- Los 10 países representados eligieron por unanimidad candidatura nacional
- Costa Rica llevará responsabilidad del programa por 2 años
Costa Rica conducirá la presidencia del Programa Iberoamericano en Discapacidad (PID) a partir del presente mes de abril y hasta el año 2023. La votación fue unánime por parte de los 10 países que integran el PID, lo que muestra un reconocimiento internacional al liderazgo que ha desarrollado nuestro país en materia de promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
La elección favorable a Costa Rica se dio en el marco del octavo Consejo Intergubernamental del Programa Iberoamericano de Discapacidad.
El PID fue adoptado por la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (La Antigua, Guatemala, noviembre 2018), con el objetivo de contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, económica y social, a través de políticas que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos de conformidad con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde su fundación, Costa Rica ha sido uno de los países miembros de esta iniciativa de cooperación internacional.
Particular atención ha dedicado el Programa para que la actual situación de pandemia por Covid-19 no amplíe las desigualdades que ya enfrenta las 90 millones de personas con discapacidad de la región iberoamericana.
El PID está integrado por Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, República Dominicana y Uruguay. La anterior presidencia fue ejercida por la representante de Ecuador, Isabel Maldonado.
La responsabilidad recayó en esta ocasión sobre la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de Costa Rica, Lizbeth Barrantes Arroyo.
“Si deseamos no dejar a nadie atrás se requiere impulsar la generación de registros administrativos, datos y estadísticas, como insumo esencial en la generación de políticas públicas. El acceso a los servicios de salud y seguridad social son un soporte para la reducción de las vulnerabilidades existentes debido a las múltiples barreras en nuestras sociedades. Los procesos de recuperación económica y social requieren incluir la perspectiva de las personas con discapacidad”, puntualizó la nueva presidenta del PID.
