Decreto y directriz declaran de interés prioritario nacional la prevención y atención a la violencia contra las mujeres y ordena a todas las instituciones a inscribir acciones de forma inmediata.
“Tenemos que levantar la voz para que esta violación de derechos humanos se detenga”, exclamó la ministra Patricia Mora Castellanos, quien lideró el proceso junto a una veintena de instituciones.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró que “en esta lucha contaremos con el compromiso, apoyo y respaldo del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y la Administración central y descentralizada”.
El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, el Ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, y la Ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora Castellanos, firmaron este martes el decreto y directriz que declaran de interés prioritario nacional la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres. Esta firma es producto de un amplio trabajo liderado por el INAMU junto a más de veinte instituciones, en respuesta a la dramática situación de la violencia contra las mujeres, que se refleja con el registro de 14 femicidios en lo que va de año. “Tenemos que levantar la voz para que esta violación de derechos humanos se detenga”, exclamó la ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU en un emotivo acto en Casa Presidencial en la que estuvo acompañada por todas las mujeres del gabinete, de las presidencias ejecutivas y varias diputadas. Todas ellas se sumaron a este histórico compromiso de dar una atención prioritaria a este problema social y firmaron una declaración política en la que manifiestan en forma vehemente su rechazo a los femicidios, a la violencia, a la impunidad y a la discriminación contra las mujeres. La declaración fue también suscrita por los ministros y presidentes ejecutivos. El decreto firmado este martes incorpora alrededor de 40 acciones y obliga a todas las entidades estatales a que inscriban o fortalezcan programas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el marco de la Política Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (PLANOVI 2017-2032). “Vamos a apostar en primer lugar por la prevención primaria y la detección, pero también a fortalecer y ampliar los servicios para que atiendan con diligencia y pertinencia a las mujeres de todas las edades y se hagan efectivas las medidas de protección”, comentó el presidente Alvarado Quesada. Agregó que si bien es cierto, la erradicación de esta problemática requiere de un cambio profundo en la cultura machista que solo se podrá lograr en el largo plazo, esta declaratoria permitirá seguir abonando a los esfuerzos que ya el país ha venido realizando, con la diferencia de que hoy se le solicita a todas las instituciones estatales dar prioridad y que ajusten sus presupuestos en el corto plazo para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres. Anunció que “esa labor no la haremos solos, contaremos con el compromiso, apoyo y respaldo del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y la Administración central y descentralizada”. Por su parte, la ministra Mora fue enfática en señalar que “cuando una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer, cuando las niñas siguen siendo violadas, cuando en los Tribunales las denuncias siguen llegando y en el Congreso se siguen discutiendo leyes para proteger a las mujeres, es evidente que estamos en una situación donde tenemos que actuar con mayor celeridad y levantar la voz para que esta violación de derechos humanos se detenga”. “Por eso hoy hacemos un solo frente común para luchar contra este problema social que está matando a nuestras mujeres”, señaló. El decreto incorpora alrededor de 40 acciones, como la creación de nuevos Centros de Atención Integral y Albergamiento para mujeres y sus hijos e hijas (CEAAM), ampliación de Comités locales de atención inmediata y seguimiento a situaciones de alto riesgo de femicidio (Clais) y la creación de nuevas Defensorías Sociales en zonas vulnerables. Además, se trabajará en: empoderamiento económico con mujeres jóvenes, capacitación a la policía comunitaria, mejoramiento del control de armas de fuego, fortalecimiento con la primera infancia, impulso a la aplicación sobre la Ley de relaciones impropias y a la promoción de nuevas masculinidades y de factores protectores frente a la violencia. Como testigos de honor a la firma del decreto y de la directriz estuvieron las diputadas Carolina Hidalgo Herrera, presidenta de la Asamblea Legislativa; Shirley Díaz Mejía, Nielsen Pérez Pérez y José María Villalta Flórez-Estrada, integrantes de la Comisión de la Mujer; Eugenia Zamora Chavarría, Magistrada Vicepresidenta del TSE, y María Gabriela Alfaro Zúñiga, Fiscal Adjunta Asuntos de Género. Números en rojo
Del 2012 hasta el 2017 se solicitaron 286.597 medidas de protección a los juzgados competentes, un promedio de 47.757 al año. Para el 2017, el 80% de las personas que solicitaron medidas de protección fueron mujeres. Los delitos sexuales contra mujeres y niñas van en aumento. Datos del Poder Judicial señalan que del 2010 al 2016 se interpusieron 46.754 denuncias por estos delitos. En ese último año, el 84% (9.626) de las víctimas fueron mujeres. A partir del 2009 la cantidad de denuncias por Ley de Penalización aumentaron. El femicidio es la expresión máxima de la violencia contra las mujeres. En Costa Rica, desde el 2008 hasta el pasado 10 de agosto han sido víctimas de la violencia machista un total de 304 mujeres.]]>