- Ley N.° 9986 permitirá que el Estado responda con más rapidez, ordena y hace más transparentes los procesos de contratación pública.
- Presidente de la República destaca que la nueva legislación está enmarcada en las mejores prácticas de la OCDE y es una de las reformas más significativas en los últimos años.
- “Esta visionaria ley será una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos estatales, reduciendo costos, fomentando la competencia en contratación, la transparencia, el uso de la tecnología y simplificando la participación del sector privado, entre otros”, dijo la Contralora General de la República, Marta Acosta.
- “Esta nueva ley es un cambio de paradigma en materia de compras públicas que generará dinamismo en la actividad económica”, explicó la diputada Ana Lucía Delgado.
Con el fin de actualizar, agilizar y modernizar por completo los procesos de contratación pública para así procurar una mayor rapidez y eficiencia en la respuesta estatal, Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, y Elian Villegas, ministro de Hacienda, firmaron la Ley General de Contratación Pública (N.° 9986).
Esta nueva ley agiliza los procesos de contratación con el fin de que el Estado pueda responder con más rapidez a las diferentes necesidades en este ámbito; además, ordena y transparenta los mecanismos de contratación al establecer un sistema digital unificado para toda actividad contractual en que medie el empleo de fondos públicos.
La Ley N.° 9986 ofrece además un mecanismo que agilizará los proyectos de inversión y obra pública. Ya que se habilitará un proceso de contratación abreviado para las fases de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos de inversión pública que se encuentren debidamente inscritos ante el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). Esto permitirá desarrollar los estudios y diseños necesarios con mayor agilidad.
La ley establece que todas las instituciones del sector público estarán obligadas a utilizar el SICOP como plataforma para realizar sus compras, algo fundamental para la transparencia de los procesos de contratación administrativa.
El Presidente de la República aseguró que esta ley está enmarcada en las mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Este es un día de celebración que tiene poco más de tres años; lo bueno, cuesta. Esta es una de las reformas más importantes del Estado costarricense de los últimos años. Esta ley ayuda a que el Estado pueda atender mejor y con más rapidez las necesidades de la ciudadanía. Además, es una muestra de cómo actores con perspectivas diferentes pueden trabajar en conjunto para procurar un bien mayor”, destacó el mandatario, acompañado por el Ministro de Hacienda, la Ministra de la Presidencia, Geanina Dinarte; la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, y cuatro diputados.
La nueva ley, que viene a reemplazar y renovar la Ley de Contratación Administrativa de mayo de 1996 y su reforma posterior, elimina diferentes regímenes de contratación con el fin de que todo el aparato estatal utilice los mismos parámetros y mecanismos, con lo cual se genera mayor transparencia y se estandarizan los procesos de contratación.
“Esta Ley General de Contratación Pública es una reforma de Estado diseñada para impactar el modelo institucional. Se trata de una ley que apuesta fuertemente por la eficiencia en la gestión de contratación, en la eficiencia del gasto, en la simplificación de trámites, la transparencia, la planificación institucional y la estandarización de los procedimientos de compra, bajo un único régimen de contratación pública en un sistema digital unificado. Esta nueva ley es una reforma estructural, un cambio de paradigma en materia de compras públicas que generará dinamismo en la actividad económica», explicó la diputada Ana Lucía Delgado, una de las impulsoras de esta legislación.
Para la Contralora General de la República, esta ley es un logro: “De frente a la compleja realidad que vive actualmente nuestro país, esta visionaria ley será, sin duda, una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos estatales, reduciendo costos, fomentando la competencia en contratación, la transparencia, el uso de la tecnología y simplificando la participación del sector privado, entre otros, para procurar la satisfacción del interés general”.
Asimismo, Marta Acosta Zúñiga destaca la lección que deja el proceso de creación y aprobación de esta ley. “Ha sido una experiencia fecunda, la cual debería repetirse con mayor frecuencia; considerando que de existir voluntad, es posible lograr consensos, aún entre los sectores más diversos y los temas más complejos y técnicos”, dijo.
La Ley General de Contratación Pública también reduce los plazos en la gestión de las contrataciones y simplifica los procesos.
En el diálogo multisectorial, al discutir las propuestas fiscales de alto consenso, los sectores acordaron, el 7 de noviembre del año pasado, apoyar la proposición para que se extendiera la cobertura de SICOP al 100% del sector público –atendiendo las barreras de implementación identificadas por la Contraloría General de la República–; adicionalmente, le solicitaron a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley N.° 21.546 (Ley General de Contratación Pública).
