· También se aplicaron varias directrices presidenciales para limitar aumento en la planilla estatal y recortar partidas superfluas
Las cifras fiscales a noviembre respaldan la posición del gobierno sobre la urgencia de contar con una reforma hacendaria integral, que permita dar sostenibilidad a las finanzas del Estado y garantizar su operatividad.
El déficit financiero fue de 5,0% del PIB a noviembre, mientras que el primario fue del 2,2% (4,7% y 2,0%, respectivamente a noviembre 2016).
El Ministerio de Hacienda tendrá listos los resultados fiscales totales del 2017 a mediados de enero; sin embargo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estimó que el déficit fiscal estaría cerrando el año en torno al 6% del PIB (5,2% en 2016).
A lo largo de este año, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, ha insistido en que son insuficientes los múltiples esfuerzos realizados por esta administración para mejorar la recaudación y reducir el gasto.
Por ejemplo, con sus propios recursos, el Ministerio de Hacienda desarrolló 17 diferentes programas en el área de informática, que modernizan el sistema tributario para sustituir plataformas desfasadas y la dependencia del papel.
Entre esos programas se encuentran Data Mart Aduanero (creación de cubos con información de vehículos, ingresos, tránsito, reglas), Control Extensivo (cruces de información para casos en que datos se consideran inexactos o presentan diferencias con situaciones normales), Régimen Simplificado (para detectar evasión de impuestos de renta y de ventas), Denuncie YA (para realizar denuncias desde cualquier dispositivo móvil o computadora), Administración Tributaria Virtual, ATV, (para presentar declaraciones y realizar pagos).
CEPAL también indicó que la deuda pública del gobierno central alcanzó los 15,56 billones de colones al cierre de septiembre de 2017 (cifra equivalente a 27.197 millones de dólares). Se espera que finalice 2017 en torno al 48% del PIB (frente al 44,7% en 2016). El financiamiento del gobierno continúa recayendo en el mercado nacional, principalmente en clientes institucionales del sector público.
En cuanto a la contención del gasto, Fallas recordó la Directriz Presidencial 70-H que entró en vigencia el 31 de marzo y rige hasta el 31 de diciembre del 2017. En abril del 2015 también se emitió la directriz 023-H, y su modificación 053-H se emitió en setiembre de ese año.
Uno de los propósitos de estas directrices fue disminuir el gasto total sin intereses (que pasó del 14,4% del PIB a noviembre del 2016 a 14,6% a noviembre del 2017; este monto aumentó por los gastos de capital que pasaron de 1,1% a 1,3% del PIB a esas mismas fechas, lo que indica un dinamismo en los recursos destinados a infraestructura vial y educativa, principalmente). Igualmente, se limitó la creación de nuevas plazas, se congelaron los salarios del presidente, vicepresidentes, ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, así como de gerentes y subgerentes del sector descentralizado. También se recortaron partidas flexibles o superfluas.
En parte, estas medidas permitieron que las remuneraciones presenten una desaceleración, al pasar de un 6,0% del PIB acumulado a noviembre del 2016 a un 5,9% acumulado a noviembre del 2017.
En 2016, el Ministerio de Hacienda recortó rubros por ¢4 mil millones en las partidas de publicidad, honorarios, viáticos, formación, entre otros (de la partida de alimentación, el 95% está destinado a alimentación en cárceles y seguridad pública). Paralelamente, los presupuestos de la República, incluido el presupuesto para el 2018, sufrieron recortes previos a su envío a la Asamblea Legislativa.
“No podemos disimular que la ausencia de acuerdos que permitan contar con leyes más eficaces y eficientes en materia hacendaria ha empeorado la situación. El próximo gobierno también enfrentará estos problemas, los cuales van a empeorar el próximo año ante la ausencia de la ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, resaltó Fallas.
El jerarca dijo que en el año 2015 se presentó la propuesta para el Fortalecimiento de la Hacienda Pública y en agosto anterior se cumplieron dos años de haber presentado a la Asamblea Legislativa los proyectos de IVA y Renta. El pasado mes de noviembre se presentó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual es el producto de un proceso de consultas entre diversos actores políticos.
Según explicó Fallas, el elevado déficit fiscal compromete el desarrollo del país, pues se limita la posibilidad de más inversión social y productiva, hay tendencias a un incremento las tasas de interés y durante el año 2018 podría haber nuevas bajas en la calificación de riesgo.
El incremento en el déficit fiscal se explica por el aumento en el costo financiero de la deuda, es decir, los intereses de la deuda aumentaron de 2,4% a 2,8% del PIB acumulado a noviembre 2016 al mismo mes del 2017; al incremento en el gasto de capital y por las trasferencias que deben atenderse por mandatos legales y constitucionales.
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