Desde el inicio de su administración el Presidente Alvarado Quesada tomó una serie de acciones en un inequívoco compromiso por la austeridad y la contención del gasto para resolver el problema fiscal. En junio anterior, junto a la ministra de Hacienda Rocío Aguilar Montoya, el mandatario firmó cuatro decretos y cinco directrices que permitieron un ahorro de ¢76.000 millones en los últimos cuatro meses. Presupuesto de 2019 es el primero en la historia que reporta 0% de crecimiento como parte de un estricto control del gasto durante toda su administración. “Seremos rigurosos en el control del gasto público, impulsaremos la eficiencia de lo público, modernizaremos el Servicio Civil y dialogaremos para hacer efectivas reformas al empleo público”, expresó el mandatario. “Nada se gana con aprobar una reforma fiscal como la que estamos impulsando si no hay un compromiso real de contención del gasto y de medidas para la eficiencia del aparato estatal”. Así se refería el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, en junio anterior cuando junto a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, firmaban cuatro decretos y cinco directrices como parte de una serie de medidas de contención del gasto público a ser aplicadas por el Poder Ejecutivo y que forman parte de la propuesta: “Sostenibilidad fiscal por el bienestar de Costa Rica”. Como candidato presidencial y ahora Presidente de la República, Alvarado ha mantenido un claro compromiso por la austeridad y un estricto control del gasto para resolver el problema fiscal que hoy se ven históricamente cristalizados. Entre las disposiciones anunciadas se encontraban congelamiento de la carrera profesional; cálculo de la anualidad como un monto fijo; modificación a la dedicación exclusiva; fijación del aumento salarial en ¢3.750; limitación de reestructuraciones en instituciones de gobierno, control de alquileres y renegociación de las convenciones colectivas, entre otras. Estás medidas significarán una reducción del déficit fiscal entre 1.6% y 1.7% del PIB durante los próximos años, insuficiente para resolver la crisis, pero propicio para dar una señal positiva del compromiso de Costa Rica a las calificadoras de riesgo y organismos multilaterales y para recuperar la esperanza y avanzar en soluciones conjuntas como país para garantizar el seguimiento con el modelo de desarrollo justo, inclusivo y próspero que nos ha caracterizado. El mandatario señaló que tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la contención del gasto, así con la reactivación de la economía, el gobierno pretende reducir en cerca de 3.5% del PIB el déficit fiscal para el 2022 y dotar así de una mayor sostenibilidad a las finanzas públicas. Añadió que otra pieza fundamental, dentro del Plan, es el control de la evasión, para lo cual el proyecto contempla herramientas con el objetivo de fortalecer la labor del Ministerio de Hacienda. Además, anunció que ha planteado –como hizo meses atrás– la actualización del Plan de Lucha Contra la Evasión y Contrabando para informarle a los costarricenses cómo combatirá el Gobierno la evasión y la ilusión. “Esta ley cambie la estructura tributaria del país. Estamos tomando una decisión valiente, dura, de futuro”, reflexionó el mandatario en relación con la Reforma Fiscal, aprobada finalmente a principios de diciembre. A esto se le suma las acciones contundentes contra las pensiones de lujo en la que el presidente de la República, junto a los ministros de Trabajo y Hacienda habían comparecido en una audiencia oral ante la Sala para referirse a esas acciones, argumentando sobre la constitucionalidad del tope aplicado. En cuanto al Presupuesto 2019 es el primero en la historia que reporta cero crecimiento por ejemplo, con excepción del servicio de la deuda, pensiones y los gastos de capital. El resto se mantiene con el mismo monto nominal del que fue en el 2018. Un rubro agregado en el Presupuesto son ₡5.210 millones para atención sequía que se pronostica a inicios del año entrante, además de ₡44.000 millones, “para las obras de emergencia para cuidar y proteger”, dijo el mandatario. En diferentes foros ha reafirmado que su Administración será rigurosa en el control del gasto público. “Impulsaremos la eficiencia de lo público, modernizaremos el Servicio Civil y dialogaremos para hacer efectivas reformas al empleo público”. Y agregó: “Escojamos, congruentes con nuestra historia, la ruta de trabajar duro por el bien común. Nuestras herramientas serán trabajo en equipo, seguimiento, agilidad y honestidad”. Decretos: Modificación al decreto de dedicación exclusiva. Establece una nueva escala para disminuir el pago del incentivo de dedicación exclusiva para todos los nuevos funcionarios (bachillerato se reduce al 10% y para licenciatura a 25% sobre el salario base). Aumento salarial fijo de 3.750 colones. Se establece que para los próximos doce meses en lugar de tener un aumento salarial como un porcentaje del salario, se decreta un aumento general fijo de 3.750 colones por semestre, sobre la base. Financiamiento de gastos operativos con recursos de superávit libre. Se autoriza a las instituciones que reciben transferencias del Presupuesto Nacional para que durante el 2018 y 2019 puedan financiar gastos operativos con recursos de superávit libre. Limitación de reestructuraciones en instituciones de gobierno. No se aprobarán ninguna reestructuración institucional que implique nuevas erogaciones o creación de plazas. Directrices Cálculo de la anualidad como un monto fijo. Instrucción al Servicio Civil para que la anualidad se calcule como un monto nominal fijo en lugar de porcentaje de salario. Esto detiene el crecimiento exponencial de la masa salarial. No crecimiento de presupuesto 2019. Se establece cero crecimiento con excepción del servicio de la deuda, pensiones y los gastos de capital. El resto se mantendrá con el mismo monto nominal del que fue en el 2018. Directriz general de Hacienda, reforma 98-H Directriz Nº 003-H. Entre otras disposiciones, reduce a la mitad el porcentaje de plazas vacantes (de un 50% a un 25%), no iniciar procesos de reasignación de puestos ni crear nuevos pluses o incentivos salariales, fomenta la utilización de la firma digital y el teletrabajo. Asimismo, fija recorte de subpartidas como tiempo, extra, actividades protocolarias, publicidad, transporte y viáticos en el exterior. Alquileres. Establece que no se deben negociar nuevos contratos de alquiler, salvo medidas oficiales por motivo de orden de salud o seguridad, en cuyo caso deberán suscribirse en moneda nacional. Las instituciones deberán negociar el reajuste de precio del alquiler con base en un monto que no supere la inflación proyectada. Renegociación de convenciones colectivas. Todas las instituciones que cuenten con convenciones colectivas deberán renegociarlas una vez se llegue a su vencimiento. Los jerarcas tendrán la responsabilidad personal de impedir la prórroga automática de las convenciones colectivas vigentes. Las instancias de la Administración Pública están en el deber de denunciar aquellas cláusulas que se consideren abusivas y atenten contra el buen manejo de las finanzas públicas. Proyecto de ley Proyecto de Ley Derogatoria y reforma de artículos relacionados con el pago de prohibición. Ley de Compensación por Pago de Prohibición, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley General de Control Interno, Código Municipal. Propuesta de reforma a la ley para que se reduzca al 30% el pago de prohibición a profesionales con el grado de bachillerato y licenciatura. Modifica, entre otros: porcentaje de pago de prohibición a profesionales con el grado de bachillerato y licenciatura, porcentaje base de los sobresueldos por compensación económica de prohibición y porcentaje de pago de prohibición para funcionarios de la auditoría interna. También, porcentaje de sobresueldo por prohibición de los servidores municipales. La reforma aplica para nuevos servidores públicos.]]>
