- Fortalecerá programas ya existentes de FODESAF con ahorros generados por la ley 9796 que recortó más de 3.000 pensiones de lujo de regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.
- Adicionalmente, el Poder Ejecutivo definió cinco prioridades en la agenda legislativa con el objetivo de cerrar brechas, con proyectos como tope a la usura y a las comisiones por uso de datáfonos, planes de salvamento y extinción de dominio.
El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, Juan Luis Bermúdez, presentaron este lunes el proyecto “Ley para fortalecer el combate a la pobreza extrema mediante la inyección de recursos”, que plantea redistribuir ¢12.197 millones de los ahorros anuales generados por el tope a las pensiones de lujo para atender a la población más vulnerable del país.
La iniciativa Nº21.759, adiciona un artículo a la “Ley para rediseñar y redistribuir los recursos para la contribución social solidaria” (Nº9796), aprobada en diciembre anterior, para transferirlos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y así fortalecer programas existentes como Crecemos, Avancemos y el Régimen No Contributivo de Pensiones.
Esa reciente ley aplica contribuciones solidarias a 3.198 jubilados que superen los ¢2,2 millones en el Magisterio y Gobierno, y los ¢2,6 millones en el Poder Judicial, generando un ahorro anual de ¢12.197 millones que el proyecto en mención plantea destinar a la población en condición de pobreza, pobreza extrema y pobreza multidimensional.
Al presentar el proyecto de ley al Congreso, el ministro Morales Mora dijo que se enmarca en el compromiso del gobierno de reducir brechas en todo el territorio nacional, direccionando recursos de las pensiones de lujo para los que más lo necesitan, generando de esta forma más oportunidades para esta población. La iniciativa se convocará a sesiones extraordinarias hoy lunes en horas de la tarde.
Al dar a conocer la propuesta el miércoles anterior, el presidente Carlos Alvarado comentó que con ese proyecto “podremos atender a la población más vulnerable que ya tenemos identificada y lograr una más eficiente redistribución de recursos públicos”, refiriéndose a la política social de precisión de la Estrategia Puente al Desarrollo, fortalecida con la información del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).
Con la aprobación de la ley 9796, firmada el 5 de diciembre anterior, se vio triplicado el ahorro anual generado por las leyes vigentes que recortan las pensiones de lujo al aumentar de ¢5.341 millones a ¢17.538 millones, pasando de 920 contribuyentes a 4.118.
“El proyecto también pretende generar mayor flexibilidad, es decir, quitarle los nudos que hoy tiene el FODESAF para hacer asignaciones en distintos programas. Con esta iniciativa avanzamos en la ruta de cerrar brechas de desigualdad. El país tienen dos caminos: o toma realmente la decisión de cerrar las brechas de desigualdad que es una prioridad del Gobierno o la indiferencia de una situación de exclusión que viven las familias en condición de pobreza”, explicó el ministro Juan Luis Bermúdez.
Este mismo lunes, con motivo de la reanudación de las sesiones extraordinarias, Alvarado propuso a los legisladores impulsar un trabajo conjunto en cinco proyectos prioritarios, los cuales buscan aliviar el bolsillo de los hogares, fortalecer los programas de lucha contra la pobreza, reactivar la economía y mejorar la seguridad ciudadana dando mejores herramientas para combatir el crimen organizado.
Morales especificó que las cinco prioridades son: Ley para determinar las comisiones de intercambio y adquirencia de transacciones de compra con tarjetas de crédito y de débito (datáfonos); proyecto para poner un tope a la usura; leyes de medidas para aliviar la situación financiera de lo hogares (planes de salvamento) y la Ley Especial de Extinción de Dominio, así como el que se presentó este lunes.
En este periodo de sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo establece las prioridades en la agenda de la Asamblea Legislativa tanto en el plenario como en comisiones, según lo establece el artículo 116 de la Constitución Política.
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