· Normativa permitirá a indígenas ngäbes-buglés permanecer en el país de manera regular.
· Reglamento fue desarrollado por entidades como Migración y Extranjería, TSE, Ministerio de Justicia y Paz y Viceministerio de la Presidencia, en consulta con la población beneficiada.
· “Decreto hace justicia a la identidad de una población indígena que desde siglos atrás se desplazaba en un territorio que no tenía fronteras, reconoce este derecho histórico y lo institucionaliza, con apego a las normas internacionales y respeto a su cosmovisión”, dijo viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Gobernación y Policía, Michael Soto, firmaron el Decreto Ejecutivo No. 42814-MGP que reglamenta la Ley 9710 “Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”.
Esta normativa -que regula el proceso de reconocimiento de esta población- da una respuesta institucional a pueblos indígenas cuyo territorio existió antes de la delimitación de las fronteras de Costa Rica, a través del cual se han desplazado históricamente de acuerdo con sus costumbres y actividades económicas, entre otras circunstancias.
Tal es el caso de la población ngäbe-buglé, cuya ubicación geográfica se establecía desde el Valle del General en Costa Rica hasta Chiriquí en Panamá. Actualmente, realizan movimientos migratorios laborales que van desde el noroeste de Panamá hasta la Zona Sur, Los Santos, Naranjo y Sixaola, principalmente para la ejecución de labores agrícolas como la recolección de café.
Debido al no reconocimiento de sus derechos como nacionales o residentes, esta población no ha podido acceder a los derechos y facultades legales propias que cuenta cada residente del país.
“El decreto hace justicia a la identidad de una población indígena que desde siglos atrás se desplazaba en un territorio que no tenía fronteras. El Gobierno de Costa Rica reconoce este derecho histórico y lo institucionaliza para el beneficio de esta población, todo con apego a las normas internacionales y con respeto a su cosmovisión“, dijo Randall Otárola, viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano.
Reglamento
El reglamento -publicado este martes en el Diario Oficial La Gaceta- fue desarrollado entre distintas instituciones públicas como la Dirección General de Migración y Extranjería, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Justicia y Paz y el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, en un proceso de consulta indígena con la población beneficiaria.
La normativa establece entre otras disposiciones, que las personas indígenas transfronterizas deberán ser reconocidas como tales en su país de origen o por una asociación indígena debidamente inscrita y podrán ser regularizadas como residentes temporales o permanentes. Para este registro deberán presentar una serie de documentos y certificaciones ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
La vigencia del documento de acreditación migratoria de esta población se otorgará por un periodo de dos años, prorrogable por períodos iguales.
Además, esta normativa reforma el Decreto Ejecutivo No 37112 con respecto al tratamiento a las personas indígenas extranjeras, quienes podrían optar por las categorías de residente temporal, residente permanente, trabajador temporal o estudiante, si cumplen con los requisitos establecidos.
“Este reglamento es el cumplimiento del reconocimiento histórico del país para un pueblo que existía en este territorio desde antes de la creación de la frontera española en Centroamérica. Así, desde la DGME somos parte de esta significativa reforma para los pueblos indígenas transfronterizos. El que puedan acceder a sus trámites de regularización migratoria de una forma sencilla, agiliza su inminente proceso de naturalización, en un conjunto de acciones interinstitucionales para el reconocimiento de sus derechos”, señaló Daguer Hernández, subdirector de la DGME.
La regularización de su situación migratoria y el reconocimiento institucional han sido una de las demandas planteadas recurrentemente por las personas indígenas transfronterizas.
