https://www.oecd.org/daf/competition/CostaRica-PeerReview2014esp.pdf .En dicho informe se evidenciaron todas las debilidades y falencias de la autoridad de competencia en Costa Rica: la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM).
La COPROCOM fue creada mediante la ley 7472 y es un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la integran cinco comisionados propietarios y cinco suplentes. Sin embargo, enfrenta restricciones importantes que le restan independencia para actuar técnicamente y efectividad para sancionar. En este sentido, no solo el examen inter-pares lo advierte, sino que múltiples expertos han señalado la necesidad de alcanzar sanciones que sean verdaderamente disuasivas para corregir las prácticas anticompetitivas, pero también la urgencia de dotarla de mayores capacidades para realizar investigaciones e inspecciones. Pero adicionalmente, también se requieren procedimientos claros y expeditos para corregir los problemas en el mercado y darle certidumbre a las empresas de que no serán sometidos a procesos sin término.
Otra de las grandes dificultades que enfrenta la COPROCOM es que sus comisionados sesionan solamente una vez a la semana (las tardes de los martes), las dietas son muy bajas y la cantidad de información que deben analizar es muy amplia, compleja y sensible. Por tanto, al no dedicarse a tiempo completo a estas labores, las horas disponibles para el estudio de los casos son muy restringidas y deben atender sus obligaciones profesionales y laborales; lo cual, en diversos momentos, ha propiciado que tengan que recusarse de votar porque las empresas con las que trabajan pueden tener vínculos con los casos bajo análisis. Esto eleva significativamente los riesgos de conflicto de interés, pero también ha provocado que cada vez sea más difícil integrar el órgano, lo que a su vez genera el riesgo de que la Comisión se quede sin quorum estructural y que con ello un caso termine siendo resuelto por silencio positivo.
Estos problemas son serios y han sido identificados por los pares, haciendo notar con ello la urgencia de avanzar en una reforma integral de la autoridad de competencia, que, al menos, abarcara los siguientes puntos:
- Dotar mayor independencia administrativa, financiera y técnica.
- Incrementar los recursos financieros y humanos.
- Eliminar el esquema de tiempo parcial, pasando a uno de tiempo completo con menos comisionados.
- Sustituir el procedimiento general por uno especial.
- Sanciones que disuadan las conductas ilegales.
- Notificación previa de concentraciones que superan los umbrales.
- Abogacía de la competencia.
- Realizar estudios de mercado.
Producto de todo este análisis y realidades fue que el MEIC en conjunto con Presidencia, COMEX y SUTEL, redactaron el proyecto de ley 19 996,, siendo finalmente presentado en junio de 2016, donde comenzó su trámite legislativo..
Una vez iniciado el trámite legislativo, el MEIC lideró un amplio proceso de consulta y difusión, primeramente, con todas las fracciones legislativas y, además, con los sectores empresariales del país, tanto en discusiones técnicas como políticas. Por si ello fuera poco, se ha contado con la participación de expertos de la OCDE como Antonio Capobianco y
Pedro Caro de Sousa, así como Mario Umaña del BID. Este proceso de consulta y negociación se apoyó en gran medida en la diputada Silvia Sánchez, presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se discute el Proyecto de Ley.
Producto de todo ello, es que se han llevado a cabo seis reuniones con las misiones de OCDE que vienen constantemente a evaluar los avances del país en este y otros temas (de cara al proceso de adhesión), siete reuniones con cámaras empresariales y actores interesados, tres foros de discusión, 11 reuniones con distintas fracciones de la Asamblea Legislativa, tres comparecencias formales en la Comisión de Gobierno y Administración y más de 130 reuniones técnicas con asesores de diputados para aclarar los alcances y fines de esta reforma.
Se trata de un trabajo arduo de casi dos años, donde ha existido total transparencia y disposición de aclarar y revisar los puntos donde no hay acuerdo.
Por ello es totalmente irresponsable y falso afirmar que el Poder Ejecutivo corre” para que se apruebe esta iniciativa, cuando lo cierto es que ha sido un proceso pausado y reflexivo, para lograr un texto de consenso y que verdaderamente corrija las debilidades que adolece la COPROCOM.
También, es falsa la afirmación de que el Poder Ejecutivo propuso que el Consejo tuviera cinco miembros, porque el texto original (que puede ser consultado en el siguiente enlace:
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=19996), señalaba en el artículo 6 que la composición propuesta era de tres miembros y más bien, gracias a la insistencia del MEIC, -que se puede constatar en las actas de las distintas comparecencias en las que se ha participado-, es que la Comisión Legislativa decidió volver a la composición original de solamente tres miembros.
Por otra parte, también es precioso aclarar que la posición de la Contraloría General de la República (CGR), versa fundamentalmente sobre la forma y no el fondo del proyecto, es decir, la Contraloría se opone en general a la existencia de órganos de desconcentración máxima con personería jurídica instrumental. En este caso y aunque lo ideal sería contar con una institución autónoma que tuviera una estructura propia, lo cierto es que la realidad fiscal del país no permite avanzar en este sentido.
Por ello, también es falso afirmar que se está creando una nueva estructura, porque simplemente al órgano desconcentrado ya existente se le otorga personalidad jurídica instrumental, buscando la mayor autonomía posible, pero a la vez aprovechando la estructura ya existente, además de que al mantenerse dentro del MEIC se lograrán economías de escala reduciendo costos y prescindiendo de la parte administrativa.
En lo que respecta a la escala salarial, es importante valorar que la equiparación con el régimen salarial aplicable en la SUTEL, encuentra lógica en el sentido de que si esta superintendencia es autoridad sectorial de competencia, es coherente que la autoridad nacional (que tiene la responsabilidad de estudiar y resolver los casos de todos los demás sectores de la economía) cuente, al menos, con el mismo nivel de salarios que la SUTEL. No obstante, es un tema sobre el cual los diputados de la República, tienen plena competencia para establecer el mejor parámetro y escala salarial.
Por otro lado, es incorrecto afirmar que este proyecto no es un requisito para el ingreso del país a la OCDE. El señor Nicola Bonucci, director legal y coordinador de adhesión OCDE, en su más reciente visita al país fue categórico ante los diputados: si no hay una reforma a la autoridad de competencia, el país no tendrá el visto bueno del Comité de Competencia de la OCDE y esto dará al traste con el proceso de adhesión; decisión que no está de más recordar, no es una iniciativa de este gobierno exclusivamente, sino que es una decisión país que se tomó desde la administración anterior y que se ha llevado adelante en este cuatrienio.
Los efectos positivos de esta reforma tendrían incidencia en muchísimos aspectos de la economía nacional y del bienestar de los costarricenses. Una autoridad de competencia fuerte, con mecanismos que disuadan las conductas anticompetitivas de los agentes económicos, permitiría alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en los mercados, mayor productividad, crecimiento, innovación e impulsaría la diversificación de la oferta de bienes y servicios. Mercados con poca competencia implican precios más altos para todos, por ende, debe ser una prioridad país tener una autoridad robusta y eficaz, que imprima mayor competencia en los distintos mercados, y que también sancione con severidad las conductas anticompetitivas y los abusos de poder de mercado de los agentes económicos.
El MEIC pone a disposición de toda la ciudadanía interesada en informase a profundidad sobre este tema, los correos electrónicos:
despachoministra@meic.go.cr y
jvega@meic.go.cr para responder todas las consultas que se tengan sobre este Proyecto de Ley.
Geannina Dinarte Romero Ministra de Economía, Industria y Comercio
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