El Gobierno de la República reitera su absoluto respeto a la alta investidura y a la independencia del Poder Judicial.
El éxito de la democracia costarricense se ha basado, en buena medida, en un sistema de administración de justicia independiente y confiable.
No corresponde al Poder Ejecutivo valorar las decisiones de nuestros tribunales de justicia. Le cabe acatarlas y, cuando proceda, emplear los mecanismos procesales para impugnarlas.
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