy superior a las necesidades energéticas. Mucho de lo anterior se trasladó a las tarifas.
Es decir, intereses particulares prevalecieron sobre el interés público.
El peor caso se dio desde la CNFL, donde en el pasado se construyeron los proyectos Balsa Inferior y Eólico Valle Central, mal planificados y ruinosos. Al punto que sumieron a todo el Grupo ICE en una situación financiera muy compleja por los altos costos financieros y el no reconocimiento tarifario de la totalidad de dichas inversiones.
Así no se puede. Esos manejos en una empresa privada hubiesen llevado a despidos de jerarcas por parte de su asamblea de accionistas, cuando menos. Pero las decisiones antes descritas casi no tuvieron repercusiones.
En síntesis, el ICE es una gran institución de desarrollo, pero debe manejarse bien y de cara a un solo interés, el interés público, y no a otros intereses. Tengo que ser claro: si como país no tomamos acciones drásticas, las malas decisiones tomadas en el pasado en la CNFL van a comprometer la sostenibilidad financiera del ICE. Por eso he instruido tomar acciones en este sentido, las cuales serán comunicadas en junio por su jerarca.
El caso de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) es complejo y da para mucho debate. Lo cierto es que al firmarse el contrato en 2012 para el funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), lo que se concretó ahí fue el traslado del 84% de la carga y el 80% de los ingresos de JAPDEVA a la TCM, a cambio de un canon.
Se cedió un negocio público a un privado sin una compensación adecuada, y sin garantías de mejores tarifas y mejor operación. Además sin un plan claro de transición de JAPDEVA. Así, al iniciar operaciones la TCM en febrero 2019, JAPDEVA se topa de frente con la caída masiva de sus ingresos y manteniendo el mismo nivel de gasto.
Hoy la realidad es que las tarifas de la TCM son más caras que antes y la terminal, a dos años de su entrada en operación, está ya llegando a su saturación operativa. Como Gobierno, en representación del Estado que firmó este contrato, velaremos por su cumplimiento. Pero no podemos dejar de mencionar esta realidad.
JAPDEVA no fue manejada en los últimos 20 años con criterios de eficiencia y valor público. Entre 2002 y 2019, la entidad tuvo una planilla promedio anual de 1.291 personas. En otros puertos y autoridades portuarias de Centroamérica, el peso de la planilla es de entre 20% y 30% de su presupuesto. En JAPDEVA era del 65%.
Lo anterior revela que en JAPDEVA la planilla se convirtió en un fin en sí misma; no se contrataba con criterios de eficiencia o con el desarrollo de Limón en la mira, sino con criterios clientelares y populistas. Esto sin ahondar en lo que se convirtió la convención colectiva de la institución.
En 2019, con una institución inmersa ya en una grave crisis, fue necesario tomar decisiones categóricas. Se generó la discusión responsable con los señores y señoras diputadas que llevó a la Ley 9764, la cual permitiría la transformación de JAPDEVA y, sobre todo, abría una verdadera posibilidad de buscar su recuperación para y por Limón.
En mayo 2020, y con cinco meses de realizar acciones contundentes, los resultados iban hacia la estabilización y los nuevos negocios: reducción de gastos en 46%, especialización de las terminales de JAPDEVA -una en carga y otra en turismo-, eliminación de duplicidades de funciones y ejecución de los proyectos del canon.
Sin embargo, la institución enfrentó un embargo preventivo de sus cuentas por parte de su sindicato sobre un litigio viejo. El mayor riesgo de un cierre técnico de JAPDEVA lo generó su propio sindicato. Luego de casi un año, hace apenas 14 días se recuperaron los fondos embargados, lo que permitirá retomar el camino de mejora y transformación.
El Gobierno continuará arreglando estos y otros problemas, y sentando las bases sólidas para que JAPDEVA se transforme y pueda tener una terminal de cruceros, una marina y una estación logística intermodal; así como para la ejecución del canon y la supervisión de la TCM. Todo enfocado en el desarrollo de Limón.
Y qué decir de una carretera a San Carlos que tuvo por más de 10 años un contrato abierto y gastando dinero de los costarricenses sin concluir la obra… Hasta que ese contrato se cerró en esta Administración y el proyecto se puso en orden.
Estos casos son emblemáticos del daño que se le hace al país cuando las instituciones se manejan mal. Nos hemos propuesto cambiar estas realidades y entrarles de lleno, en lugar de ver para otro lado. Asumir los costos. Aprender de los errores y corregirlos.
Las empresas públicas son del Pueblo costarricense, no de intereses privados que les compran o venden, no de sus sindicatos, no de los jerarcas de turno. Entender esto es un cambio que debe prevalecer en la política del Bicentenario si este país quiere soñar, pensar en grande y prosperar.
Aun así, puedo decir que las instituciones democráticas de Costa Rica siguen siendo fuertes. Ante instituciones enfermas, tenemos que actuar para modernizarlas y para asegurarnos de que las lideren personas de buen actuar. Y de que asuman esos cargos no por poder, negocios o figuración, sino por ayudarle a Costa Rica.
La persona política del Bicentenario debe tener como única obsesión servir y ser útil. Y al serlo, al ver el fruto de su trabajo en el bienestar de otros, que sea ahí donde reciba su verdadera paga, la más excepcional, la que va al espíritu y al sentido de propósito y del deber cumplido.
Solo así se puede soñar y hacer grande el país. Sin ataduras.
Costarricenses,
Como gobierno, hemos seleccionado los problemas a enfrentar de acuerdo con su urgencia e importancia para el país. Si aún no hemos abordado algún problema no ha sido por evadirlo, sino porque hemos estado enfocados antes en un problema de mayor magnitud nacional.
Los hemos abordado poniendo énfasis en las soluciones y asumiendo costos y riesgos políticos poco usuales en nuestro medio.Ante los enormes desafíos que nos ha tocado acometer, nos hemos concentrado en dar respuestas y no en buscar culpables. Esto ha hecho posible que avancemos.
Nos hemos guiado por nuestro objetivo de arreglar problemas que afectan a la gente, la de hoy y la del futuro. Y no nos hemos salido de nuestro contrato con la ciudadanía, nuestro plan de Gobierno.
No nos hemos escudado ni nos escudaremos en el discurso de la ingobernabilidad. La gobernabilidad depende de la clase gobernante. Depende de nuestra voluntad. De elevarnos sobre nuestro interés inmediato, sectorial, electoral, el que sea, y trascender a construir eso que bien llamamos Patria.
Aun en el debate acalorado, y con madurez, hemos reconocido que la única forma de avanzar es la sinergia entre el Legislativo y el Ejecutivo. Se pudo haber escogido otra ruta, pero tendríamos 3 años de paralización.
Gracias a Dios, ese no ha sido el caso. Nuestro énfasis ha sido impulsar soluciones haciendo caso omiso a la nefasta psicología tradicional y destructiva de oposición versus gobierno. El pueblo por medio de su voto conformó la estructura partidaria del Poder Legislativo y una cabeza en el Ejecutivo. Sensibles y respetuosos a esa decisión del pueblo, hemos actuado.
Estos conceptos son la interpretación de la etapa que vive nuestra democracia. El multipartidismo que prevalece ya hace dos décadas, nos tiene que hacer madurar y entender la gobernanza en cohabitación.
Puede que haya llegado el momento de discutir y repensar nuestra Constitución para la época que vivimos, donde se reconozca un modelo semi parlamentario para gobernar, una identidad digital y derechos digitales para la modernidad, el cambio climático, la descarbonización y la sostenibilidad, el reconocimiento en igualdad de los derechos humanos de absolutamente todas las personas y la igualdad real entre hombres y mujeres como impostergable. No concibo futuros gabinetes que no sean paritarios.
Para estas discusiones, también es menester madurez.
Basamos nuestra acción en información rigurosa, datos, historia y creatividad; no en camisas de fuerza ideológicas o dogmas. En el mundo de hoy, la ideología se ha tornado en la mecanización de las ideas, y no el ejercicio del pensamiento. Por eso, no me sorprende ver que la izquierda me llame neoliberal y la derecha me llame comunista.
Lo que no cambia en nosotros son los principios. Y el principio supremo es qué es lo mejor para Costa Rica, pensando primero en los más vulnerables.
Si este maravilloso país va a ser más desarrollado para todas y todos y por doquier, lo será con sus propias reglas, rompiendo moldes y creando los propios. La ideología importada o la repetición de consignas sin ideas o pensamiento propio, no son la ruta costarricense. De ahí que sea tan importante para nosotros, como pueblo, crear y gestionar nuestro propio programa de desarrollo, al 2030, al 2040, al 2050.
Al 2021 debemos cumplir con la estabilidad económica, vencer al COVID-19, recuperar empleos, sentar las bases de la mejora decisiva del transporte público en sus distintas facetas y ampliar la protección marina del país.
Al 2022, una red educativa digital para los 4.500 centros públicos del país, y una sana y democrática transición política que ahuyente el populismo nefasto.
Al 2023 un superávit primario de las finanzas públicas, gracias a lo que decidamos en las próximas semanas, que trace la salud de nuestra economía y un buen futuro a los más jóvenes y vulnerables.
Al 2025 la primera línea del Tren Eléctrico Metropolitano.
Al 2026 toda la red de caminos nacionales con sello asfáltico.
Al 2030, a más tardar, la eliminación de la pobreza extrema gracias a la política social de precisión que hemos desarrollado en los últimos 7 años, así como una reducción drástica de la desigualdad gracias a la empleabilidad y a educación y salud de igual calidad en todos los rincones.
Al 2040 que todo graduado de la educación pública sea bilingüe.
Al 2050 una economía que culmina su proceso de descarbonización con sostenibilidad, con respeto pleno de los derechos humanos, sin pobreza, con igualdad de oportunidades, donde las desigualdades que existan no se deban a la falta de oportunidades sino al esfuerzo y talento de quienes quieran sobresalir.
En ese 2050 un país con 11 polos de desarrollo descarbonizados, digitalizados y descentralizados, que generan bienestar en todo el territorio, para todas y todos, a partir de la Estrategia Económica Territorial para una Economía Inclusiva y Descarbonizada.
Y para el 2121, que las y los costarricenses que vuelvan a ver 100 años atrás estén orgullosos de lo que nosotras y nosotros, sus bisabuelos, hayamos hecho.
Estas deben ser las pasiones de las nuevas personas políticas, las del Bicentenario.
Respetadas señoras y señores diputados,
Nos queda por delante un año más de trabajo. Que cada minuto rinda, que cada día sea largo, porque el año parecerá corto. Pero si en tres años juntas y juntos hemos hecho tanto, en medio de tanta adversidad, démosnos la oportunidad de que este año restante sea tanto o más productivo que los anteriores.
La labor que seguiremos haciendo este año, será esa que hará historia y recibirá agradecimiento en el futuro.
Una vez más, con humildad, aquí está mi mano abierta. No importa si simpatizan o no conmigo. Eso no es lo importante.
Lo que importa, por mucho es superior:
Es Costa Rica.
Muchas gracias.
