- Reunión permitió realizar consultas y verificar el trabajo y manejo de la información por parte de los funcionarios.
- Defensoría dividió las preguntas en dos áreas, la primera de temas legales y la segunda sobre temas técnicos.
- “Los datos nos permiten realizar una mejor política pública incidiendo positivamente en la gente”, expresó Carlos Alvarado, presidente de la República.
Como parte de la transparencia y con el fin de que se puedan aclarar la mayor cantidad de dudas sobre el trabajo realizado por la Unidad de Análisis de Datos, el presidente de la República, Carlos Alvarado recibió este lunes a un equipo de la Defensoría de los Habitantes.
“Este equipo fue creado con el objetivo de utilizar la ciencia y la estadística para la toma de decisiones y la creación de políticas en beneficio de los y las ciudadanas. Este es un gobierno que promueve, protege y defiende los Derechos Humanos y jamás permitiría violaciones a la privacidad de las y los costarricenses”, manifestó Carlos Alvarado.
En la reunión estuvieron presentes el presidente Alvarado, la Defensora, Catalina Crespo y sus siete especialistas técnicos y legales, el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, la Viceministra de la Presidencia, Silvia Lara, la Ministra de Comunicación, Nancy Marín y los asesores Diego Fernández y Luis Salazar.
Diego Fernández, coordinador de la Unidad, fue enfático al indicar que los datos utilizados son en su mayoría de índole pública y que buscan generar un mejor uso de datos aislados que no han sido utilizados.
Los asesores de Casa Presidencial explicaron que existen algunos convenios, dentro del marco legal, para obtener información de encuestas de hogares, empleos, así como uno en específico con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinerube) del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para permitir tener un mejor registro de la información.
Alvarado manifestó que estos datos permitieron realizar el presupuesto de la República del 2019 a partir de los históricos ejecutados en las instituciones, lo que permitió distribuir de mejor manera los recursos.
Los asesores expusieron que el decreto buscaba extender y proteger la confidencialidad de los datos y no indagar en la información privada y sensible de las personas.
Finalmente, la Ministra de Comunicación expresó que no desea que esto signifique un retroceso en el diseño y en la ejecución de políticas públicas desde los datos.
“Como país debemos apostarle a diseñar la política pública, no dependiendo del color político o de hacia dónde sople el viento sino basándonos en los datos”, manifestó la Ministra.
