¢1.7 billones son por cuotas obreras y patronales; ¢421 mil millones corresponden a aportes de la Ley de Protección al Trabajador.CCSS recupera el 99 por ciento de las sumas facturadas. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) facturó ¢2.1 billones en cuotas obreras y patronales y aportes de la Ley de Protección al Trabajador, entre los meses de enero y setiembre de 2017, como lo confirmó la Dirección de Cobros de la institución.
De acuerdo con la CCSS, en lo que corresponden a los seguros que administra la entidad -Enfermedad y Maternidad (SEM); Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)-, el monto facturado alcanzó los ¢1.7 billones, mientras que los aportes de la Ley Protección al Trabajador, la cifra sumó ¢421 mil millones.
Luis Diego Calderón Villalobos, director de Cobros de la CCSS, expuso que la administración pública es la división económica que más aporta a estas contribuciones sociales, con un 28 por ciento del total; seguida de las actividades inmobiliarias y empresariales que aporta un 14 por ciento; el comercio en tercer lugar contribuye un 11 por ciento y la industria manufacturera con un 10 por ciento.
Por otra parte, respecto a la morosidad, Calderón explicó que al 31 de octubre de 2017, la tasa de morosidad (que es la relación entre la morosidad de un periodo con respecto a la facturación), representa un 0.86 por ciento, es decir, que la institución recauda el 99.14 por ciento del monto facturado.
El funcionario puntualizó que al 31 de octubre de 2017, la morosidad activa alcanzó la suma de ¢ 62 588 millones. La actividad económica que más debe a la CCSS es la de inmobiliarias y empresariales con un pendiente de ¢12 555 millones, seguida del comercio con una deuda de ¢11 418 millones; en tercer y cuarto lugar se ubica la industria manufacturera y las actividades comunitarias, sociales y personales, con un pendiente de ¢9 294 millones y ¢5.403 millones; respectivamente.
El funcionario destacó que las cuotas de la CCSS son recursos que utiliza para sufragar la inversión en todo el sistema de salud, sea en infraestructura y equipo médico, así como todo lo relativo al gasto en medicamentos, tratamientos especializados, consultas médicas, diagnósticos, emergencias, entre otros gastos asociados a la salud pública; también los recursos destinados al régimen del IVM que son empleados para pagar las pensiones de los beneficiarios a este sistema de pensiones.
Por su parte, en cuanto a los aportes de la Ley de Protección al Trabajador, Calderón expuso que la Ley 7983, que rige desde el año 2000, creó dos grandes regímenes obligatorios de capitalización individual, el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y Fondo de Pensiones Complementaria (FPC); el primero constituye un ahorro para el trabajador que mensualmente el patrono aporta y representa un 3 por ciento del salario, este fondo tiene como fin proteger a los trabajadores cuando se extingue la relación laboral o bien cada cinco años de relación laborar interrumpida, el trabajador puede hacer uso de este beneficio. El segundo es un fondo complementario al régimen de pensiones del IVM u otro sustituto, que se financia con un aporte del trabajador del 1 por ciento de su salario; un aporte patronal del 1.75 por ciento del salario del trabajador y el 50 por ciento del FCL; ambos fondos son recaudados por la CCSS, y traslados a las cuentas individuales de cada trabajador según su operadora de pensiones.]]>
