Ley 9668, aprobada en febrero, suprime seis instituciones que no tenían personal, presupuesto ni cumplían función sustantiva para el desarrollo del país.
Adicionalmente, reformó la ley 7582 de Creación de Centros Cívicos, de manera que eliminó la Junta que administraba esos centros, los cuales ahora pasan a depender del Ministerio de Justicia y Paz.
“Es un primer momento y abre el camino para reformas más sustantivas con las 323 instituciones restantes”, aseguró la ministra de Planificación Nacional Pilar Garrido Gonzalo.
Actualmente se analizan los 76 órganos desconcentrados adscritos al Gobierno Central con miras a presentar un proyecto que podría impulsar la transformación o fusión de instituciones.