Ejecutivo presenta texto sustitutivo para proyecto de avales con el fin de facilitar acceso a financiamiento a personas y empresas afectadas por la pandemia

  • Establece Programa Nacional de Avales y Garantías.
  • Estado realizará aporte de ¢180.000 millones.
  • Programa tendrá vigencia de 15 años.
  • Beneficiarios deberán asumir el compromiso de mantener el empleo durante todo el plazo que cubra esta garantía

El Gobierno presentó este miércoles ante la Comisión de Asuntos Hacendarios un texto sustitutivo del proyecto de “Ley de creación del fondo de avales y garantías para reactivación económica” (Exp.No. 22144), que tiene como objetivo facilitar el acceso a financiamiento a personas y empresas afectadas por la pandemia, de manera que les permita seguir adelante y mantener sus fuentes de empleo.

El nuevo texto elimina la figura del fideicomiso, crea el Programa Nacional de Avales y Garantías a cargo del Ministerio de Hacienda, el cual contará con un Consejo Rector conformado por el Jerarca de esta institución y dos miembros externos nombrados por el Poder Ejecutivo, cuyo perfil y competencias se definirán en el reglamento a la Ley.  Asimismo, tendrá una Unidad Ejecutora para la realización de todas sus actividades.

Este Programa Nacional forma parte de las iniciativas del Gobierno para reactivar la economía, tendrá una vigencia de 15 años, que es el plazo máximo del financiamiento; cubrirá aquellas operaciones crediticias otorgadas o reestructuradas en un plazo de 18 meses a partir de su entrada en funcionamiento y el Consejo Rector podrá extender este periodo hasta por seis meses.

Con el propósito de llevarlo adelante, el Estado realizará un aporte de ¢180.000 millones, para lo cual presupuestará ¢36.000 millones en forma anual y sucesiva hasta completar el monto total. Cuando sea preciso, Hacienda acelerará el otorgamiento de estos rubros por medio de presupuestos extraordinarios, a fin de darle soporte financiero.  Los recursos se depositarán en la caja única del Estado, dentro de una cuenta especial destinada para ello.

Por su parte, los beneficiarios deberán operar en territorio nacional y asumir el compromiso de mantener el empleo, al menos al nivel existente, al momento de recibir el crédito avalado y durante todo el plazo que cubra esta garantía. El reglamento a esta ley determinará los requisitos para que los beneficiarios acrediten la afectación económica producto de la pandemia y su compromiso sobre el nivel de empleo

El nuevo texto también define la participación de los intermediarios financieros supervisados por la SUGEF que quedarán autorizados para otorgar créditos, moratorias, realizar reestructuraciones y llevar a cabo refinanciamientos. 

La presentación del texto sustitutivo ante la Comisión de Hacendarios estuvo a cargo de los Jerarcas de los Ministerios de Hacienda; Elian Villegas, y de Planificación Nacional, Pilar Garrido; del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero; del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, Alberto Dent y de la Superintendencia de Pensiones, Rocío Aguilar.