La mayor parte de los recursos es para monitoreo electrónico, cuya cobertura aumentó considerablemente a partir de mayo pasado por resoluciones judiciales.  

También, para mejoras de infraestructura ordenadas por el Ministerio de Salud debido al hacinamiento en cárceles y para proyectos productivos que dan trabajo a la población privada de libertad.

 

En el marco de la situación fiscal, propuesta no incluye nuevas erogaciones dado que se plantea utilizar recursos ya presupuestados por la institución. 

 

Desde octubre, autoridades de Justicia alertaron a diputados sobre este posible requerimiento, ante la reducción de ¢9.478 millones del Presupuesto 2019 con respecto a 2018.

San José, lunes 28 de enero de 2019. El presupuesto extraordinario por ¢6.000 millones del Ministerio de Justicia y Paz, que discute la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, tiene como objetivo cubrir obligaciones ineludibles que tiene la institución en atención de la población penitenciaria, acatando órdenes del Ministerio de Salud y resoluciones de los jueces de la República.

Así lo explicó Fabián Solano Fernández, viceministro de Gestión Estratégica, quien recordó que en la elaboración del Presupuesto 2019, el Ministerio de Justicia aplicó un recorte inicial por ¢5.766 millones. No obstante, la reducción aprobada finalmente fue de ¢9.478 millones con respecto a 2018.

El ajuste se dio en el marco de la crisis fiscal y la mayor austeridad y contención del gasto que instruyó el Gobierno, donde también se hizo un análisis de la subejecución histórica del presupuesto de las instituciones.

En octubre anterior, en la defensa del Presupuesto el propio Solano advirtió a los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre la probabilidad del requerimiento de más recursos, debido a las variaciones en la proyección de crecimiento de la población privada de libertad.

“Muy probablemente la partida que atiende monitoreo electrónico en 2019 vaya a quedarse corta porque la curva de crecimiento viene siendo ascendente. Esto no era tan marcado en mayo y en junio cuando formulamos el presupuesto. Por ende, cuando lo entregamos no teníamos la proyección tan clara que estamos teniendo ahora”, alertó Solano en su comparecencia en octubre pasado.

En efecto, ante el mejoramiento del monitoreo electrónico, los jueces de la República han ampliado la aplicación de este dispositivo, al punto de que la población cubierta pasó de 5 a inicios de 2017, a 540 a principios del 2018 y a 1.196 en la actualidad.

Al plantear la solicitud de presupuesto extraordinario, el Ministerio de Hacienda determinó que debían utilizarse recursos ya presupuestados por la institución, en aras de no generar nuevas erogaciones.

“Después de un análisis exhaustivo se identificó que la única partida con margen de utilización era “Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales”, explicó Solano, indicando que se refiere a la partida que atiende el pago de la seguridad social de las personas privadas de libertad.

Esta obligación era asumida antes de 2019 por el Ministerio de Salud, razón por la cual el Presupuesto de Justicia para este año incluyó una partida para su atención.

A raíz de este cambio, el Ministerio de Justicia y la Caja Costarricense del Seguro Social realizan un análisis técnico con el fin de renovar el convenio vigente desde 1993 para mejorarlo y definir los montos que la institución debe cancelar a la Seguridad Social, buscando el fortalecimiento del servicio prestado a las personas privadas de libertad.

El viceministro de Justicia aseguró que existe un remanente en la partida para atender esos compromisos y rechazó de manera categórica que dicha propuesta presupuestaria desatienda o deteriore las obligaciones con la Seguridad Social.

Monitoreo electrónico. El presupuesto extraordinario contempla una partida por ¢4.000 millones para atender a una mayor cantidad de privados de libertad dado el crecimiento exponencial de esta población.

Solano explicó que desde el inicio de la actual administración se ha llevado a cabo un trabajo sistemático sobre la gestión y control del sistema de monitoreo electrónico, el cual le ha brindado una mayor credibilidad. “Esto ha provocado un incremento en el uso de esta herramienta por parte de los Jueces de la República”, aseguró.

“Para el momento de la formulación del presupuesto del 2019 el panorama sobre el comportamiento de monitoreo electrónico era muy diferente al que se tenía al finalizar dicho año”, reiteró el viceministro de Justicia.

Hacinamiento penitenciario. El presupuesto extraordinario incluye ¢1.746 millones para la construcción de infraestructura y atender órdenes sanitarias y de jueces, ante el hacinamiento penitenciario. “Hay 120 órdenes sanitarias que debemos acatar, así como resoluciones judiciales y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”, especificó el viceministro Fabián Solano.

Proyectos productivos. El presupuesto extraordinario contempla ¢254 millones para la atención de proyectos agroindustriales, en particular Construyendo Oportunidades, anunciado en diciembre anterior por la ministra de Justicia, Marcia González Aguiluz.

Esta iniciativa busca crear y fortalecer los proyectos productivos del Ministerio de Justicia, por medio de los cuales se les brinda a las personas privadas de libertad posibilidades laborales y de capacitación, fundamental para lograr el éxito en su reinserción social.

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