- Anuncio se dio este 9 de agosto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
- Política incluirá, entre otros elementos, nudos estructurales identificados, ejes de acción y parámetros de evaluación y seguimiento, y busca mitigar el conflicto y promover una sana convivencia.
- Proceso participativo se une a otras acciones impulsadas por el gobierno como la declaratoria de interés público del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas.
San José. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Randall Ótarola, anunció este 9 de agosto el proceso para la construcción participativa de la Política Pública para Pueblos Indígenas y promover una sana convivencia.
El viceministro explicó que esta política surge como respuesta del Estado para garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo con lo emanado de los diferentes convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica, especialmente lo referente al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“La política pública se inserta dentro de una serie de esfuerzos que vienen a consolidar el interés estatal en promover el bienestar en una población que tradicionalmente se ha visto excluida de las oportunidades de desarrollo, razón por la cual se desenvuelve en un contexto histórico de trascendencia, donde el Estado se compromete a diseñar, ejecutar y evaluar las acciones afirmativas en pro de las luchas y dignificación de la cultura indígena del país”, dijo.
El viceministro Otárola indicó que en el proceso de construcción del instrumento se trabaja en cuatro ejes para resolver los nudos críticos históricos que mantienen a la población indígena en desventaja, “los cuales no solo obstaculizan la acción estatal eficaz en favor de los pueblos indígenas, sino que limitan la plena garantía de sus derechos”.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, indicó que la agenda indígena -acogida por el Ejecutivo- “recoge las aspiraciones expresadas por los pueblos indígenas de Costa Rica, mediante un proceso de diálogo intercultural, permanente y transparente, inspirados en el cumplimiento de los estándares internacionales y nacionales derechos de los pueblos indígenas que todos debemos corresponder, tenemos que apegarnos a ellos para poder garantizar el goce pleno de los derechos de estas personas”, dijo.
A continuación, un resumen de los cuatros ejes que actualmente se elaboran:
Autonomía y territorialidad. Tiene como objetivo garantizar el respeto y reconocimiento del marco jurídico y de las fuentes de derecho indígena para el pleno ejercicio de la territorialidad, gobernabilidad y autodeterminación, además generará líneas institucionales para la seguridad y sanidad territorial, así como el fortalecimiento de la gobernanza en los territorios indígenas.
En esta línea, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) junto con el apoyo del Viceministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y Paz y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), –desde el año 2015–, trabajan en la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas (PLAN-RTI), el cual propone regularizar las tierras de los territorios indígenas del país en los próximos seis años.
Desarrollo indígena. Busca promover el desarrollo indígena de los pueblos mediante la a acción autónoma de los pueblos indígenas para formular y perseguir un plan de vida propio, debidamente incorporados en las acciones del Estado con enfoque intercultural y de género.
Se trabaja en una herramienta técnica y política que contiene la información relevante, confiable, oportuna, desagregada y culturalmente pertinente para comprender los diferentes aspectos de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Esto facilitará direccionar las intervenciones públicas en aras de una prestación de servicios eficiente y con pertinencia cultural.
Bienestar social. Su propósito esmejorar la calidad de la vida de los pueblos indígenas mediante la instauración de medidas específicas en las propuestas de política social con inclusión de las visiones de los territorios.
Pretende eliminar desigualdades, brechas de género y garantía entre otros aspectos, del acceso efectivo a los servicios básicos de la población indígena. Asimismo, asegurar las condiciones de vivienda y acceso a los servicios de esenciales en los territorios indígenas que actualmente son más limitados que en el resto del país.
Eficiencia institucional en la atención a la población indígena. Este eje busca garantizar el acceso efectivo y uso óptimo de los pueblos indígenas a los servicios provistos del Estado.
Además, pretende unaplanificación para la administración de recursos financieros en las entidades públicas que se relacionan directamente con estas poblaciones. Además, se capacitará personal para elaborar y desarrollar políticas, proyectos o programas públicos que atiendan las necesidades reales de los pueblos indígenas.
Realizar una consulta durante una pandemia representa un desafío para el país; para cumplir con el objetivo se están elaborando protocolos y diversas estrategias para asegurar que la población indígena pueda participar de forma segura de la consulta de la PPPI.
El presidente Alvardo dio un agradecimiento al Sistema de Naciones Unidas en el país, especialmente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que ha apoyado a través del programa Mesoamérica sin Hambre/FAO-AMEXCID, y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dos aliados claves en este proceso, y quienes en conjunto con el Viceministerio de la Presidencia, que es la instancia que coordina, han realizado un importante esfuerzo para construir una propuesta base de política pública con los más altos estándares de calidad pero, sobre todo, afrontando el reto que significa hacer un proceso participativo de dicha índole.
