- Comparecencia ante la Comisión Legislativa investigadora del tema de los créditos del cemento.
Buenas noches, doy una respetuosa bienvenida a la Presidencia de la República a las señoras y señores diputados, asesores y equipos técnicos de la Asamblea Legislativa, así como las señoras y señores de la prensa y a las personas que nos siguen mediante redes sociales y medios de comunicación.
Agradezco que aceptaran mi invitación a venir a la Presidencia de la República con el propósito de despejar las dudas que puedan existir sobre la participación de la Casa Presidencial y sus jerarcas en la gestión de la apertura del mercado del cemento y los esfuerzos realizados para beneficiar a la mayor cantidad de costarricenses con la reducción en el precio de este insumo vital para la construcción.
En campaña prometí total transparencia en mi Gobierno. Al asumir el cargo de Presidente de la República juré decir la verdad ante Dios y lo más sagrado de mis convicciones, y por ello respondo con respeto sus consultas en público y con transmisión en vivo al país. Responderé sobre los hechos que me constan y no divagaré en especulaciones u opiniones.
En las últimas semanas he reiterado que la investigación de esta comisión y de cualquier otra autoridad competente debe llegar hasta las últimas consecuencias. He reiterado que cada una de las personas aludidas debe responder por sus actos, dar las explicaciones que correspondan y asumir las responsabilidades que le sean impuestas. He reiterado que todo el peso de la ley debe caer sobre quienes hayan podido abusar de las instituciones para beneficiarse individualmente y también que la Justicia deberá sancionar a aquellos que se hayan atrevido a sacar ventaja de sus posiciones públicas.
Al diputado Víctor Morales Zapata le han atribuido actuaciones que, de ser ciertas, merecerían ser sancionadas.
A lo largo del gobierno me han atribuido una estrecha amistad con Melvin Jiménez, Mariano Figueres y Víctor Morales. Sin embargo, debo dejar claro que el Presidente de la República no tiene amigos. El Presidente de la República tiene una ciudadanía a la que debe responder y ninguna relación de amistad personal debe ensombrecer las elevadas obligaciones que tengo con el país, so pena de debilitar nuestra institucionalidad democrática.
Ni Víctor Morales Zapata ni ningún otro legislador habla en nombre del Presidente de la República y si alguien así lo hiciera sería absolutamente reprochable. Ciertamente, hay personas que invocan la autoridad del presidente para sus gestiones, ante lo cual es necesario poner en práctica la sana duda y la pregunta oportuna para discernir si aquella información es verdadera.
El talante democrático que nos motiva a servir en la función pública, es el mismo que en ocasiones nos obliga a dar un paso al lado para permitir que la democracia misma siga vibrando. He meditado profundamente sobre este principio esencial, así como en el rol determinante que juega la confianza en las instituciones en un régimen democrático. Con el ánimo de que siempre prevalezca la verdad y que esta no sea opacada por cargos que puedan poner en tela de juicio una gestión signada por históricas conquistas, conviene a la nación que le pida al diputado Morales Zapata no solo renunciar a su inmunidad parlamentaria, como ya lo ha hecho, sino también devolver al soberano la representación parlamentaria que le fue concedida en 2014. Ello para que pueda enfrentar sin ambages ni ataduras, ni lesionándose su derecho fundamental al debido proceso, las acusaciones que le han sido endilgadas.
La transparencia en la función pública y el combate de la corrupción son pilares de mi Gobierno, junto con el crecimiento económico con equidad y la reducción de la pobreza. Así lo hemos hecho durante los tres años y cuatro meses de mi gestión y así lo seguiremos haciendo hasta el próximo 8 de mayo.
Mi Gobierno se ha concentrado en tareas primordiales para el país y los avances son evidentes. Ratificados por las cifras de entidades independientes y reconocidas nacionales e internacionales. Algunos de los partidos presentes esta noche aquí auguraban en febrero del 2014 que en mi Gobierno habría un descalabro económico y social. Eso no ocurrió. Todo lo contrario: aunque la situación fiscal sigue siendo un gran reto para el país, estamos creciendo a un ritmo mayor que el resto del continente; la pobreza disminuye, el desempleo desciende, obras estratégicas de infraestructura concluyen o avanzan de forma definitiva y no ha habido escándalos de corrupción que involucren al Gobierno.
Para impulsar el crecimiento económico y reducir el desempleo, nuestro equipo económico destacó en el Plan Nacional de Desarrollo sectores que prioritariamente debían ser liberados de barreras comerciales. Uno de ellos es el de los materiales de construcción, donde claramente se ubica el cemento.
Previo a este gobierno, dos grandes empresas controlaban los precios en el mercado nacional del cemento y se distribuyeron el mercado que tenían acaparado en un 99%, reflejándose esto en altos precios con respecto a otros países de la región. Esa realidad ha significado para el pueblo de Costa Rica mayores costos en la construcción de viviendas pero también de las obras públicas.
Esta preocupación ampliamente estudiada desde hace años por don Welmer Ramos, ex ministro de Economía, hizo que mi gobierno asumiera la tarea de romper con el duopolio y buscara generar las condiciones para que otros proveedores pudieran comercializar cemento en nuestro territorio, toda vez que demostraran el cumplimiento de nuestras exigencias de calidad y protección del medio ambiente y la salud humana.
La permanencia en solitario de dos empresas comercializadoras se vio beneficiada con del establecimiento de barreras legales contra la importación de cemento en el año 2005. Este hecho no solo inquietó a este gobierno, también provocó dudas en varios diputados a lo largo de los últimos diez años, entre ellos destaco al liberacionista don José Miguel Corrales; a los libertarios Carlos Gutiérrez, Danilo Cubero y Otto Guevara; así como a los ex legisladores del PAC, Gustavo Arias, Manrique Oviedo y Francisco Molina.
Esta acción de gobierno, la de eliminar – como lo hicimos en marzo del 2015 – las barreras a la comercialización del cemento, también se apoya en dos estudios del MEIC (del 2006 y del 2011) y en al menos tres pronunciamientos de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), que pusieron de manifiesto ante las autoridades de esos gobiernos el carácter duopólico del mercado, la existencia de indicios de repartición del mercado, la existencia de márgenes entre la producción y la comercialización que rondan el 142% y la ausencia de criterios técnicos que sustenten la aplicación de las barreras impuestas. También la Cámara Costarricense de Comercio, en octubre del 2013, hizo eco de la inconveniencia de estas restricciones.
De manera puntual ¿Qué fue lo que hizo mi gobierno para romper el duopolio?
Documentos en el expediente respectivo en el MEIC demuestran que en el 2005 un decreto fijó regulaciones para la importación de cemento que favorecían a las dos empresas e impedían la competencia.
Tales requisitos para la comercialización de cemento no tenían fundamento técnico, algunos de ellos no se aplicaban en ninguna otra parte del mundo y claramente tenían el propósito de impedir la entrada de competidores al mercado costarricense. Las condiciones de ese decreto fueron acordadas por dos empresas en 2003 y avaladas por el Gobierno en el 2005.
Tras un proceso amplio, participativo y transparente de investigación técnica y diálogo político, en marzo del 2015 emitimos un decreto que:
- Elimina la obligación de que los sacos de cemento tengan que ser exclusivamente de 50kg, a pesar de que existen otras presentaciones posibles en los mercados de donde se importa el cemento. El levantamiento de esta restricción facilita la importación de este material.
- Tras verificar técnicamente que un empaque adecuado garantiza la prolongación de la fecha de uso del cemento por varios meses, se eliminó el plazo específico de 45 días entre el empaquetado y su comercialización, un requisito que solo en Costa Rica existía. Esto era así, aunque una de las empresas duopólicas admitía en su página web que el cemento en adecuadas condiciones de almacenamiento podría conservarse por años.
- El decreto también deroga la limitante de que el cemento a granel debía comercializarse el mismo día en que se produce, lo que impedía la importación de cemento a granel.
Además, en setiembre del 2015, por primera vez en 10 años, se estableció un procedimiento de evaluación de la calidad aplicado a todo el cemento comercializado en el país – tanto el producido en suelo nacional como el importado. Además, desde marzo del 2015, con la emisión de la reforma al reglamento, se generó la obligación de aportar un certificado de cumplimiento emitido por un laboratorio acreditado.
Y en enero del 2016 modificamos la última restricción de las impuestas en el 2005: se trata de un conjunto de estándares ambientales, de salud pública y de calidad que antes de abril del 2015 nunca se había evaluado, y cuando lo hicimos, logramos determinar que las tres empresas tenían incumplimientos al reglamento técnico en la tabla 1 y 3.
Pusimos en marcha la aplicación del decreto que elimina el registro público de importadores, el cual fue elaborado y firmado durante la Administración Chinchilla Miranda, para simplificar trámites y proteger información comercial que puede ser estratégica para las empresas participantes en el mercado.
Resalto la vocación participativa que ha imperado en todo este proceso. Este nuevo andamiaje técnico se elaboró de manera pública y transparente con el concurso, en distintos momentos, del Laboratorio de Materiales de la UCR, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara Costarricense de la Construcción, la Cámara de Comercio de Costa Rica, la Asociación de Industrias del Concreto, la Asociación Consumidores de Costa Rica, el Instituto Costarricense del Cemento y la Construcción, el ICE, MINAE, MEIC, M. Salud y las empresas CEMEX, HOLCIM, SINOCEM, AMCO, ARMABLOQUE y PEDREGAL.
Todas estas gestiones pueden ser consultadas en los 5 tomos del expediente del MEIC, mismos que ya fueron entregados a esta Comisión Legislativa la semana pasada.
Este debate, el de la política pública y su efecto positivo para los consumidores y la economía en general, se ha visto eclipsado por informaciones que configuran un cuadro de presunta corrupción en favor del empresario Juan Carlos Bolaños, un proveedor habitual del Estado desde hace más de diez años que a partir del 2015 manifestó interés en comercializar cemento de China. Al respecto, como parte de este ejercicio de control político y periodístico, se ha tergiversado – voluntaria o involuntariamente – las visitas que realizó el señor Bolaños a la Presidencia de la República.
Según información que compiló el equipo de Comunicación de la Presidencia, se trata de siete visitas realizadas por Bolaños a Casa Presidencial. Puedo afirmar que ninguna de ellas incidió de alguna manera en la normativa técnica ni produjo el otorgamiento de ventajas indebidas. Estas citas tampoco se otorgaron de manera expedita ni hubo trato preferencial en su asignación, como equivocadamente se ha querido posicionar en la mente de los costarricenses.
- Reuniones 1 y 2 / 13 y 16 de febrero del 2015
Durante el periodo de publicación y consulta del decreto que firmamos en marzo del 2015 – en el que eliminamos las barreras a la importación del cemento – el señor Bolaños expuso, primero ante el ex Ministro Melvin Jiménez y luego al director jurídico, Marvin Carvajal disconformidades con el texto que el MEIC sometió a consulta en diciembre del 2014. En ambas reuniones el resultado para el señor Bolaños fue infructuoso, se le indicó que el proceso era netamente técnico y que el espacio para la discusión era en el Ministerio de Economía.
En la reunión del 16 de febrero del 2015 don Juan Carlos aprovechó para solicitar una reunión conmigo, la cual fue otorgada en diciembre del mismo, es decir, 10 meses después.
Queda claro, que en la reunión 1 y 2 el Gobierno de la República no le da una respuesta favorable a la solicitud del empresario.
- Reunión 3 / 13 de abril del 2015
La tercera reunión se realizó en abril del 2015 y trató sobre la paralización de obras del dique de Nosara, ocasionado por el cuestionamiento en la prensa de la calidad del cemento empleado por el contratista. En esta reunión participaron el exministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, el exministro de Economía Welmer Ramos, el Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias y su asesora Julissa Ulate (CNE), el diputado Víctor Morales Zapata, el señor Juan Carlos Bolaños y su abogado, Alexander Sánchez.
Ante la suspensión de la obra, y por tratarse de un proyecto de alto interés nacional, cuya construcción fue ordenada mediante sentencia judicial, se convocaron a Casa Presidencial los jerarcas involucrados con el propósito de conocer el descargo de Bolaños respecto de lo que interpretó como restricciones técnicas de la CNE y del MEIC.
Esta obra, que estaba siendo construida por JCB, tenía tal importancia para el país que incluso la expresidenta doña Laura Chinchilla la visitó en julio del 2015, en compañía del alcalde de Nicoya y el exdiputado Sigifredo Aiza, y ella manifestó en redes sociales su orgullo por haberla impulsado y dejado financiada y adjudicada su segunda etapa…
Esta duda, junto con una consulta del Grupo Gravilias y del Instituto del Cemento respecto de la calidad del cemento importado por JCB, motivó que el MEIC realizara inspecciones sorpresa de verificación de calidad in situ a las tres empresas presentes en el mercado –CEMEX, HOLCIM y SINOCEM– encontrando que ninguna de ellas cumplía con la calidad establecida en la reglamentación técnica. En aras de evitar una situación de desabasto nacional, el MEIC aprobó una resolución que otorga seis meses para que las tres empresas cumplan lo indicado. El 15 de abril de ese año, incluso Sinocem solicitó una medida cautelar contra el MEIC, acción que fue rechazada por los tribunales de justicia.
De nuevo, en esta tercera reunión no hay respuesta favorable.
- Reuniones 4 y 5 / 2 y 4 de noviembre 2015
Las siguientes reuniones se realizaron siete meses después – en noviembre del 2015 – y, en esta ocasión, fueron con el Viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora. Esta cita fue solicitada a don Luis Paulino Mora por el diputado Morales Zapata. En ellas Juan Carlos Bolaños planteó objeciones al proyecto de ley N°19.732 “IMPUESTO DEL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE LA VENTA DE CEMENTO, PRODUCIDO EN EL TERRITORIO NACIONAL O IMPORTADO, PARA EL CONSUMO NACIONAL”, presentado por el diputado Marco Redondo. La gestión de Bolaños ante Casa Presidencial fue infructuosa.
- Reunión 6 / 09 de diciembre 2015
La sexta reunión, primera y única vez en que he tenido contacto con don Juan Carlos Bolaños, fue conmigo, el 09 de diciembre del 2015. Para ese entonces, las restricciones a la importación del cemento ya tenían nueve meses de haberse eliminado. En este primer y último contacto, el señor Bolaños me explicó su trayectoria y diversas actividades empresariales. Debido al resultado infructuoso de sus gestiones en la Casa Presidencial, el señor Bolaños insistió de manera reiterativa ante el director jurídico, Marvin Carvajal, para obtener una audiencia con el Presidente y Carvajal trasladó la solicitud al despacho del Presidente para lo correspondiente. La cita finalmente fue agendada para el 9 de diciembre, con la participación del Ministro de Economía Welmer Ramos. Sin embargo, a última hora el ex ministro Ramos no pudo asistir y el Presidente convocó al señor Mariano Figueres para que lo acompañara. Una vez, no hay respuesta favorable.
- Reunión 7 / 27 de julio del 2016
La última reunión de Juan Carlos Bolaños en la Casa Presidencial fue con don Marvin Carvajal, en julio de 2016, para denunciar que en Aduanas aparentemente estaban evitando de forma irregular que él importara materiales de construcción de China. Se determinó que su queja no era una denuncia, sino una discrepancia de criterio con la Dirección de Aduanas. En consecuencia, se le indicó que la Presidencia no tenía injerencia en ese asunto y no se generó ninguna actuación al respecto desde la Presidencia. En esta sexta reunión y la única que sostuvo conmigo no me hizo ninguna petición y no hubo ningún resultado.
Estas fueron las siete visitas que realizó el señor Juan Carlos Bolaños a la Casa Presidencial.
Como consta, ninguna de las reuniones generó favorecimientos ni cambios en la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo, tampoco produjo ventajas indebidas, ni suponen la existencia de una puerta abierta para el señor Bolaños en la Presidencia de la República.
A este respecto, he de recordarles que la Presidencia de la República es un espacio altamente político, donde lo usual son los encuentros con empresarios, gremios sindicales, académicos, grupos organizados, sectores productivos, comunidades y poblaciones que plantean sus intereses, muchas veces de manera reiterada, en procura de incidir en la acción de gobierno.
En consecuencia, no es cierto, como lo han afirmado diputados de esta comisión, que Juan Carlos Bolaños “tuviera que acudir hasta el Presidente de la República para que los reglamentos cambiaran y así poder desarrollar los negocios que él quería”. Tampoco es cierto que hubiese una secretaria con la indicación de que “cada vez que Juan Carlos Bolaños llame, se le dé una cita”.
Desmiento tales afirmaciones por ser falsas y de muy mala fe.
Las revelaciones puestas en conocimiento público acerca del préstamo otorgado por el Banco de Costa Rica requieren esclarecerse sin dilación. He insistido y lo reitero ahora que en el caso de los créditos del cemento se deben hacer todas las investigaciones necesarias y cuestionar a todas las personas aludidas. El país no puede permitir que las dudas en torno a un crédito bancario dañen la confianza en nuestras instituciones.
Las autoridades del BCR y señor Juan Carlos Bolaños deberán dar ante el estrado que corresponda las explicaciones por cuestionamientos relativos al otorgamiento del crédito y al uso de los recursos girados por el banco, según corresponda. En esta tarea será fundamental el criterio de la SUGEF, respecto de la salud del crédito y del cumplimiento de las reglas establecidas para su otorgamiento.
Mi Gobierno es respetuoso de la autonomía de los bancos y son las juntas directivas de esas entidades las que deben tomar cualquier tipo de decisión acerca de su administración interna y de los nombramientos o remoción de sus mandos gerenciales.
Permítanme aprovechar la ocasión para referirme a las declaraciones que ofrecí el pasado 29 de agosto en Pococí.
Ese día estimé necesario hacer del conocimiento de la ciudadanía lo que desde hacía semanas me venían advirtiendo costarricenses de diferentes sectores y colores políticos: que existe una articulación de acciones orientadas a desacreditar al Gobierno y al Presidente de la República con el tema que nos convoca hoy en esta Casa Presidencial.
Hace un mes ya había advertido que vendría una campaña de desprestigio y que ya circulaban en redes sociales mensajes y videos anónimos con información falsa y tergiversada de este tema.
La confianza que estos costarricenses depositaron en el Presidente de la República me impide exponerlos públicamente, pues ha sido con el mayor de los aprecios al Estado de Derecho y a las mejores prácticas ciudadanas que se acercaron a alertar de estos actos indignos.
He sido consistente en mi convicción de que se investigue lo que se tenga que investigar y, en esa tarea, la prensa y el control político legislativo son fundamentales.
Les agradezco el tiempo que me han otorgado para exponer mi respeto y respaldo a la investigación que ustedes llevan a cabo.
Les agradezco el espacio concedido para explicarles el esfuerzo que hemos hecho para que disminuya el precio del cemento en beneficio de toda la ciudadanía. Como resultado, y a pesar de todas las dificultades, el precio del cemento se ha reducido en alrededor de un 8% hasta abril pasado, de acuerdo con los datos registrados por el MEIC.
Y les agradezco también la oportunidad de explicarles con detalle las razones y resultados de las reuniones del señor Juan Carlos Bolaños en la Casa Presidencial.
Queda claro que en el tema del cemento, el Gobierno de la República ha procurado hacer lo necesario para reducir el precio de ese insumo esencial para la construcción, mediante la ruptura del duopolio vigente desde hace décadas.
Queda claro que el Gobierno derogó normas a la importación de cemento establecidas en el 2005, con el fin de permitir la competencia en este mercado. Y queda claro también que las nuevas normas establecidas en el 2015 han sido definidas en acuerdo con todos los sectores involucrados, y aplicadas en igualdad de condiciones a las tres empresas competidoras.
Queda claro que en el proceso de estímulo de la competencia en este mercado, en 2015 el empresario Juan Carlos Bolaños –quien era proveedor habitual del Estado desde hacía más de 10 años, y quien ya había importado cemento– manifestó interés en comercializar cemento importado de China y competir con el duopolio vigente.
Queda claro que en las gestiones que el señor Bolaños intentó hacer en la Casa Presidencial no hubo favorecimientos ni privilegios de ningún tipo, y que todas sus solicitudes resultaron fallidos.
Para el Gobierno de la República también está claro que han surgido dudas legítimas acerca de la manera como el señor Bolaños obtuvo créditos en el Banco de Costa Rica y la forma en la que esa institución tramitó esos préstamos, que deben ser aclaradas y explicadas.
Por todo lo anterior considero necesario informarles que desde el día 3 de agosto me reuní con el Superintendente de Entidades Financieras, el señor Javier Cascante, quien me confirmó que la SUGEF realiza una investigación profunda sobre los créditos que tiene bajo estudio esta comisión.
Con base en los resultados de esta investigación el Gobierno de la República tomará sin dilación todas las medidas que sean necesarias para asentar las responsabilidades que corresponda.
De nuevo les reitero el agradecimiento por su atención y quedo atento a sus preguntas.
