Dos complejos penitenciarios regionales acercarán a mujeres privadas de libertad a sus familias

  • Ministerio de Justicia y Paz construirá complejos con capacidad para recibir a 72 mujeres en Pococí y Pérez Zeledón
    • Obras buscan combatir el desarraigo y minimizar el impacto en las familias

    Con una inversión de más de ₡ 992 millones en infraestructura, el Ministerio de Justicia y Paz dará inicio, en diciembre, a la construcción de dos complejos penitenciarios de regionalización de la mujer en los Centros de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas (Pococí) y Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón). Las obras se levantarán en un área de 422 metros cuadrados, cada uno.

    Con el proyecto el Ministerio de Justicia y Paz espera saldar una deuda que se ha arrastrado por décadas con esa población penitenciaria, destacó la ministra Marcia González Aguiluz.

    Las edificaciones tienen capacidad para recibir a 72 privadas de libertad .

    “Esto significa para las mujeres privadas de libertad el estar más cerca de sus familias y de sus hijos, y con eso bajamos niveles de estrés, evitamos una mayor desintegración y el desarraigo familiar que implica para ellas el estar en el sistema penitenciario. Nos interesa potencializar sus procesos positivos de reinserción social y minimizar el impacto negativo en sus familias”, comentó la ministra.

    Las edificaciones tienen capacidad para recibir a 72 privadas de libertad (36 espacios de alojamiento por cada uno de los complejos) y dispondrán de dos espacios de visita íntima, un dormitorio, un puesto de ingreso, cocina con área de visita familiar y un edificio de operaciones que incluye una oficina de atención individual, oficina de administrador y un dormitorio para seguridad, además de un edificio de materno infantil para 4 mujeres privadas de libertad con sus hijos e hijas.

    En total se invertirán ¢502.837.296 en el CAI de Pococí y ¢489.628.064 en el CAI de Pérez Zeledón.  Las nuevas instalaciones estarán listas para mediados del 2020 y coadyuvarán a que el desarraigo de origen y entorno familiar no constituya una sanción adicional en la ejecución de las penas privativas de libertad por parte de la población femenina. La cartera ministerial estudia la factibilidad de llevar el proyecto a otras regiones.

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