- Además, de 45 días a 7 el plazo para apertura de una empresa de comercio y servicios.
- El anuncio lo hizo la ministra de Industria y Comercio durante la actividad “Hacia un nuevo estilo de gestión”, organizada este miércoles por el BID y el MEIC.
- En el encuentro se presentó el libro “el fin del trámite eterno” que expone sobre buenas prácticas para reducir la tramitología.
La ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, anunció que para el 2022 el Gobierno se ha planteado como meta una fuerte reducción en el proceso de trámites para la instalación de una empresa en el país.
Detalló que el objetivo es que el tiempo para la apertura de una empresa de comercio y servicios baje de 45 días a 7 días, la instalación de un proyecto de inversión en servicios de 406 a 45 días y uno en manufactura de 469 días a 150 días.
“Debemos no solo cortar requisitos sino también levantar ciertos procesos. Vamos a mejorar los tiempos, bajar los plazos en una medida razonable y así aumentar la capacidad de Gobierno para ofrecer un proceso fluido”, acotó la jerarca durante la actividad “Hacia un nuevo estilo de gestión”.
El encuentro -organizado por el MEIC y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- reunió a diputados, ministros, viceministros y oficiales de simplificación de trámites de todas las instituciones de Gobierno, para conocer de las buenas prácticas de otros países en la materia.
Entre otros, participaron el Segundo Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez; los ministros de la Presidencia, Rodolfo Piza; de Turismo, María Amalia Revelo y de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar, de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier.
El especialista en modernización del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y coordinador del trabajo analítico para la División de Capacidad Institucional del Estado, Benjamín Roseth, expuso su libro “el fin del trámite eterno”, basado en las experiencias de cuatro países: Chile, Uruguay, Estonia y México.
En la presentación se mencionó que Costa Rica se demora más de tres horas en solo hacer un trámite y en ocasiones se debe acudir hasta tres días a la misma institución para finalizar el proceso y luego esperar la finalización del trámite.
Se puso en evidencia que en América Latina un nivel de corrupción en la tramitología porque implica soborno en algunos casos para agilizar el proceso, representando a la vez un costo más alto para las personas de escasos recursos y para el Gobierno.
“Hay que cambiar el paradigma, tener una estrategia transversal y retroalimentación ciudadana. Es necesario conocer cómo les va con los trámites y conocer sus malas y buenas experiencias”, indicó Roseth, tras señalar la necesidad de un ente rector con capacidad de ejercer un control sobre las instituciones.
Roseth dio cinco recomendaciones para mejorar los procesos: eliminar los trámites innecesarios, conocer la experiencia ciudadana, diseñar trámites con la experiencia ciudadana en mente, facilitar el acceso a trámites digitales e invertir en prestación de calidad.
Al respecto, acotó que en América Latina hay poca oferta de trámites en línea, existen grandes brechas de conectividad y bancarización y los trámites digitales están mal diseñados.
Partiendo de la premisa de que no se puede pensar en reducción de tramitología sin digitalización, el Gobierno anunció la semana anterior la entrada en funcionamiento del nuevo sistema digital APC-Requisitos (APC-R), el cual permitirá bajar de 4 meses a solo 15 días los procesos de requisitos previos en construcción.
La herramienta fue diseñada por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y empezó a aplicarse en nueve municipalidades desde el viernes anterior.
Para el Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar “la simplificación es un tema de alta prioridad y un elemento fundamental para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto con el Plan de Digitalización”.
De esta manera, el Gobierno de la República reafirma su compromiso con el logro de mejoras sustantivas y medibles en los tiempos de respuesta y trámites que realiza el usuario con el Estado.
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