Costa Rica cuenta con una nueva política para prevenir y atender la violencia contra las mujeres

  • 22 entidades estatales se comprometen a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.
  • Política tiene una vigencia de 15 años.
  • Focaliza en prevención, nuevas masculinidades y cambios culturales.
  • En lo que llevamos del año la Fuerza Pública se ha movilizado 44.000 ocasiones producto de violencia contra las mujeres.
  • Por día se presentan 132 solicitudes de medidas de protección.
  • 26 de julio 2017, San José – Con una vigencia de 15 años, esta mañana se presentó la nueva Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032. Esta Política es conocida como PLANOVI y sus fines son propiciar un cambio en la cultura machista, promover masculinidades no violentas y que impulsen la igualdad, y -paralelamente- reducir los niveles de impunidad, garantizar mayor protección a las mujeres y prevenir los femicidios.

    La presentación estuvo a cargo de Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU, entidad rectora en materia de violencia. Además, contó con el respaldo del Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata; la Ministra de Educación Pública, Sonia Marta Mora; la Viceministra de Trabajo, Nancy Marín y la Presidenta de la Sala de Casación Penal y Coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, Doris Arias Madrigal.

    “El PLANOVI ha sido construido a partir de un amplio proceso de concertación a nivel interinstitucional e intersectorial desde un enfoque de derechos humanos, en el marco del Sistema Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar. Busca la atención de nuevas formas de violencia que se interrelacionan, y el cambio cultural para que nuestro país instale la no tolerancia a las violencias contra las mujeres», puntualizó la Ministra Mora.

    Esta política atiende principalmente los mandatos establecidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará.

    Qué trae la nueva Política 

    Esta nueva política hizo virajes importantes con respecto a las políticas anteriores, uno de los cambios más significativos es que trabajará con población infantil y adolescente para promover un cambio cultural hacia la no violencia y la igualdad, de ahí la importancia del trabajo interinstitucional que se desarrollará con el Ministerio de Educación Pública (MEP). 

    Además, por primera vez se integrará en una política pública de prevención de violencia contra las mujeres, un eje dirigido a la promoción de masculinidades no violentas e igualitarias y estrategias específicas para enfrentar la violencia mediática y la utilización del cuerpo de las mujeres en la publicidad sexista. 

    El PLANOVI también considera entre sus estrategias, el trabajo más cercano con las comunidades y una mayor integración de la sociedad civil como corresponsables en la prevención, incluyendo la consideración de las necesidades de las mujeres en su diversidad. Así mismo, continuará impulsando acciones para reducir la impunidad a través de mayor seguimiento a la aplicación de leyes y del impuso de nueva legislación. 

    Otro reto de esta nueva Política es disminuir la revictimización que sufren las mujeres en los servicios estatales, mejorar y ampliar su acceso a servicios, así como fortalecer los mecanismos de protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo el riesgo de femicidio.

    También coloca su atención en la violencia sexual, de manera que el PLANOVI entrará en consonancia con la actual tendencia de país de promover una mayor visibilización, denuncia y repudio a la impunidad en materia de violencia sexual, especialmente contra niñas y adolescentes, muchos causantes de embarazos, cubriendo también el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, así como el acoso callejero.

    Otro de sus ejes importantes consiste en el fortalecimiento de acciones más integrales para que las mujeres que viven violencia tengan mayor acceso y puedan permanecer por más tiempo en programas sociales articulados que fomenten su independencia económica, a fin de romper con el círculo perverso que existe entre la pobreza y la violencia contra las mujeres.  

    “Esperamos que esta Política reivindique el pacto social comprometiendo al Estado y sus instituciones, así como a la sociedad civil, en lo que en los próximos 15 años deberá ser la aspiración compartida del país: promover una cultura no machista, romper con los ciclos de transmisión social e intergeneracional de la violencia contra las mujeres y comprometerse con la no impunidad y la debida diligencia del Estado para avanzar en la erradicación de esta violencia. Solo con un trabajo articulado se logrará avanzar en la erradicación de este flagelo”, puntualizó la Ministra de la Condición de la Mujer.

    Dura realidad

    Costa Rica ha sido testigo de formas de violencia contra las mujeres que se muestran cada día más complejas, que se entrelazan con otros escenarios de riesgo como lo son los medios de comunicación, el mundo digital, los espacios laborales y las mismas instituciones. A ello se suma el aumento general de la violencia y cada vez son mayores las evidencias de ensañamiento con los cuerpos de las mujeres cuando son atacadas físicamente y hay una enorme indiferencia social y naturalización de las actitudes y prácticas machistas que presentan como legítima la discriminación y como razonables los prejuicios sexistas contra ellas.

    “Cada vez son más las resistencias sociales y políticas frente al avance de las mujeres y la presencia de grupos conservadores que intentan generar confusión y dudas en la población costarricense, cuestionando la importancia de continuar con acciones afirmativas para el logro de la igualdad y para hacer efectivo el derecho humano de las mujeres de vivir sin violencia. Eliminar la violencia contra las mujeres es y seguirá siendo una condición indispensable para el pleno desarrollo humano de las mujeres y de toda la sociedad, por lo que ésta es la ruta que presentamos al país”, enfatizó la Presidenta Ejecutiva del INAMU.

    Datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial señalan que, por día, se presentan 132 solicitudes de medidas de protección y ocurren 2 femicidios por mes. Para este año, esta cifra mensual ya fue superada y según la Sub-Comisión Interinstitucional para el Registro del Femicidio, al 2 de junio se registraron 16 mujeres víctimas de femicidio, lo que equivale a 3 mujeres por mes. A ello se suma que, a la fecha solo la Fuerza Pública ha conocido 44.000 eventos de violencia contra las mujeres.

    Sistema de Violencia Intrafamiliar

    La creación del nuevo PLANOVI la lideró el INAMU en el marco del Sistema Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar. Este Sistema es una instancia de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el INAMU, los Ministerios, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones relacionadas con la materia.  

    Las 22 instituciones que conforman el Sistema son: Ministerio de Educación Pública; Ministerio de Justicia y Paz; Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Cultura Juventud y Deportes; Ministerio de Seguridad Pública; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos; Ministerio de Planificación y Política Económica; Caja Costarricense de Seguro Social; Instituto Mixto de Ayuda Social; Instituto Nacional de Aprendizaje; Patronato Nacional de la Infancia; Consejo Nacional dela Persona Adulta Mayor; Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial; Consejo de la Persona Joven; Universidad de Costa Rica; Universidad Nacional de Costa Rica; Instituto Tecnológico de Costa Rica; Universidad Estatal a Distancia; Poder Judicial; Defensoría de los Habitantes; Red Nacional de Redes Locales de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.

    El objetivo del Sistema es promover políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los mandatos establecidos por Convenciones ratificadas por el Estado costarricense y la legislación del país, así como brindar a las personas afectadas por violencia contra las mujeres o violencia intrafamiliar, la atención integral que les permita mejorar su situación, así como la recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida.

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