“Es absolutamente falso que haya personas perdidas en monitoreo electrónico. La afirmación es temeraria e irresponsable por parte de una empresa que solo brinda el soporte tecnológico. La ESPH en su rol de proveedor de un servicio no está en capacidad de saber el seguimiento que se le da a esta población ni de medir la efectividad que tenemos los actores involucrados en el sistema de justicia”, señaló la Ministra de Justicia y Paz, Marcia González Aguiluz
La jerarca agregó que, como ente competente, el Ministerio garantiza que el 100% de las personas sometidas a esta modalidad están bajo seguimiento técnico por parte de profesionales en trabajo social y psicología, entre otros, así como por la Policía Penitenciaria esto “a pesar de las fallas y la limitación de la plataforma tecnológica, que hemos denunciado en múltiples ocasiones”.
Desde el 29 de mayo del 2017, el Ministerio de Justicia y Paz ha remitido a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia más de 60 comunicados para advertir fallas en el sistema de monitoreo electrónico que debían ser corregidas por la ESPH como proveedor tecnológico. Por eso para la cartera ministerial no es de recibo que se afirme que la plataforma trabaja “perfectamente” como afirman sus representantes.
Toda la información relativa a las fallas de la plataforma tecnológica fue enviada por autoridades del Ministerio a la Contraloría General de la República.
El Ministerio también rechazó los señalamientos de la ESPH por inacción.
Desde el inicio de esta administración se estableció un protocolo de actuación al activarse una alerta en la plataforma. Es así como cuando tiene lugar algún tipo de incumplimiento, se contacta a la persona por teléfono, la Policía lo visita y adicionalmente se remite un informe a la autoridad judicial correspondiente.
Es importante señalar que la labor de monitoreo y seguimiento no solo se da a partir de lo que alerta la solución tecnológica, sino que además media un seguimiento permanente de la Policía Penitenciaria in situ así como coordinaciones con otros cuerpos policiales.
Adicionalmente se cuenta con el apoyo de la Unidad de Seguimiento extra penitenciario, distribuida en 10 diferentes regiones, con lo que se da cobertura a todo el territorio nacional.
“Desde el primer día de nuestra gestión hemos tomado todas las acciones posibles para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que las personas bajo esta modalidad no van a representar un peligro para la sociedad. Nos llama poderosamente la atención que las aseveraciones tendenciosas y los ataques infundados por parte de la ESPH se den cuando estamos a las puertas de abrir un nuevo concurso para la contratación del proveedor que brindará este servicio a partir del 2021. Reafirmo mi compromiso para que ese proceso de contratación se realice en el más estricto apego a la normativa nacional y atendiendo los principios de probidad y neutralidad”, enfatizó la Ministra.
Reiterado desabastecimiento de las tobilleras electrónicas por parte de la ESPH
En relación con el desabastecimiento de las tobilleras, el Ministerio actúa de la misma manera que se ha hecho desde el principio del contrato y de acuerdo con los parámetros establecidos por la misma empresa. “No existe una justificación para el faltante experimentado en los últimos meses, menos cuando se trata de un contrato según demanda en el que no se han cambiado los términos contractuales”, señaló el Director de Adaptación Social, José Luis Bermúdez.
Con el fin de reducir costos, la ESPH solicitó tener una participación en el proceso de visita a las personas monitoreadas, lo cual no procede por no tener competencia legal, violenta el resguardo de los datos y la seguridad.
Supuestos comunicados a la Ministra
Con respecto a las situaciones que según la ESPH ha puesto en conocimiento desde junio del 2018 a la Ministra sobre el peligro de “personas desaparecidas”, cabe indicar que la única nota dirigida a la jerarca relativa a ese tema es, precisamente, la que remitió la empresa el pasado viernes 10 de setiembre. La Ministra nunca se ha reunido con personeros de la ESPH por considerarlo inapropiado ya que hay abierta una investigación en la Contraloría General de la República desde mayo del 2018 relacionada con esta contratación.
Eso no ha sido obstáculo para que otros personeros, entre estos el director de Adaptación Social, José Luis Bermúdez, Karla Abarca León, jefe policial de la Unidad de Monitoreo, Shirley Cubero, administradora de esa Unidad, y Franklin Arguedas Chaves, director de la Unidad de Monitoreo, sostengan reuniones periódicas y constantes con representantes de la ESPH para conversar sobre asuntos varios relacionadas con la administración del contrato.
“La ESPH no me ha comunicado ni de forma verbal ni escrita esa preocupación por supuestas personas perdidas”, insistió el director de Adaptación Social.
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