Los funcionarios participantes en el movimiento pasaron de 10.336 al inicio de la protesta, a solo 6.463 este lunes.
Excluyendo al Magisterio, el respaldo al movimiento bajó de 13,2% a solo 9,3%.
El apoyo a la huelga se debilitó en una semana y fue notorio en la Caja Costarricense de Seguro Social donde la participación se redujo de 10.336 registrados el lunes 10 de setiembre, cuando arrancó, a 6.463 reportados para este lunes 17 de setiembre.
Se trata de una reducción de un 37,5% en la participación de funcionarios de la CCSS.
El lunes, cuando inició el movimiento huelguístico, contaba con el apoyo del 22% del personal mientras que ocho días después es de un 13%, según reportes de la institución.
El debilitamiento del movimiento también se reporta en la medición de los empleados públicos que participan en la huelga.
El reporte de 45 instituciones arroja que, sin incluir al MEP, la adhesión disminuyó de un 13,2% del lunes 10 de setiembre, a solo un 9,3% para este lunes 17 de setiembre. Esto significa una reducción de casi un 30%.
Este balance excluye a los trabajadores del Ministerio de Educación, debido a que hoy contaban con el día libre, con motivo de los festejos de la Independencia Patria.
Se debilita respaldo
El llamado a la huelga de diferentes sindicatos no ha tenido impacto en la mayoría de las instituciones.
Es así como, por ejemplo, IFAM, INCOFER, INCOP, INVU, MICITT, MIDEPLAN, MINAE, Cancillería, MTSS, ICT, ICODER, COMEX, BANHVI, MSP, MEIC, MIVAH, MCJ, SINART, BCCR, Hacienda, INCOPESCA, JPS, MOPT, Justicia, CNE, MAG, RACSA, INS, PANI, CNP, Correos, Gobernación, Migración, Aviación Civil, Aduanas, SENASA, IMAS, INDER e INA han funcionado con normalidad durante las últimas semanas.
Todas estas dependencias presentan niveles de adhesión mínimos o nulos al movimiento huelguístico.
Asimismo, se debilita el apoyo en lugares como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que pasó de 450 empleados en huelga a 225; de RACSA de 25 a 4, y de Correos de Costa Rica (de 46 a 11), por citar algunos.
Un total de 31 instituciones, entre ministerios, descentralizadas y Asamblea Legislativa, solicitaron ante los Juzgados de Trabajo o la Procuraduría la declaratoria de ilegalidad del movimiento.]]>
