· $25 millones corresponden a la Iniciativa Centroamericana de Seguridad Regional y otros $5.7 millones para capacitación policial.
· Sumando los montos donados entre 2017 y 2018, el país habrá de recibir un total de $61.4 millones
Caldera. Puntarenas. Por segundo año consecutivo Costa Rica recibirá de Estados Unidos una donación de $30.7 millones para la lucha contra el crimen organizado y la atención de poblaciones migrantes en reconocimiento a la labor desempeñada durante la Administración Solís Rivera.
Así quedó consignado en el presupuesto para el año fiscal 2018, aprobado por el Congreso recientemente y firmado por el Presidente Donald Trump.
El anuncio fue realizado por el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera durante el acto de entrega de tres patrulleras de 110 pies, el día de hoy en la Estación de Guardacostas de Caldera. Estas embarcaciones, parte de la donación en materia de seguridad más grande que ha tenido Costa Rica el año 2017, le permite al país una mayor autonomía para la protección de la ciudadanía, los recursos marinos, la acción policial contra el narcotráfico, la trata de personas y la defensa de la soberanía nacional
Este nuevo rubro de donación se iguala al asignado el año anterior para atender temas de seguridad nacional y regional. Está repartido en tres partidas: $25 millones corresponden a la Iniciativa Centroamericana de Seguridad Regional (CARSI, por sus siglas en inglés) a través de la cual se han financiado programas que benefician a más de 2.300 jóvenes en situaciones de riesgo para brindarles habilidades laborales, liderazgo y espíritu empresarial. Los otros $5.750 millones provienen de fondos para la capacitación policial.
“De este modo queda consolidado todo lo que hemos avanzado en las acciones conjuntas para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico y por la seguridad en las comunidades, lo cual sucede en gran medida porque hemos logrado demostrar con hechos que los recursos están siendo empleados para cumplir el propósito con que fueron donados y que el impacto que esto tiene en la seguridad no sólo de Costa Rica, sino también de la región es cuantificable”, comentó el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera.
Sumando los montos donados a Costa Rica por el gobierno estadounidense entre el 2017 y 2018, el país habrá de recibir un total de $61.4 millones producto de la cooperación histórica en el combate contra el crimen organizado transnacional entre ambas naciones, ratificada durante las giras del Presidente Solís Rivera al país norteamericano.
Esta ayuda, que ambas naciones han gestionado desde el inicio de la presente Administración, incluyó el año pasado dos embarcaciones patrulleras, dos aviones de patrullaje y carga, tres helicópteros y otros equipos que han venido contribuyendo a las acciones binacionales para fortalecer la seguridad.
SOCIOS ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
“Esto es un reconocimiento de Costa Rica como un socio estratégico en la lucha contra el crimen organizado y sobre el arribo de migrantes de diferentes países. También responde a los buenos resultados que ha mostrado Costa Rica en lo que es la incautación de drogas”, comentó por su parte el Embajador de Costa Rica ante Estados Unidos destacado en Washington, Román Macaya Hayes.
“En la zona económica exclusiva nuestra hemos demostrado una efectividad muy alta. El año pasado se incautaron 130 toneladas métricas de cocaína” agregó el Embajador.
La Embajada de Costa Rica en Washington ha venido realizando un trabajo constante desde el 2014, para gestionar estos recursos y posicionar los logros del país en temas de seguridad. Este esfuerzo se ha sustentado en visitas regulares al congreso de los Estados Unidos enfocadas a sostener reuniones con miembros del Subcomité de Apropiaciones, encargado de asignar el presupuesto y partidas para operaciones internacionales.
El trabajo del 2017 contra el narcotráfico y la delincuencia común ubican a Costa Rica como líder en cuanto al decomiso de sustancias ilícitas con el desmantelamiento de 126 narco estructuras criminales, de las cuales 26 se dedicaban al tráfico internacional de drogas y 100 al tráfico local de drogas, de estas últimas 40 eran familias. Además, desde diciembre de 2017 el país cuenta con un Protocolo de Actuación para Situaciones Migratorias Especiales, el cual será determinante para optimizar la administración de los recursos y brindar respuestas efectivas a la población migrante en situación de riesgo.
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