- “Nos comprometemos a trabajar de una forma ardua y responsable, buscando el equilibrio entre aprovechamiento y conservación”, aseguró Marco Seas, de la Cámara Nacional de la Industria Palangrera.
- Reforma facilitará la continuidad del diálogo entre el Gobierno y el sector pesquero, proceso que es acompañado por la Defensoría de los Habitantes y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Como resultado de las reuniones sostenidas las últimas semanas con distintos representantes del sector pesquero para aclarar posiciones, el Gobierno de República firmó una reforma al decreto “Creación del mecanismo de gobernanza de los espacios marinos sometidos a la jurisdicción del Estado Costarricense”, que fue publicada este jueves.
«Lo importante de todo este proceso es el acercamiento, la disposición al diálogo y la concreción de acuerdos, para tener un decreto que guarda absoluto respeto por el marco jurídico nacional y que permite avanzar hacia una economía azul y un ordenamiento espacial marino”, resaltó el ministro de Ambiente y Energía (MINAE), Carlos Manuel Rodríguez.
Marlon Monge, viceministro de Agricultura y Ganadería (MAG), coincidió al afirmar que “una vez más se demuestra que el trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo y el sector pesquero nacional genera resultados positivos, que permiten avanzar en el objetivo común de mejorar y fortalecer la actividad pesquera nacional. Reiteramos nuestro compromiso en el mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las personas que se encuentran dentro de la actividad pesquera”.
Por su parte, Marco Seas, representante de la Cámara Nacional de la Industria Palangrera (CNIP), celebró la publicación asegurando que “desde el sector pesquero nos sentimos satisfechos y agradecidos por la acogida realizada por parte de los diferentes jerarcas de Ambiente y Agricultura a las modificaciones expuestas al decreto de Gobernanza Marina y al fortalecimiento del INCOPESCA”.
La reforma reafirma que la rectoría en temas de gestión de especies de interés pesquero y acuícola le corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).
Asimismo, fortalece el involucramiento activo y efectivo de la sociedad en la gestión integral de los espacios marinos. A partir de este principio, se ofrece la oportunidad para que los interesados puedan ofrecer sus puntos de vista y participar en el diseño e implementación de acciones para la gestión sostenible de los mares. Además, para asegurar la representación de los intereses del sector, se incluye la opción de que la presidencia del INCOPESCA participe de la Comisión para la Gobernanza Marina.
“Las discusiones por el fondo que se dieron, así como la propuesta de reformas que el sector pesquero nacional presentó, fueron de total recibo y hoy podemos celebrar la concreción de un decreto de gobernanza que sea aceptado por los y las pescadoras”, recalcó el viceministro Monge. Agregó que “continuaremos trabajando con el sector en solucionar las necesidades existentes, así como en potenciar las oportunidades de desarrollo económico, social y ambiental que nuestras costas nos ofrecen”.
“Este es un acuerdo más en el que conservación y producción se dan la mano. Con esta reforma, el sector pesquero logra definiciones claras de las competencias de cada uno de las instituciones integrantes del mecanismo, preservando sus intereses de llevar sustento a sus familias y continuar en su desarrollo productivo”, agregó el jerarca del MINAE.
En tanto, Seas manifestó su esperanza de que “este sea el inicio a un diálogo transparente, respetuoso y efectivo, que debemos realizar en la puesta en marcha de todo el trabajo pendiente, en beneficio de tantas personas que dependemos de esta actividad y a la misma vez del país. Como sector nos comprometemos a trabajar de una forma ardua y responsable, buscando el equilibrio entre el aprovechamiento responsable y conservación”.
Esta reforma permitirá la continuidad del diálogo entre el Gobierno y el sector para analizar y aclarar puntos con respecto a las necesidades y preocupaciones de los pescadores, proceso que es acompañado por la Defensoría de los Habitantes y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
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