Después de un detallado y minucioso análisis jurídico, el Gobierno de la República concluyó que no cuenta con la facultad legal para demandar a UBER; sin embargo, tomando en cuenta que debe hacer cumplir lo la ley, y considerando que esta aplicación presta un servicio de transporte ilegal, se tomarán una serie de medidas.
Se intensificarán los operativos de tránsito acatando lo que indica los artículos 38 y 44 de la Ley de Aresep, para perseguir y sancionar a quienes ofrezcan servicios ilegales de transporte público.
Además, se asegurará el estricto cumplimiento de la por parte de Uber o cualquier otra empresa que brinde el mismo servicio en temas tales como cumplimiento de derechos laborales, satisfacción de obligaciones tributarias y con la seguridad social, entre otros.
El Gobierno está preocupado porque se le brinde al usuario un servicio de calidad, por eso se establecerá una mesa de trabajo para, de manera conjunta, proponer y ejecutar acciones para mejorar el servicio de taxi público.
Durante la reunión se explicó que no se puede dejar sin efecto el acuerdo de Junta Directiva del Consejo de Transporte Públicos (CTP) sobre marías audibles, por cuanto la Sala Constitucional ordenó que todas las concesiones cuenten con esos dispositivos. No obstante, el Banco de Costa Rica (BCR) por petición del CTP ha establecido condiciones diferenciadas y favorables para los taxistas a fin de que puedan obtener financiamiento para la compra de taxímetros audibles.
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