Se busca rescatar los salarios que devengaron participantes en la huelga en instituciones donde se declaró ilegal el movimiento.
Considera injusto pagar a funcionarios por un trabajo que no realizaron.
“Haremos todo lo que sea necesario para lograr ese objetivo”, exclamó el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort.
El Gobierno de la República acudirá a todas las acciones y herramientas legales para compensar y recuperar los daños causados por aquellos funcionarios públicos que participaron en la huelga –iniciada el 10 de setiembre– cuyas instituciones recibieron declaratoria de ilegalidad.
“Respetamos las decisiones judiciales, pero el Gobierno considera su responsabilidad y su obligación de echar mano de todos los mecanismos legales que permitan la compensación y la recuperación de los daños que fueron causados y los salarios percibidos sin la contraprestación correspondiente”, indicó el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort.
Agregó que en el marco de la constitucionalidad y legalidad vigentes, como Gobierno harán todo lo que sea necesario. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias para lograr este objetivo”.
El Viceministro de Trabajo, Juan Alfaro, dijo que existe un malestar generalizado en la población por la injusticia que representa pagar salarios de personas que no trabajaron. “Aquí se trata también de hacer todos los esfuerzos por recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.
En el caso de los educadores, el ministro Piza reflexionó que el tiempo que perdieron los estudiantes es irrecuperable y dejará un vacío importante en cientos de miles de niños y jóvenes.
Durante los días de huelga el Ministerio de Educación Pública pagó al menos ¢90.000 millones en salarios de docentes que no acudieron a dar lecciones.
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