- Reforma a reglamento del Ley 9710 constituye un hito en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica.
- Instituciones del país reconocen y validan a las organizaciones representativas propias de los pueblos autóctonos.
- “Para nosotros, como pueblos originarios, era muy importante que esta modificación se aprobara para que tengamos una identidad y seamos reconocidos como uno de los pueblos indígenas del territorio nacional”, dijo Julián José Eusebio, líder Ngäbe.
San José, 3 de octubre del 2020. Más de 3.500 indígenas Ngäbe de Sixaola en condición transfronteriza por fin podrán regularizar su estatus migratorio, o bien, adquirir la nacionalidad costarricense, luego del proceso de consulta indígena llevado a cabo en medio de la emergencia nacional provocada por el Covid-19.
En este proceso, que finalizó el 17 de setiembre pasado, Costa Rica logró que instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reconocieran y validaran las organizaciones representativas propias de los pueblos autóctonos.
Como resultado, se dio una reforma al reglamento de la Ley de Protección del desarrollo a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza (Ley 9710), la cual incorpora procedimientos y requisitos para regular su condición migratoria adecuados a sus condiciones particulares, respetando las propias formas de organización de las poblaciones indígenas.
Kathy Piedra Corella, de la Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) del Ministerio de Justicia y Paz, afirmó que el hecho de que la articulación efectiva entre la institucionalidad del país y esta población Ngäbe se haya logrado a través del Mecanismo General de Consulta representa un hito para el país en el reconocimiento de los derechos indígenas.
Agregó que, además, fue la primera consulta iniciada y terminada en el contexto de pandemia por el Covid-19, lo que requirió un acompañamiento y asesoría muy cercanos de la UTCI a la población indígena y a las instituciones involucradas para diseñar el proceso de diálogo.
“En todas sus etapas, se resguardaron los principios del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en apego al procedimiento del mecanismo de consulta y, por supuesto, en cumplimiento de los lineamientos sanitarios del Ministerio de Salud, con el apoyo permanente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, añadió.
Con la modificación del reglamento, los indígenas que deseen regularizar su condición deben certificarse primero como indígenas transfronterizos, lo que debe ser establecido, según los acuerdos internacionales, por las organizaciones representativas de estos pueblos.
Además, la posibilidad que tendrán de adquirir la nacionalidad costarricense, si así lo solicitan, implica otro avance en el fortalecimiento de la protección que la normativa del país brinda a las comunidades indígenas, pues significa para ellos la oportunidad de hacer ejercicio del derecho fundamental a la nacionalidad, consignado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros instrumentos jurídicos internacionales.
“Para nosotros, como pueblos originarios, era muy importante que esta modificación se aprobara para que tengamos una identidad y que seamos reconocidos como uno de los pueblos indígenas del territorio nacional. Siempre hemos tenido problemas con los trámites en las instituciones; nos consideran como extranjeros”, enfatiza Julián José Eusebio, líder Ngäbe del Centro de Orientación Indígena.
Para Daguer Hernández Vásquez, subdirector general de Migración y Extranjería, el resultado de este proceso deviene en un cumplimiento de los derechos históricos de la población indígena Ngäbe transfronteriza entre Costa Rica y Panamá.
“Es importante indicar que este reglamento establece que los trámites migratorios quedan exonerados de cobro alguno y de multas, con lo que esta población accederá a ellos de manera gratuita. La normativa establece un proceso de regularización más ágil”, explicó Hernández.
Las instituciones involucradas, en cuenta el Viceministerio de la Presidencia como impulsor del proceso, comenzaron a reunirse desde abril para preparar una propuesta de Plan de Consulta.
“A las comunidades indígenas se les está reconociendo un cúmulo de derechos civiles, políticos e identitarios a partir de esta normativa. Esto es un hecho histórico que lleva a la práctica el carácter multiétnico y pluricultural de nuestra República. Con esto, estamos construyendo democracia a partir del respeto e inclusión de nuestras poblaciones originarias”, expresó el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola Madrigal.
Población históricamente invisibilizada
Andrea Pereira Cartín, jefa de Gestión en Trabajo Social del Área de Salud de Talamanca de la CCSS, trabaja con esta población desde hace siete años y fue el enlace institucional, a nivel local, para coordinar las convocatorias de las organizaciones indígenas y la logística de las actividades. Además, una garantía del cuidado a las condiciones sanitarias en todas las reuniones.
Pereira valora el hecho de que este proceso de consulta llegara a una población que ya estuviera tan sensibilizada y organizada, lo cual facilitó mucho la dinámica de las diferentes reuniones sostenidas durante todos estos meses, y las hizo más efectivas.
“La población Ngäbe-Buglé del cantón de Talamanca históricamente ha estado invisibilizada, lo que les ha causado muchas dificultades en el disfrute de sus derechos. Sus condiciones migratorias, así como socioeconómicas, les complica alinearse con los requisitos que les solicitan las instituciones. Estamos muy contentas por todo lo que se ha logrado y el apoyo recibido por el viceministro de la Presidencia para dar solución a esta problemática”, recalcó la trabajadora social.
Para Kathy Piedra, con el cierre de este proceso se cuenta con un precedente importante para continuar la Implementación del Mecanismo General de Consulta en Costa Rica.
