- Pena de cárcel pasará de 4 a 8 años para quien adquiera o comercialice armas prohibidas y de 3 a 5 años para quien tenga un arma de forma ilegítima o no la haya inscrito.
- Legislación establece sanciones económicas para personas o comercios que no denuncien extravío o robo de este tipo de instrumentos o de municiones.
Este jueves, el presidente de la República, Carlos Alvarado y el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto suscribieron la Reforma a la Ley de Armas y Explosivos que brinda a las autoridades más herramientas de control sobre las armas de fuego.
En el acto de firma que tuvo lugar en la Plaza de la Justicia del Poder Judicial estuvieron presentes además, el Viceministro de Seguridad, Eduardo Solano; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz; así como diputados y cuerpos policiales.
El Presidente Carlos Alvarado agradeció a los diputados y diputadas la aprobación de esta importante reforma a la Ley actual que dotará con mayor herramientas a policías e instituciones. “Estamos demostrando, con medidas como ésta, que Costa Rica es capaz de avanzar hacia un país más seguro y con menos impunidad”, expresó el mandatario.
El proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril anterior luego de ser discutido ampliamente bajo el expediente 20.508. Paralelamente, los legisladores acogieron en primer debate otra reforma a la Ley de Armas y Explosivos, tramitada bajo el expediente 20.509 que fue respaldada constitucionalmente la noche de este miércoles por Sala Constitucional.
La reforma rubricada este jueves establece entre otros cambios, el aumento en las penas de tenencia ilícita de armas tanto legales como prohibidas.
De esta forma, la pena privativa de libertad pasará de 4 a 8 años a quien adquiera, comercialice, transporte, almacene, introduzca al territorio nacional, nacionalice, exporte, oculte, fabrique, ensamble, transforme, ejerza labores de corretaje nacional o internacional o utilice armas prohibidas por esta ley, sus partes y componentes.
Además, se aumenta el tiempo de condena de cárcel de 3 a 5 años a quien tenga un arma de forma ilegítima y no la haya inscrito.
Se establece la obligación del vendedor de un arma de informar sobre el trámite al Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública.
La reforma aprobada aplica también sanciones económicas para quienes no reporten o denuncien la pérdida o sustracción de un arma en un plazo de 5 días, con multas de 10 a 60 días.
Las casas de empeño que reciban armas, municiones, explosivos en garantía de préstamo prendario tendrán una sanción de 5 salarios base. En tanto, las empresas de seguridad privada se verán obligadas a entregar sus armas a Seguridad Pública en caso de reportar el cierre de operación con el objetivo de impedir que éstas terminen en manos de la delincuencia.
En ese contexto, el Ministro Soto mencionó que la reforma legal permitirá combatir el crimen organizado, “quienes se nutren principalmente de armas que pasan del mercado lícito al ilícito. Uno de nuestros principales objetivos ha sido sacar armas de fuego ilegales de las calles, muchas de ellas utilizadas para cometer diversos delitos”.
Al concluir el acto el Presidente de la República junto a los jerarcas de Gobierno invitados participaron de un acto simbólico de destrucción de armas.
