La solicitud busca garantizar el uso racional de los recursos de la Hacienda Pública respetando los derechos laborales.
Convención colectiva de la entidad bancaria fue homologada el 26 de octubre de 2017.
Los jerarcas de la administración central tienen el deber de denunciar las convenciones colectivas al vencimiento y aquellas cláusulas que se consideren abusivas, según directriz emitida en junio pasado.
El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, solicitó a la Procuraduría General de la República la interposición de una acción de inconstitucionalidad contra las cláusulas abusivas que, según su valoración y la jurisprudencia, podría tener la V Convención Colectiva suscrita entre el Banco Popular y el sindicato SIBANPO.
Dicha convención fue homologada el 26 de octubre de 2017.
La solicitud del mandatario se fundamenta en “la necesidad imperiosa de garantizar el uso razonable y legítimo del Erario Público en los procesos de reglamentación de las condiciones laborales”.
Como parte del Plan de Contención del Gasto, el presidente Alvarado y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, anunciaron a finales de mayo la Directriz Nº 009-H, en la que se ordena a las instituciones del gobierno central renegociar las convenciones colectivas “con el objeto de garantizar el uso racional de los recursos de la Hacienda Pública y con el debido respeto de los derechos laborales”.
La directriz establece que los jerarcas tienen la responsabilidad personal de impedir la prórroga automática de las convenciones colectivas vigentes y “están en el deber de denunciar todas aquellas cláusulas convencionales que se consideren abusivas y que atenten contra el buen manejo de las finanzas públicas”.
Asimismo, se instruyó a la administración centralizada y se invitó al Poder Legislativo, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones a renegociar las convenciones colectivas.]]>
