- Con fondos del BID, se construirán 8 Centros Cívicos por La Paz, más de 30 nuevas delegaciones policiales y se implementarán mejoras tecnológicas para seguridad y prevención.
- Proyecto busca contribuir en la disminución de homicidios y asaltos, así como mejorar la efectividad policial e incidir en la reducción de comportamientos delictivos en jóvenes en condición de vulnerabilidad.
- Con su ejecución, se espera generar entre 4.000 y 6.000 empleos directos y al menos 3.000 empleos indirectos.
- Comunidades beneficiadas fueron definidas bajo dos criterios: los territorios prioritarios de la Agenda Nacional de Prevención, así como del Índice de Daño del Delito.
Heredia. Los vecinos de Corredores, Limón, Barranca, Liberia, Pérez Zeledón, Goicoechea, Alajuela y Pavas, se verán beneficiados con la construcción de modernos Centros Cívicos por la Paz (CCP), así como las comunidades de Garabito, Buenos Aires, Paraíso, Nicoya, Cahuita, Santa Ana, Alajuelita, entre otras, de las siete provincias del país, donde se levantarán más de 30 nuevas delegaciones policiales.
Las obras proyectadas beneficiarán a una población de unas 655 mil personas y generarán entre 4 mil y 6 mil empleos directos y al menos 3 mil empleos indirectos. Las comunidades beneficiadas se definieron bajo dos criterios: los territorios prioritarios de la Agenda Nacional de Prevención, así como del Índice de Daño del Delito.
La inversión que deberá estar lista en los próximos cinco años, será una realidad gracias a la firma de la Ley 9968 “Contrato de préstamo con el BID para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia”, que las autoridades del Gobierno de la República y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizaron hoy martes, y que permitirá ejecutar recursos por $100 millones para la actualización y mejora de este programa.
La sanción de la Ley se realizó en el Centro Cívico por la Paz Heredia (Guararí), con la presencia del presidente Carlos Alvarado Quesada; el representante del BID, José Ramón Gómez; la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas; y el jerarca de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, así como otras autoridades de estas carteras.
El principal objetivo de la legislación es contribuir con la disminución de los homicidios y asaltos en el país, además de mejorar la efectividad policial e incidir en la reducción de los comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes en condición de vulnerabilidad.
El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, agradeció a los diputados por la aprobación de esta ley que viene a darle facultad al Estado para posicionar la prevención, “como la mejor herramienta para procurar un país seguro, que atienda la causa del delito antes de su surgimiento y siempre ponga en el centro de su accionar a la persona”.
“Se trata de una deuda que estamos saldando con las comunidades y con nuestros cuerpos policiales con el objetivo de mejorar la infraestructura y tecnología para brindar una respuesta oportuna ante el crimen, al tiempo que generamos espacios públicos de manera articulada con municipios para que jóvenes puedan recrearse y volver su mente hacia el deporte”, agregó el mandatario.
José Ramón Gómez, representante del BID en Costa Rica, mencionó que “el BID ha venido acompañando al país en este enfoque de seguridad ciudadana integral y preventiva desde el año 2012, cuando comenzó el Programa de Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, el cual contribuyó a mejorar la infraestructura de la Fuerza Pública y construyó los primeros siete Centros Cívicos por la Paz. Hoy damos un paso más en nuestro compromiso con la prevención de la violencia.”
Seguridad Ciudadana. Los recursos destinados para Seguridad Pública (alrededor de $70 millones) se aprovecharán para construir más de 30 nuevas delegaciones. Con aproximadamente 25.304 metros cuadrados de construcción, las edificaciones se levantarán en sitios estratégicos que responden a la priorización de distritos.
Las siete provincias del país se verán beneficiadas con el levantamiento de las nuevas delegaciones policiales; entre otras en Heredia (San Joaquín, Horquetas (Río Frío)), Alajuela (Fortuna, Ciudad Quesada), Puntarenas (Garabito, Paquera, El Roble, Chomes (Sardinal), Buenos Aires), Cartago (Tejar, Paraíso, Turrialba), Guanacaste (Filadelfia, Nicoya), Limón (Limón (Cieneguita), Guápiles, Guácimo, Siquirres, Cahuita, Batán), y San José (Hatillo, San Sebastián, Gravilias, Patarrá, Santa Ana, Alajuelita, La California (Primavera), San Juan (Tibás), Dulce Nombre).
El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, indicó que tras la sanción de la legislación la institución podrá ejecutar de inmediato y de manera efectiva los recursos para dotar al país de más infraestructura como delegaciones, tecnología y equipo policial para combatir el crimen organizado. «Además, mejorará las condiciones laborales y operacionales de nuestros oficiales», detalló.
Además de esta infraestructura, los fondos también se invertirán en la actualización técnica del personal policial, mejorar la interoperabilidad del Sistema de Plataforma Tecnológica de la Fuerza Pública con otras plataformas policiales georreferenciación de los delitos y mejorar los procesos de recepción y reporte de denuncias de la ciudadanía, entre otros.
Prevención de la violencia. En el caso de Justicia y Paz, los cerca de $30 millones que le corresponde ejecutar serán aprovechados en la construcción de los ocho nuevos Centros Cívicos por La Paz, así como la actualización y el fortalecimiento del modelo de prevención de los CCP, difusión de las actividades, capacitaciones en derechos humanos, implementación informática para la gestión de los CCP, evaluación de impacto de las actividades.
También se pondrán en marcha aproximadamente 30 procesos CCP Sin Paredes, cuyo objetivo es ampliar la cobertura geográfica de los Centros.
“La provisión de estos recursos va más allá de construir obras. Pretendemos reducir los homicidios, los asaltos, así como la reducción de la expulsión educativa, que está en el espíritu de los CCP. Queremos quitarles de las manos de las redes criminales a los y las jóvenes que están buscando oportunidades, y los CCP pueden ser esos espacios que los atraigan por medio del arte, el deporte y la recreación”, enfatizó Salazar.
Los nuevos CCP se suman a los ya existentes en Garabito, Santa Cruz, Aguas Zarcas, Heredia, Cartago, Desamparados y Pococí, e implicarían cerca de 7,200 metros cuadrados de construcción.
Al evento también asistieron congresistas de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, cuyo voto positivo al proyecto permitió que siguiera con éxito el camino hacia la aprobación en el Congreso, y autoridades de la Municipalidad de Heredia.
