El Presidente de la República, Carlos Alvarado, y las ministras de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, y de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, firmaron este jueves la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia (No. 9736), en un acto que se llevó a cabo en Casa Presidencial.
El objetivo de la ley es dotar al país de una legislación más efectiva para resguardar los mercados de prácticas anticompetitivas, promover la competencia y la libre concurrencia, con el fortalecimiento de la Comisión para la Promoción de las Competencias (COPROCOM) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
“Esta ley nos encamina en la ruta correcta para generar un clima óptimo para las empresas, modernizando el mercado, dinamizando la economía y protegiendo a la ciudadanía. Traerá beneficios tanto a los consumidores como a los empresarios”, dijo el Presidente Alvarado durante la actividad en la estuvieron presentes, entre otros, diputados y diputadas y representantes de cámaras empresariales.
La ministra del MEIC, Victoria Hernández, comentó que “estamos contribuyendo a reforzar las capacidades del Estado de control y fiscalización en materia de competencia, de manera que las relaciones que tienen lugar entre los actores económicos que participan en el mercado ofreciendo o comprando bienes y servicios, tengan lugar en un marco de transparencia, de reglas claras, de libre competencia, sin incurrir en prácticas que afecten indebidamente a los otros participantes en ese juego de relaciones o el derecho de los consumidores a escoger”.
En ese sentido, aseguró que la legislación se verá traducida en mejores precios y en aumento de la calidad y variedad de productos que el consumidor podrá encontrar en el mercado nacional.
Por su parte, la Ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, manifestó estar muy complacida con la aprobación y la firma de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.
“Esta ley es un ejemplo de las reformas profundas que está impulsando el Gobierno en conjunto con la Asamblea Legislativa, de las que veremos frutos en el corto, mediano y largo plazo. La implementación de esta ley, en conjunto con otras medidas que deberán tomar las autoridades de competencia, son vitales para lograr la aprobación del Comité de Competencia de la OCDE y con ello estar más cerca de cumplir la meta del país de formar parte de esta organización en el 2020”.
Jiménez aseguró que ser parte de un grupo de menos de 40 países que procuran desarrollar las más adecuadas prácticas públicas en beneficio de la vida de las personas, tendrá impacto en los costarricenses a corto, mediano y largo plazo, pues el Estado debe modernizarse continuamente para mejorar los índices de desarrollo.
Beneficios de la nueva ley
El objetivo principal de esta nueva ley es fortalecer la figura de las autoridades que tienen a su cargo velar por la competencia: la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) como autoridad sectorial en el tema de telecomunicaciones y la Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM), como autoridad nacional que vela por la competencia en los demás mercados.
La reforma nombra comisionados a tiempo completo, introduce un procedimiento ágil y transparente para su elección, tipifica las prácticas y sanciones eficaces para disuadir conductas ilegales y establece instrumentos novedosos como el programa de clemencia y la mejora de procedimientos de investigación y sanción.
Traerá beneficios tanto a consumidores como a empresarios. Los primeros podrán contar con autoridades de fiscalización robustas, con facultades para velar efectivamente porque haya competencia en las diferentes áreas del quehacer económico. Esto se verá traducido en mejores precios y aumento de la oferta, en cuanto a la variedad y calidad de los productos que se podrán adquirir.
Por otro lado, el sector empresarial se verá fortalecido con más espacios donde ofrecer su producción de bienes o servicios, ya que una mayor competencia promueve la innovación y una mayor competitividad por parte de las empresas. El texto fue una iniciativa formulada por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), con la participación de la Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y el acompañamiento técnico del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), como entidad que coordina el proceso de ingreso del país a la OCDE.
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