Mecanismos de coordinación directos con el Ejecutivo, así como la atención a las coordinaciones para expropiaciones, recursos para el combate a la corrupción y una constante conversación sobre la situación fiscal fueron los temas abordados durante el encuentro.
San José. El encuentro se realizó en Casa Presidencial este viernes y contó con la participación del presidente y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz y Patricia Solano; los magistrados Luis Guillermo Rivas, presidente de la Sala Primera y Orlando Aguirre, presidente de la Sala Segunda. Acompañaron la directora de Planificación, Nacira Valverde y la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Romero Jenkins.
Por parte del Poder Ejecutivo estuvieron presentes, además del mandatario Alvarado, los ministros de la Presidencia, Marcelo Prieto, Hacienda, Ellian Villegas; Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez y la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido.
Los temas tratados giraron en torno a los mecanismos de coordinación directos con el Ejecutivo, así como la atención a las coordinaciones para expropiaciones, recursos para el combate a la corrupción y una constante conversación sobre la situación fiscal.
Los magistrados expresaron la dificultad que enfrentan para ejecutar mayores reducciones al presupuesto sin afectar atención a personas usuarias de juzgados, medicatura forense, programa de atención a víctimas o pensiones alimentarias.
La Directora de Planificación del Poder Judicial estimó que la atención a personas usuarias de juzgados, alcanzan a más de dos mil por día.
El magistrado Rivas destacó que todos los servicios que prestan son esenciales, como atención a homicidios, narcotráfico o pensiones alimentarias, según explicó, no detuvieron la atención para no afectar a la ciudadanía mediante el uso máximo de teletrabajo.
El ministro de Hacienda, Ellian Villegas, externó su reconocimiento al recorte presupuestarios realizado por el Poder Judicial en beneficio de las finanzas públicas a la vez que afirmó que el traslado de fondos para el combate a la corrupción será incluido en el próximo presupuesto extraordinario.
Finalmente la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido, fue enfática en la necesidad de enmarcar la conversación en la coyuntura histórica a la que se enfrenta el país para proteger la institucionalidad nacional y el Estado de Derecho para las próximas décadas.
