- Iniciativa plantea cambios a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, para avanzar hacia una regulación moderna y flexible.
- Propuesta responde a acuerdo tomado en sesión de diálogo sobre “Reactivación Económica, Empleo Decente y Combate a la Pobreza” que pidió al Poder Ejecutivo atender de inmediato la simplificación de trámites.
- “Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en la modernización del Estado, eliminando trabas y requisitos innecesarios que afectan la actividad económica del país y lastiman la confianza de las personas en las instituciones públicas”, declaró el presidente Alvarado.
San José. Este jueves, el presidente de la República, Carlos Alvarado, la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández y la diputada Silvia Hernández, presentaron el proyecto de reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Nº8220).
Este proyecto atiende a los acuerdos tomados durante las sesiones de diálogo multisectorial, en particular, en el eje de “Reactivación Económica, Empleo Decente y Combate a la Pobreza”, donde se solicitó al Poder Ejecutivo “atender de inmediato” la simplificación de trámites y la agilización de tiempos de respuesta, para impactar positivamente al sector productivo del país.
En la actividad virtual de presentación de la reforma a la ley 8220, participaron también José Álvaro Jenkins, de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), y Enrique Egloff de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
“Con el respaldo a esta reforma, reiteramos el compromiso del Poder Ejecutivo de avanzar en la modernización del Estado, eliminando trabas y requisitos innecesarios que afectan la actividad económica del país y lastiman la confianza de las personas en las instituciones públicas”, subrayó el presidente Carlos Alvarado.
Agregó que “es un paso en la dirección que hemos venido defendiendo a lo largo de mi gobierno, de ubicar a los ciudadanos, a las empresas, a los emprendedores, en el centro de la gestión pública”.
Por su parte, la ministra de Economía, Victoria Hernández, aseguró que la reforma “brinda instrumentos para una mayor efectividad de la Estrategia Nacional de Simplificación de Trámites, con soluciones que contribuyan a la reactivación económica, la generación de empleo y a la facilidad para realizar negocios. He ahí la apuesta por una nueva forma de gestión gubernamental donde la facilidad, la simpleza y el menor plazo posible de cara al ciudadano sean la regla”.
La formulación de este proyecto es el resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio con distintas cámaras empresariales, cuyo aporte en el marco de su Comisión de Mejora Regulatoria, ha sido realmente valiosa, así como de la diputada Silvia Hernández, quien ha contribuido en la elaboración final de un proyecto que realmente impulse cambios en el mapa de trámites del país.
La diputada Hernández, al referirse a la presentación del proyecto del cual formó parte del proceso de cocreación, indicó que: “hoy es urgente implementar medidas para la recuperación económica y la generación de empleo, que permitan con prontitud resolver los problemas que hemos venido postergando, como es el caso de la simplificación de trámites y la mejora regulatoria”.
Objetivos del proyecto. La propuesta tiene como uno de sus objetivos principales avanzar hacia una regulación moderna y flexible, que permita superar las debilidades hasta ahora identificadas y que al mismo tiempo dote al Estado de nuevas herramientas para impulsar con mayor intensidad a las instituciones públicas a analizar y variar, según corresponda, sus trámites.
En ese marco, se busca:
- Fortalecer la rectoría política y técnica del MEIC, en simplificación y mejora regulatoria.
- Enfocar la gestión pública en el uso de instrumentos de verificación posterior sobre la revisión documental previa como mecanismo para acelerar trámites, recurriendo al uso de herramientas como la declaración jurada.
- Fortalecer el uso del Catálogo Nacional de Trámites como instrumento para transparentar y centralizar todos los trámites a los usuarios.
- Ampliar el alcance del criterio vinculante del MIEC sobre las propuestas de regulación que propongan las entidades públicas, más allá del Gobierno Central (como ocurre actualmente).
- Facilitar la aplicación efectiva de la ley y el ejercicio de los derechos que tienen los usuarios en su relación con las instituciones, en temas vinculados con la aplicación del silencio positivo.
- Ajustar el marco sancionatorio por incumplimiento de la ley, el cual pretende aclarar quién comete la falta, clasificando las faltas para la aplicación de las sanciones correspondientes.
- Lograr que la mejora regulatoria y la simplificación de trámites se convierta en una tarea permanente y una práctica de mejora continua en la gestión pública costarricense, considerando el impacto a sus destinatarios.
Todas las instituciones públicas tienen la obligación de implementar fórmulas expeditas para superar la pesada carga que representan los trámites, entendiendo que, tanto los trámites existentes como los nuevos, deben ser objeto de una evaluación rigurosa y periódica, teniendo siempre en cuenta su impacto para el usuario.
