- Gobierno emite Decreto Ejecutivo N° 42811, Evaluación Nacional de Riesgos contra la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- ICD presentó Informe de Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- “La importancia de este instrumento, que opera bajo estándares internacionales, es la de organizar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, para que todos los países estén alineados en la misma dirección”, afirmó el director del ICD, Sergio Rodríguez.
San José. La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) presentó este viernes los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (ENR), en una actividad virtual que tuvo lugar en el Museo de Jade, en San José.
Previamente, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, firmaron el Decreto Ejecutivo N° 42811, Evaluación Nacional de Riesgos contra la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el cual declara al instrumento orientador de los esfuerzos de las instituciones del Estado y sectores vinculantes y demás autoridades competentes en el desarrollo e implementación.
Con la promulgación de la Evaluación Nacional de Riesgos y la firma del decreto respectivo, Costa Rica alcanza un mejor cumplimiento de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y atiende líneas de acción relacionadas con principios de transparencia, anticorrupción y materias de seguridad que promulga la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El director del ICD, Sergio Rodríguez, dijo que el Informe de Evaluación sirve para orientar las políticas públicas y acciones que debe seguir el Estado en la lucha contra estos delitos. “La importancia del ENR, que opera bajo estándares internacionales, es organizar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para que todos los países estén alineados en la misma dirección”, apuntó.
En la presentación de los resultados del Informe estuvieron el director del ICD, Sergio Rodríguez; el presidente del Consejo Directivo del ICD y viceministro de la Presidencia, Randall Otárola; el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Roberto de Michelle; la Fiscala Subrogante de la República, Criss González; el Presidente Pro-tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Ricardo Liao, así como el Secretario Ejecutivo de ese último organismo, Esteban Fullin.
Resultados
Dentro de los aspectos más destacados del informe presentado este viernes por el ICD, se encuentra la identificación de las diez actividades comerciales que se encuentran en un mayor grado de exposición a los riesgos de legitimación de capitales. Este reconocimiento de actividades comerciales en riesgo nace en el seno de las mesas de trabajo de la Evaluación Nacional de Riesgo. Se trata de las siguientes:
- Entidades bancarias
- Remesadoras
- Casas de cambio
- Comercializadoras de activos virtuales
- Entidades comercializadoras de productos tecnológicos financieros
- Prestadores de servicios profesionales de administración de fideicomisos
- Actividades de promoción y compraventa de inmuebles
- Actividades de compraventa de autos, embarcaciones, joyería, piedras preciosas y similares
- Servicios profesionales dedicados a generar apariencia jurídica
- Creación de personas jurídicas y entramados societarios
El trabajo del ERN se llevó a cabo con la asistencia Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el año 2020 y sigue la metodología internacional que los países deben adoptar para atender de una forma integral y estratégica la realidad del país frente a una criminalidad creciente en estos delitos.
Las 40 Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El llamado es a adoptar medidas y generar acciones efectivas que apunten a mitigar adecuadamente los riesgos frente a tales delitos. Asimismo, este enfoque de riesgo debe permitir realizar una más eficiente asignación de los escasos recursos con que cuenta el Estado.
