Personal técnico de los Ministerios de Justicia y Paz y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), realizaron este viernes una inspección en el CAI Jorge Arturo Montero (Reforma), de cara a lo que será el inicio de la implementación del bloqueo de señal celular, en los centros penales del país.
Los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, deberán adoptar y aplicar las soluciones tecnológicas necesarias, para impedir el funcionamiento de la señal celular al interior de los centros. Para ello disponen de un plazo de 9 meses, el cual entrará a regir a partir de la publicación del reglamento en el diario oficial La Gaceta.
“Los esfuerzos gubernamentales son claros, necesitamos que este proyecto se implemente lo más pronto posible. Hoy vinimos a este centro penal para que el personal técnico de Justicia y MICITT tengan claridad y se familiaricen con las condiciones y la infraestructura penitenciaria, y se lleven una noción más clara del trabajo que deberán desarrollar en conjunto con las operadoras y proveedores”, comentó la Ministra de Justicia y Paz, Marcia González.
Durante la visita se efectuó un recorrido por los ámbitos de mediana cerrada, -una de las áreas donde se realizan más decomisos de teléfonos celulares-; y por las instalaciones de Máxima Seguridad. En la visita participaron también el Viceministro Telecomunicaciones, Edwin Estrada Hernández, autoridades penitenciarias, entre otros.
Lucha contra la delincuencia
La puesta en marcha de este proyecto reviste vital importancia, pues será una herramienta y un aliado indispensable para luchar contra la delincuencia organizada, que sigue trabajando y afectando la seguridad de la ciudadanía, desde los centros penales.
A pesar de las labores de seguimiento e inteligencia que realiza la Policía Penitenciaria, se siguen decomisando aparatos celulares de distintas tecnologías, por lo que sin duda esta nueva medida vendrá a minimizar prácticamente por completo las posibilidades de estafas, robos de información y dinero hacia la población.
Según reportes de la Policía Penitenciaria, durante el 2018 se hallaron y decomisaron 2946 teléfonos celulares a lo interno de las cárceles. En lo que llevamos del año, han sido 1191 aparatos.
Antecedentes
Los antecedentes de este proyecto se remontan al 16 de agosto del 2018, tras su aprobación en segundo debate, se firmó la Ley 9597 que marca un cambio al artículo 49 de la Ley 8.642, Ley General de Telecomunicaciones, y procura un importante avance en materia de seguridad al combatir de manera efectiva las estafas que se cometen desde centros penitenciarios.
Tras la firma en agosto anterior, se conformó una Comisión integrada con representantes de los Ministerios de Justicia y Paz; Seguridad Pública; Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, con el encargo de preparar dicho Reglamento. En esa comisión también participaron representantes de las operadoras telefónicas y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
El borrador elaborado por la Comisión ofreció a la opinión pública la posibilidad de hacer observaciones de carácter legal y técnico; para posteriormente incorporar al texto las que se consideraron convenientes y oportunas. “Nuestro compromiso ha sido claro con la seguridad de los y las costarricenses. Por eso hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que funcione el bloqueo de señal celular, que incidirá directamente en las organizaciones criminales que operan desde los centros penitenciarios. Tenemos cero tolerancia con la corrupción y estamos comprometidos con todas aquellas acciones que permitan evitar fraudes, secuestros, homicidios u otras formas de criminalidad que afecten a la ciudadanía” manifestó González.
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