- Otras 31 acciones registran avance satisfactorio, según último reporte al primer semestre de 2019.
Este viernes el Gobierno de la República, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía, presentó los principales avances alcanzados en el Plan Nacional de Energía (PNE) 2015-2030, tanto en el subsector eléctrico como en el de transporte y combustibles.
Desde su oficialización y puesta en ejecución a fines de 2015, se ha logrado cumplir 76 metas y existen 31 con avance satisfactorio. Esta información corresponde al último reporte que consigna los resultados alcanzados hasta el I semestre del 2019, suministrados por los responsables de su ejecución, tanto del sector energía como de otras instituciones involucradas con su implementación.
La presentación se realizó en las instalaciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en Escazú, con la participación de la Primera Dama, Claudia Dobles, el Viceministro de Energía, Rolando Castro y el Intendente de Energía, Marco Cordero.
Además, se dieron a conocer las nuevas acciones en materia energética que se integrarán como parte de su actualización a fin de dar continuidad al proceso y considerar los cambios del entorno relacionados con instrumentos de política pública como el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2019-2022, el Plan de Descarbonización 2018-2050, la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Público (Nº 9518) y el Plan Nacional de Transporte Eléctrico 2018-2030.
“Estamos complacidos por las acciones cumplidas del Plan Nacional de Energía. Seguimos trabajando para acercar cada vez más las metas a las de la descarbonización, con una visión comprensiva e integrada de las principales áreas que impactan nuestra realidad energética, con un enfoque que contempla a los sectores de electricidad y transporte”, explicó la Primera Dama.
Los objetivos estratégicos del Plan se fundamentan en lograr una economía descarbonizada, desarrollar procesos de generación y uso de energía más respetuosos de los límites del entorno natural, construcción de una matriz energética más capaz de sostener la competitividad de las industrias nacionales y una mayor contribución del sector a la calidad de vida de la población.
«El Plan Nacional de Descarbonización establece una hoja de ruta con las metas a alcanzar para lograr una economía cero emisiones; como sector energía tenemos muy claro cuáles son nuestras responsabilidades en este esfuerzo país. Por ello, con el Plan Nacional de Energía estamos alineando las metas energéticas con las de descarbonización, con miras a realizar cambios y modificaciones significativas en la oferta de movilidad y transporte, así como en la gestión de las distintas formas de energía», señaló el Viceministro de Energía Rolando Castro.
Acciones cumplidas. Se mencionaron acciones orientadas a reducir emisiones asociadas al consumo de energía mediante reglamentación técnica, definición de mecanismos orientados a mejorar los instrumentos de estudios de consumo energético, conformación de un portafolio de proyectos de sustitución tecnológica para los sectores residencial, comercial e industrial y elaboración de plan de alumbrado público por empresa distribuidora.
Asimismo, lineamentos para fomentar la eficiencia en el consumo energético del sector público y la creación de un fondo rotativo para financiar la sustitución masiva de equipos ineficientes en el sector público con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
En generación distribuida, se crearon condiciones habilitadoras que contribuyen a generar este tipo de sistemas de energía, así como la evaluación de sus impactos y el establecimiento de planes de acción por parte de empresas distribuidoras de energía.
A fin de asegurar la sostenibilidad de la matriz energética se ejecutaron proyectos de generación basados en el aprovechamiento de energías renovables. Se instalaron 660 MW incluyendo fuentes de energía hidráulica, eólica y geotérmica, se actualizaron los Planes de Expansión de la Generación del ICE y se revisó el modelo de proyección de la demanda.
También se analizaron estudios para una mayor incorporación de energías renovables variables en el sistema eléctrico.
En materia tarifaria se desarrolló el proceso de contabilidad regulatoria aplicable a los operadores públicos y cooperativas de electrificación rural, y se establecieron las metodologías tarifarias para la generación privada con residuos sólidos municipales. Además, se logró visibilizar de forma transparente los costos ambientales que se incluyen en las tarifas eléctricas.
También se promovieron acciones relacionadas al entorno de la sostenibilidad del desarrollo eléctrico como la publicación de un mecanismo general que establece la obligación del Poder Ejecutivo de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean proyectos públicos o privados que puedan afectarles.
En materia de transporte y con miras a lograr una flota vehicular más amigable con el ambiente se publicó el reglamento de «Calidad del aire para contaminantes criterio» y se finalizó el estudio para determinar las necesidades de ampliación de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire y la actualización de los equipos.
También se concluyó el análisis legal para la aplicación de un canon por emisiones orientado a lograr reducir las emisiones derivadas del proceso de combustión y se establecieron los mecanismos para la declaratoria de los vehículos como residuos de manejo especial al llegar al final de su vida útil.
En movilidad eléctrica se logró establecer la estrategia para la introducción de vehículos eléctricos, mediante el Plan Nacional de Transporte Eléctrico (PNTE) y se elaboró el reglamento para la construcción y funcionamiento de los centros de recarga.
Para lograr un transporte público sostenible se trabajó en la creación de infraestructura de ciclovías inclusivas en las provincias de San José, Puntarenas, Alajuela, Limón y Guanacaste y se inició el desarrollo del proyecto piloto para la “Electrificación del Transporte Público”, el cual contempla la adquisición y puesta en funcionamiento de tres buses eléctricos y su respectiva infraestructura de recarga en el área metropolitana de San José.
Entre las principales acciones orientadas a lograr combustibles más limpios se llevó a cabo un proceso de negociación regional para la actualización del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) que contiene las especificaciones de calidad de la gasolina (regular y superior), diésel y GLP. En el ámbito nacional se desarrollaron obras estratégicas como el muelle de la terminal portuaria atlántica, la planta de emulsiones asfálticas, el sistema de medición automática de los tanques de almacenamiento y la ampliación de la capacidad de almacenamiento.
Se actualizó la normativa de inspección de transportistas de combustibles y el Programa Nacional de Biocombustibles, nombrándosele “Programa Nacional de Bioenergía”, que incluye el análisis y las estrategias para el aprovechamiento del potencial bioenergético del país en combustibles líquidos, sólidos y gaseosos. Se elaboró la hoja de ruta de tecnologías con base en residuos de biomasa para generación de energía térmica en el sector industrial en Costa Rica al 2030 y se generó normativa técnica para las modificaciones de los vehículos cuando se cambia al uso del GLP.
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